Ante la fallida estrategia de “abrazos, no balazos” contra la delincuencia -la cual es “más bélica” que las de sexenios anteriores-, el gobierno debe erradicar los negocios del crimen organizado, es decir, detectar a dónde va el dinero y quiénes desde Estados Unidos venden armas a los cárteles de la droga, advirtió Lucía Chávez, directora de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
“Tenemos varios tipos de violencia: no es lo mismo los asaltos en el Metro que lo que pasa en Tamaulipas o Guanajuato, (pero) se están combatiendo de la misma forma, es decir, con militares en la calle que hacen tareas que no les corresponden”, nos explicó la activista humanitaria.
La opinión de la experta se da en el contexto de varios días de recrudecimiento de la violencia de los cárteles en algunos estados del país, lo cual pareciera un desafío al Estado por parte del crimen organizado.
Oleada de hechos violentos
Desde finales de junio de 2023 se desataron uno tras otro varios hechos violentos que dejaron prácticamente al descubierto un estado de guerra en el país.
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El 27 de junio de 2023, 16 policías estatales de Chiapas fueron secuestrados por hombres armados que viajaban en camionetas, y quienes posteriormente exigieron que para la liberación de los agentes fueran cesados tres mandos de la Secretaría de Seguridad estatal y se dejara en libertad a la cantante local Neyeli Cinco, plagiada días antes por un grupo rival.
Un día después, el 28 de junio de 2023, un coche-bomba estalló en Celaya, Guanajuato, con saldo de un elemento de la Guardia Nacional muerto y tres más heridos. En esa misma fecha fue secuestrado Jesús González Ríos, dirigente del Partido Verde en Copala, Guerrero, y su cadáver fue localizado al día siguiente. El líder ecologista ya había denunciado amenazas de muerte de un grupo armado desde mayo de 2023.
Luego, el 29 de junio de 2023, Hipólito Mora, ex líder de autodefensas en Michoacán, fue asesinado en un ataque armado en La Ruana, que duró alrededor de 30 minutos sin que ninguna autoridad acudiera a su auxilio, según los reportes periodísticos.
Y lejos de calmarse, a inicios de julio de 2023 la violencia se recrudeció y hubo al menos otros dos desafíos hacia las autoridades. Por ejemplo, entre la noche del viernes 30 de junio y la madrugada de este 1 de julio, un grupo armado secuestró a tres policías municipales de Cajeme, en Sonora.
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La “cereza del pastel” sería el atentado a balazos, la madrugada del 3 de julio de 2023, contra el convoy en el que viajaba el secretario general de Gobierno de Tamaulipas, Héctor Villegas, quien resultó ileso al igual que sus escoltas.
¿Cuál es la mejor estrategia?
Y si la militarización implementada con Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, al igual que los “abrazos, no balazos” del actual sexenio no han funcionado para detener al crimen organizado, ¿cuál sería la solución?
Lucía Chávez, directora de la CMDPDH, nos respondió que deben superarse estas estrategias de guerra contra las drogas y militarización para lograr “romper con esta lógica que lo único que ha hecho es generar miles de víctimas en el país. La estrategia de seguridad sigue siendo la misma, y me atrevería a decir que la actual es aún más bélica que la de sexenios pasados”.
La también abogada especialista en derecho internacional consideró que lo primero que debe hacer el gobierno es hacer un análisis real de las violencias que afectan al país, como por ejemplo, atender el tema de las drogas desde una visión de salud pública y no con un enfoque bélico.
“A nadie le sirve que una persona que lleva tres kilos de marihuana esté en la cárcel, pero sí le sirve a alguien que el caso de una persona desaparecida por el crimen organizado o la delincuencia común sea investigado con todos los mecanismos de inteligencia que tiene el Estado mexicano”, concluyó la defensora de derechos humanos.
¿Se rectificará la estrategia?
