Por Sandra Morales
Hoy es el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada y en México hay 617 personas víctimas de este delito. Así lo documenta el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPDNO) en su página de Internet.
Mientras que históricamente han habido hasta la fecha 786 desapariciones por este delito tanto localizadas como no localizadas, de las cuales 87% de las personas son hombres, 12% mujeres y menos del 1% no fueron identificadas.
Pero ¿qué es la desaparición forzada y qué delitos viola?
De acuerdo con la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas la desaparición forzada es “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.”
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La desaparición forzada viola varios derechos humanos fundamentales como el derecho a la vida, la libertad, la seguridad personal y la protección contra la tortura y el trato inhumano.
De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), una característica fundamental de la desaparición forzada es la negación de información sobre el paradero de la persona desaparecida, lo que causa un sufrimiento adicional a sus familiares y seres queridos, quienes viven en la incertidumbre y la angustia de no saber si la persona está viva, dónde está o qué le ha sucedido. Las y los desaparecidos no son las únicas víctimas de este delito que también atañe a sus familias.
La CNDH también menciona que otra de las características es que las víctimas son detenidas en secreto y mantenidas en lugares desconocidos, a menudo sometidas a tortura, maltrato y condiciones inhumanas. Estas acciones se llevan a cabo con el objetivo de eliminar a personas consideradas como opositores políticos, disidentes, activistas, defensores de derechos humanos u otras personas que el Estado o grupos armados perciben como amenazas.
La desaparición forzada es considerada un crimen de lesa humanidad y está prohibida por el derecho internacional de los derechos humanos, específicamente en el artículo 5to de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2006. A pesar de los tratados internacionales, artículos existentes, así como organizaciones dedicadas a la prevención y lucha contra esta práctica, desaparecer de forma forzada es algo que ocurre constantemente en diversas partes del mundo.
El Día Internacional de las Desapariciones Forzadas se conmemora cada 30 de agosto con el objetivo de sensibilizar al mundo sobre la problemática de las personas desaparecidas debido a acciones forzadas por parte de gobiernos u otras entidades, y para recordar a las víctimas de estas atrocidades y sus familias. Esta fecha fue establecida reconociendo la necesidad de abordar el problema global de las desapariciones forzadas y promover la prevención y la lucha contra esta grave violación de los derechos humanos.
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Los delitos de la desaparición forzada
La ONU establece que cuando se comete el delito de desaparición forzada se cometen diversos delitos, entre los cuales están:
- El derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica.
- El derecho a la libertad y seguridad de la persona.
- El derecho a no ser sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
- El derecho a la vida, en caso de muerte de la persona desaparecida.
- El derecho a una identidad.
- El derecho a un juicio imparcial y a las debidas garantías judiciales.
- El derecho a un recurso efectivo, con reparación e indemnización.
- El derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición.
Es fundamental que la comunidad internacional continúe trabajando en conjunto para eliminar las desapariciones forzadas, garantizar la rendición de cuentas de los responsables y que el Estado brinde apoyo a las víctimas y sus familias en su búsqueda de justicia y verdad.
