El presidente Andrés Manuel López Obrador sigue su campaña en contra del Poder Judicial. Recientemente, promovió un juicio político contra un juez en Tamaulipas, destacando la necesidad de “erradicar las prácticas irregulares que socavan la confianza en el sistema judicial del país”.
La tensión constante entre el Poder Judicial y Ejecutivo, así como estas acciones, han generado controversia. Sin embargo, especialistas señalan que el gobierno de López Obrador parece permitir otro tipo de corrupciones cuando se trata de sus allegados, como es el caso del fiscal general Alejandro Gertz Manero.
La Dra. María González, experta en derecho penal, ética judicial y académica de la UNAM, afirmó en una entrevista con Cuestione que existe una notable ausencia de acción respecto a muchos otros casos que merecen igual atención.
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Juicio Político contra el Juez de Tamaulipas
López Obrador tuvo la iniciativa de promover un juicio político contra el juez de Tamaulipas, Cresencio Contreras, quien es acusado por presuntas irregularidades que han favorecido a grupos criminales, especialmente vinculados con el secuestro de migrantes en la región.
Estas acusaciones han surgido a raíz de determinaciones judiciales que, según el gobierno, no estuvieron apegadas a los principios constitucionales y legales, y que han generado preocupaciones sobre la seguridad pública y el Estado de derecho en México. En particular, la liberación de personas pertenecientes a grupos criminales presuntamente vinculados con el secuestro de migrantes, así como otras acciones relacionadas con la delincuencia organizada, como el tráfico de drogas y la posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.
La Secretaría de Gobernación, a través de la titular Luisa María Alcalde, respaldaron esta iniciativa, señalando que las acciones del juez Contreras han fomentado la impunidad y negado el derecho a la justicia al pueblo de México.
La Dra. María González, experta en derecho penal, ética judicial y académica de la UNAM, nos dijo que si bien se aplaude la iniciativa de promover juicios políticos contra funcionarios que incurren en errores en su labor o se ven envueltos en escándalos de corrupción, no llevar a cabo dichas acciones contra aquellos cercanos al poder, tanto dentro como fuera del ámbito judicial, también constituye un acto de corrupción.
Para la especialista, el espacio que se le dio al anuncio y el tiempo en la mañanera parece un “circo” cuando han habido otros casos ignorados que no se alinean al discurso del presidente contra el Poder Judicial.
“Si bien es alentador ver que se promueve un juicio político contra el juez Contreras por presuntas irregularidades, es crucial reconocer que esta acción no puede ser vista en aislamiento. El gobierno debe abordar de manera integral todas las formas de corrupción, independientemente de la afiliación política de los implicados” nos dijo.
“Ignorar otros casos de corrupción, especialmente aquellos que involucran a personas nombradas por el propio gobierno, socava la credibilidad de la lucha anticorrupción y plantea serias interrogantes sobre la coherencia y la imparcialidad en la aplicación de la ley”, afirma la Dra. María González.
Caso de Gertz Manero
Un caso emblemático es el caso del fiscal general Alejandro Gertz Manero, quien no ha enfrentado consecuencias legales a pesar de las acusaciones de la familia de Laura Morán, pareja sentimental del hermano de Manero. Alonso Castillo Cuevas, hijo de Alejandra Cuevas y nieto de Laura Morán, ha expuesto públicamente una serie de presuntos abusos de poder y manipulación por parte del fiscal.
Castillo Cuevas señaló a Gertz Manero por haber utilizado la Fiscalía General de la República para perseguir a personas inocentes, fabricando delitos y utilizando la institución como una herramienta para sus propios intereses. “Todos vimos cómo ese caso se desenvolvió y el presidente seguía respaldando a su fiscal” añadió María González. “Es el ejemplo perfecto de cómo el gobierno cuando le conviene, omite promover juicios políticos contra implicados en conductas irregulares”.
Según la especialista, esta es una forma de corrupción dentro del sistema judicial promovida desde el Gobierno Federal. Cuando se elude la responsabilidad de investigar y sancionar a aquellos que abusan de su autoridad y cometen actos ilícitos, se perpetúa un ambiente de impunidad que debilita la integridad del sistema legal.
Otros ejemplos de impunidad
Otro ejemplo mencionado por la especialista es el de Alejando Esquer Verdugo, secretario particular del presidente López Obrador, que aunque no formó parte del Poder Judicial, existía la presión de que se investigaran sus actos corruptos; sin embargo, por su cercanía con la familia López Obrador, fueron ignorados.
Jaime Cárdenas, asumió la dirección del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep) el 2 de junio de 2020. Apenas cuatro meses en el cargo renunció porque se sintió presionado para conseguir, “por cualquier medio”, recursos para que se llevara a cabo lo que se denominó “sorteo del avión presidencial”, maniobras que iniciaron cuatro meses antes de su llegada.
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A su salida, reveló públicamente que Alejandro Esquer Verdugo, secretario particular del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue la figura central en los actos de corrupción dentro del instituto. Cárdenas señaló que Esquer Verdugo permitió la corrupción al solapar actividades ilícitas y negocios irregulares de otros miembros del Indep.
Apenas en agosto de 2019, la hija de Esquer Verdugo, Carmelita, fue nombrada directora de Pemex Procurement International sin experiencia previa en el campo. Este nombramiento fue hecho por Octavio Romero Oropeza, cercano a López Obrador y director de Pemex.
Según el periodista Raymundo Riva Palacio, Esquer Verdugo y Ernesto Prieto, sucesor de Cárdenas en el Indep, visitaron un almacén en Toluca, llevándose objetos subastados sin realizar los registros requeridos por ley, argumentando necesidad para la pandemia.
“La parcialidad en el sistema judicial es una faceta sutil pero igualmente peligrosa de la corrupción. Los favoritismos pueden conducir a resultados injustos y erosionar la legitimidad de las instituciones judiciales. Es fundamental abordar esta forma de corrupción para garantizar la equidad y la imparcialidad en el sistema legal.” concluyó la Dra. González.
