Y afecta al medio ambiente
Desde que llegó la COVID-19 a nuestro país se ha profundizado la crisis económica. Vivimos un momento en el que cualquiera quisiera ahorrarse unos (o muchos) pesos y, por qué no, ganar otros tantos.
Esa posibilidad iba a ser factible, al menos para las personas, comunidades y/o negocios que generaran energía eléctrica con paneles solares y estuvieran conectadas a la red de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Pero ya no será posible o, al menos, no por ahora. La CFE puso un freno que perjudica a consumidores e inversionistas y genera desconfianza en las autoridades. Ahora te explicamos por qué.
La Comisión Reguladora de Energía (CRE) canceló varios acuerdos que la misma CRE (aunque estaba integrada por otras personas) ya había aprobado el año pasado.
Entre los acuerdos cancelados están los que tienen los folios A/002/2019 – que promovía la participación de privados en la generación de energía eléctrica – y A/034/2019 –donde se señala la metodología para la contraprestación colectiva que aplicaría CFE a los generadores de energía con el fin de pactar un convenio particular entre los beneficiarios y el generador–.
Paul Aejandro Sánchez, analista del sector energético, nos explicó que esos acuerdos harían posible dos cosas:
- Que muchas personas (o vecinos) pudieran compartir una inversión para la instalación de paneles solares y después, además de beneficiarse con un bajo costo, vender esa energía a otras personas.
- Que las empresas pudieran vender energía eléctrica, generada en grandes terrenos con paneles solares, a otros usuarios que compartieran la inversión.
¿Por qué los canceló? Porque la Secretaría de Energía (Sener) no estaba de acuerdo con las resoluciones que la CRE acentuó en los acuerdos.
Sener señaló que la CRE estaba excediendo sus atribuciones “al restringir las facultades del control respecto al Servicio Público de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica”, se lee en el oficio de la Sener.
En ese oficio del 29 de abril de 2019, la Sener solicitó a la Secretaría de Gobernación (Segob) cancelar la publicación del acuerdo A/002/2019 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), según una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
En esa solicitud no se pidió la cancelación del A/034/2019 porque este acuerdo era sobre la metodología que se seguiría para implementar el acuerdo de abril. Además, el 034 se emitió hasta noviembre del año pasado.
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¿Se podía pedir su cancelación?
No, si consideramos que la CRE está dotada de autonomía técnica, operativa y de gestión, y cuenta con personalidad jurídica propia, se lee en su portal web. Sin embargo, es una dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada, es decir depende del poder Ejecutivo y al parecer, de lo que el gobierno dicte.
Para Sánchez, el analista del sector energético consultado por Cuestione, “es un área gris. No ha quedado claro (el por qué de la cancelación de los acuerdos) y deberían pronunciarse los afectados, pero no se sabe quienes son”.
“No queda claro si hay responsabilidades. Es una laguna legal: ¿por qué no publicaron algo que se pidió desde el año pasado y por qué se tardaron tanto?, ¿por qué la Sener emitió un oficio al respecto y por qué la CRE acató una instrucción de un agente externo?”, puntualizó Sánchez.
Además, abre un problema para las personas afectadas porque no podrían ampararse ante la ley cuando el acuerdo que los perjudica ni siquiera se publicó en el DOF.
Paul Alejandro declaró que “hizo falta que se respetara el principio de máxima publicidad, quizá debates para ver en vivo la discusión y saber qué fue lo que pasó. Sobre todo porque es algo que no se había visto nunca (que el DOF no publicara algo de lo que ya había recibido la instrucción)”.
¿Cuáles son las consecuencias del veto de la CRE?
“Cerrarle la puerta al futuro. Significa permanecer en los sistemas del pasado al no apostarle al crecimiento de la generación de energía renovable”, declaró Paul Alejandro Sánchez, en entrevista con este medio.
Sánchez agregó que la acción de la CRE también provoca desconfianza en los empresarios y en los consumidores porque un día pueden emitir un acuerdo que nos beneficie (o perjudique) y al otro día quitarlo.
La otra es que se fortalece el monopolio de la CFE. “La Comisión no quiere consumidores informados. No quiere que le quiten gente que le paga día a día porque menos clientes es menos generación de energía. Y si disminuye la cantidad de trabajo, también sus ingresos”.
Por otra parte, la cancelación de esos acuerdos “retrasan las medidas de transición energética para reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Es quedarnos de brazos cruzados ante el cambio climático”, aseveró Anaid Velasco, gerente de investigación de la organización Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), en entrevista con Cuestione.
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¿Quiénes son los afectados con el veto de la CRE?
El primer afectado es el consumidor porque pierde la posibilidad de acceder a un costo más bajo por el consumo de energía eléctrica, mencionó Sánchez.
Las empresas, pequeños inversionistas y comercios también pierden la misma oportunidad, además de no poder generar ingresos adicionales con la venta de ese servicio.
Un ejemplo son los ejidatarios que tenían terrenos disponibles para ese negocio, iba a ser otra manera de incrementar (o generar) sus ingresos y ya no lo van poder hacer. Además, trunca las posibilidades de crecimiento para desarrollar industrias renovables, señaló el analista del sector energético.
Entonces, quienes ya hayan invertido en la generación de energía con paneles solares para venderla a otras personas, ya no podrán ver recuperada su inversión con ese negocio.
Por su parte, Anaid Velasco apuntó que el que se siga generando energía a través de fuentes fósiles nos afecta a todos porque provoca desastres naturales, fenómenos hidrometeorológicos extremos que han ocasionado la muerte de personas y desplazamientos internos.
Y es que los desastres naturales ocasionaron 20 mil nuevos desplazamientos internos en México en el 2018, frente a 11 mil que se desplazaron ese año por conflicto y violencia, de acuerdo al Consejo Noruego para Refugiados.
Aunado a la contaminación que emiten las fuentes fósiles; como las partículas PM2.5, las cuales provocan la muerte de más de 14 mil personas al año, de acuerdo con un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública, recordó Velasco.
Al parecer las acciones contra el cambio climático seguirán fuera de las prioridades de esta administración gubernamental. Mientras tanto no sólo se afectan intereses de los particulares, también la economía y la salud de las y los mexicanos.
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