Chiapas vive un auge de la violencia de grupos armados -tanto de cárteles del crimen organizado, como de herederos del paramilitarismo de los años 90-, que ha dejado en años recientes a miles de personas desplazadas de sus comunidades en varias regiones del estado.
Según el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Centro Frayba), entre 2010 y octubre de 2022, al menos 16,755 personas han sido víctimas de desplazamiento forzado en el estado. Tan solo de 2021 a la fecha, en la zona fronteriza con Guatemala hay al menos 2,000 personas (400 familias) que abandonaron sus comunidades debido a la violencia de grupos criminales que se disputan el control territorial, señaló la organización humanitaria.
Y es que en días recientes ha retumbado a nivel nacional una serie de hechos violentos que ponen otra vez a Chiapas como un foco rojo de inestabilidad social en el país, como no se veía desde el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en 1994, y los años que le siguieron.
Por un lado, en la zona fronteriza con Guatemala, el Comité de Derechos Humanos Digna Ochoa reportó a fines de mayo de 2023 que al menos 3,000 personas de 12 comunidades de los municipios de Frontera Comalapa y Chicomuselo dejaron sus casas al huir de la violencia y el reclutamiento forzado, por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, que pelean por el control de la región.
Te puede interesar: Autodefensas: una salida falsa para combatir la criminalidad
Y por otra parte, el EZLN denunció que el 22 de mayo de 2023 hubo un “ataque paramilitar” de integrantes de la Organización de Cafeticultores de Ocosingo contra la comunidad Moisés Gandhi, en el municipio autónomo Lucio Cabañas, donde la guerrilla ha trabajado de manera pacífica con la población civil desde hace décadas.
“Chiapas está al filo de la guerra civil con paramilitares y sicarios de los diversos cárteles que se disputan la plaza y grupos de autodefensas, con la complicidad activa o pasiva de los gobiernos de (el gobernador) Rutilio Escandón Cadenas y (el presidente) Andrés Manuel López Obrador”, expresó el EZLN en un comunicado.
¿Qué es el paramilitarismo y cuáles son sus fines?
De acuerdo con un documento del Centro Frayba, los grupos paramilitares son “organizaciones ilegales de personas que utilizan la violencia y el terror para debilitar la oposición armada y civil, y lo hacen apoyadas por agentes del Estado”. Estos grupos forman parte de una “estrategia contrainsurgente” para enfrentar a una guerrilla, abundó la organización.
En el caso particular de Chiapas, el Centro Frayba señala en un informe publicado en marzo de 2023, que a partir de 1995 el Estado diseñó un plan contrainsurgente basado en la Doctrina de Seguridad Nacional norteamericana para formar grupos paramilitares que ocasionaron terror a través del uso de armas exclusivas del Ejército, “lo que ocasionó graves violaciones a derechos humanos, como masivos desplazamientos forzados, desapariciones o ejecuciones extrajudiciales”.
La dirección de los grupos paramilitares -precisa el Centro Frayba en su documento- fue encomendada a poderes caciquiles locales asociados al PRI, para confrontar al zapatismo y organizaciones simpatizantes, aliadas o neutrales.
Más información: Militarización empeora situación de derechos humanos en el gobierno de López Obrador
“Posterior a la masacre de Acteal, el 22 de diciembre de 1997, los grupos paramilitares fueron desmovilizados (aunque no desarticulados ni desarmados), en buena medida por las acciones de demanda de la sociedad civil que visibilizó la responsabilidad estatal en la violencia que imperaba en la región”, explica la organización humanitaria.
Sin embargo, el Centro Frayba advierte que en la actualidad en Chiapas operan “sucesores del paramilitarismo”, cuyos integrantes o líderes formaron parte de los grupos paramilitares de los años 90, o bien, “son sucesores de dinastías políticas”.
Además de los paramilitares -agrega la organización civil-, en el estado actúan contra el EZLN, sus bases de apoyo y la población en general, grupos corporativistas y células criminales que pertenecen a la delincuencia organizada, entre otros actores que recurren a la violencia armada para cometer ilícitos, despojar territorios y controlar comunidades.
La experiencia colombiana y su similitud con México
Sobre algunas semejanzas y diferencias entre el paramilitarismo en México y Colombia, la periodista y politóloga colombiana Olga Behar nos contó que en la nación sudamericana estos grupos fueron creados, sobre todo en zonas rurales, por terratenientes y representantes de partidos políticos tradicionales, tras la expansión de las guerrillas. “Su argumento fue acusar a las Fuerzas Armadas y a la Policía de no cumplir con su deber”, apuntó la investigadora.
“En Colombia, el surgimiento de los grupos paramilitares se dio al terminar la primera mitad de la década de los 80, cuando había también un desarrollo importante del narcotráfico, fundamentalmente del Cártel de Medellín, y al mismo tiempo estaba la confrontación con la guerrilla. Se dio una disputa por las tierras más productivas y hubo una combinación de todos estos sectores, por lo que empezaron a formarse ejércitos paramilitares”, explicó la también experta en temas sobre el conflicto armado y los procesos de paz en su país.
También puedes leer: Guardia Nacional no logra consolidarse como institución eficaz contra el crimen
Al igual que en México, nos dijo Behar, las fuerzas militares y de la Policía estuvieron relacionadas con esos grupos al margen de la ley, con la intención de “perpetuar el poder” de los sectores dominantes de la sociedad. “Hubo una connivencia con el gobierno y las Fuerzas Armadas tan evidente, que por ejemplo en 1987 trajeron a instructores de Israel, Australia y Gran Bretaña para preparar a los futuros soldados y sicarios de las fuerzas paramilitares”.
Finalmente, Behar -quien vivió exiliada en México entre 1986 y 1990- nos relató que en Colombia, a principios del siglo XXI, hubo (también como en nuestro país) un proceso de desmovilización de los grupos paramilitares: “se trató de un acuerdo de desarticulación de las Autodefensas Unidas de Colombia, que eran como el gran cártel de ejércitos paramilitares que azotaron a comunidades a lo largo y ancho de toda la nación”.
Sin embargo, aclaró la experta, la firma de esos acuerdos no significó que los paramilitares quedaran completamente desarticulados, pues empezaron a reciclarse, y “lo que vemos hoy en Colombia son grupos al margen de la ley que se les llama ‘nuevo paramilitarismo’, y que está conformado de nuevo por alianzas para el dominio de las tierras productivas, pero ahora mezclado con nuevos actores de violencia como el narcotráfico y otras bandas criminales”.
“Hoy en día es una amalgama que además no tiene cabezas visibles o una estructura nacional como en los años 90, en la que había un jefe (Carlos Castaño) y había un grupo que lideraba, así como comandantes de bloques en las diferentes regiones del país. Ahora hay muy variadas formas de paramilitarismo que subsisten”, concluyó la especialista.
