Al Seguro Popular le quedan pocos días de vida. A partir de enero se creará, oficialmente, el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), el cual sustituirá al programa creado por el expresidente Vicente Fox y que hasta este año tenía a más de 51 millones de personas afiliadas.
Y aunque faltan menos de 30 días para la transición de Seguro Popular a Insabi, aún quedan dudas de cómo va a impactar a las millones de personas beneficiarias, así como con qué recursos va a hacerlo.
Para empezar, hubo una contradicción entre lo que dijeron el presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Salud, Jorge Alcocer, sobre los recursos para el Instituto.
Mientras que el mandatario aseguró que el sector salud tendría 40 mil millones de pesos adicionales para la creación del Insabi, Alcocer aclaró –días después– que este dinero venía del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, es decir, solo cambió de bolsa y no se trata de inversión extra en salud, como también confirma el Diario Oficial de la Federación (DOF).
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El Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del próximamente extinto Seguro Popular era, originalmente, para atender a pacientes que por su tipo de padecimiento, requieren cuidados de alta especialidad, como los enfermos de hepatitis C, cáncer o trasplantes.
Al Seguro Popular (es decir al nuevo Insabi) se le destinaron 43 mil 228 millones de pesos, de acuerdo con el último dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020. Sin embargo, es menos de lo que obtuvo en 2019, cuando su presupuesto fue de más de 72 mil millones de pesos.
“Todo parece indicar que el Seguro Popular sólo cambiará de nombre y se quedará con menos recursos por lo que podría estar destinado al fracaso”, dijo a Cuestione el doctor Malaquías López Cervantes, exdirector de Planeación y Desarrollo en Salud y, actualmente, investigador de la UNAM.
¿Les alcanzará?
López Obrador dijo que con el naciente Insabi, se podría atender al total de mexicanas y mexicanos que no cuentan con seguridad social (21.4 millones) más los que ya estaban afiliados al Seguro y que habría cobertura “universal”. Sin embargo para alcanzar eso, nuestro país debería gastar el 5% del Producto Interno Bruto (PIB), y hasta hora sólo invierte entre 2.5 y 2.9, según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
Lo que sí se sabe es que –según el nuevo decreto– todas las personas que estén en el territorio mexicano podrán tener acceso a los servicios del Insabi, sean o no mexicanos. Sólo bastará con que tengan su CURP o acta de nacimiento.
Si antes los gobiernos estatales –a través de las secretarías de Salud locales– se encargaban de administrar los recursos destinados a cada beneficiario o beneficiaria del Seguro Popular, ahora lo hará directamente el gobierno federal. Eso sí, siempre y cuando los gobiernos estatales acepten los convenios para que el gobierno federal maneje sus recursos y la operación de sus hospitales.
Esto, porque el gobierno de López Obrador busca acabar con la “corrupción” que existía en el manejo de los recursos estatales. Y es que el último reporte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señala que había casi 900 millones de pesos sin aclarar por parte de los estados que operan el Seguro Popular.
Sin embargo, aunque se busque acabar con la corrupción, el modelo de centralizar los recursos –como ya se hizo en la década de los 70– es una medida regresiva, pues está comprobado que cuando el dinero lo opera el gobierno federal, no llega todo el recurso a su destino o tarda más en llegar, opina López Cervantes.
Otra de las promesas –aún en el aire– es que se incrementen la cobertura para las enfermedades catastróficas, pues hasta ahora el Seguro Popular solo atendía 66 padecimientos, agrupados en cinco categorías y restringidas por edades, como en las enfermedades congénitas o cáncer en menores de 18 años.
Aún se desconocen las reglas de operación, atribuciones, acuerdos y quiénes serán los titulares de dicho Instituto.
La Secretaría de Salud ya prometió que las y los afiliados al Seguro Popular no se verán afectados con la transición al Insabi, esto después de que padres de familia de menores con cáncer se opusieron a la desaparición del Seguro.
