Según la tercera entrega de la Cuenta Pública 2020 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), los estados y la Ciudad de México provocaron daños al erario público por más de 30,000 millones de pesos. Pero el 87% de estos gastos con irregularidades se encuentran en 10 entidades, siete de las cuales cambiaron de gobierno.
En 2021,15 estados eligieron nuevo titular de la gubernatura justo antes de que saliera la cuenta pública para 2020. De los que cambiaron de gobierno, siete entidades están dentro de las 10 con más irregularidades en sus gastos de 2020 según la ASF.
Las irregularidades de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Nayarita y Tlaxcala, estados que tuvieron elecciones en junio de 2021, alcanzan los 13,785 millones de pesos.
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Cambio de gobierno
Las principales observaciones de la ASF son en rubros como duplicidad en compras, pagos excesivos a trabajadores, obras con sobreprecios y erogaciones sin entregar comprobantes.
El partido cuyos gobiernos salientes tienen más observaciones de la Auditoría es el PAN pues sus tres ex gobernadores dejaron presuntas irregularidades por casi 7 millones de pesos. El partido que menos irregularidades tiene fue Morena con un millón de pesos tan solo en un estado.
Gobiernos de la Alianza por México
En el norte del país dos de los estados que tuvieron más observaciones fueron los gobiernos panistas de Baja California Sur y Chihuahua.
En Baja California Sur las irregularidades en el gasto ascendieron a los 2,204 millones de pesos. Entre algunas de sus observaciones e inconsistencias se encuentra una por 39,000,000 de pesos, ya que el gobierno panista Carlos Mendoza Davis en 2020 “no proporcionó los documentos de pagos en servicios personales superiores a los permitidos por la normativa legal.
Por su parte en Chihuahua se detectaron probables daños a la Hacienda por más de 1,897 millones de pesos. En este estado, donde gobernaba el panista Javier Corral, destaca una observación de 1,967,000 pesos del presupuesto del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa (Fone), que se utilizó para realizar 108 pagos a 13 trabajadores que no realizaron funciones de educación básica, cuando la ley establece que esos recursos deben ser usados sólo en materia de educación básica.
En el caso del gobierno perredista de Michoacán, a cargo de Silvano Aureoles, el probable daño a la hacienda pública en 2020 fue por 2,496 millones de pesos. En este estado, las autoridades acreditaron gastos “desconocidos” por más de 340 millones. Según el reporte de la ASF “entregaron documentos que no corresponden con los recursos que fueron pagados.”
Por último, el exgobernador priista de Guerrero, Héctor Astudillo, también tuvo irregularidades en los gastos por 2,516 millones de pesos.
Una de las inconsistencias en la entidad fue por más de 55,500,000 de pesos que no se pudieron comprobar de gastos realizados por el Congreso del estado por concepto de “Apoyo para Atención Ciudadana”, pues según la entrega de la Auditoría sólo presentaron facturas y reportes de las actividades legislativas sin dar evidencia fotográfica de los bienes otorgados ni evidencia documental.
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Gobierno morenista
Mientras tanto, Baja California, donde gobernó Jaime Bonilla de Morena, tiene posibles daños a la Hacienda por 1,003 millones de pesos. De estos, según las auditorías, 1,410,000 pesos fueron por los pagos en exceso a 12 trabajadores, 1,728,000 pesos por el sobreprecio en las obras realizadas en la entidad y más de 57 millones por no proporcionar la documentación que comprobara los gastos que se hicieron en el estado.
Los estados siguen cayendo en malas prácticas causando daños al erario público. Tan solo en esta entrega de la Cuenta Pública de 2020, la ASF detectó duplicidad en compras, pagos excesivos a trabajadores, obras con sobreprecios y erogaciones sin entregar comprobantes. ¿Quién va a sancionar a estos gobiernos? Los 13,785 millones de pesos responsabilidad de los siete ex gobernadores no se desvanecieron en el aire.
