“La siguiente, el colmo de las fake news, no es falso, pero no es verdadero, de cómo inventar un índice y darle difusión hasta que se crea que es verdad (…). Hace dos semanas la organización World Justice Project, Proyecto Justicia para el Mundo, publicó su Índice de Estado de Derecho en México 2020-2021, según el cual nuestro país aparece entre los cinco países más corruptos del mundo, detrás de Uganda, Camerún, Camboya y el Congo. El informe coloca a México en el lugar 135 de 139 países evaluados. En América Latina y el Caribe, México aparece en el último lugar”.
La sección de Quién es quién en las mentiras de los medios de comunicación de la conferencia matutina de la Presidencia de la República sigue dando de qué hablar y no por las mejores razones.
El miércoles pasado, Elizabeth Garcia Vilchis, la encargada de supuestamente desmentir noticias falsas, empujó las fronteras de la lógica al hablar del Índice de Estado de derecho del World Justice Project (WJP).
Y es que, al presentar el tema, la funcionaria dijo que esta vez se trataba del colmo de las fake news, algo que “no es falso, pero no es verdadero, de cómo inventar un índice y darle difusión hasta que se crea que es verdad”.
Sin embargo y como ya es costumbre, en lugar de presentar pruebas y argumentos contra el Índice de Estado de derecho, la funcionaria encargada de desmentir noticias falsas arremetió contra las personas que supuestamente elaboraron el estudio y usó una serie de datos falsos o engañosos.
La primera mentira que dice Garcia Vilchis es que el Índice de Estado de Derecho se empezó a realizar para México hace tres años y que eso coincidió “casualmente” con la llegada de López Obrador a la presidencia de la República. Lo anterior es falso.
La funcionaria se confundió con otro ejercicio que sí se elabora desde hace tres años: el Índice de Estado de derecho en México, que replica el ejercicio que el WJP hace a nivel internacional para los 32 estados de la república. El Índice de Estado de derecho que también es del WJP se hace desde 2009, después de que el estudio experimental se probó en 2008.
La segunda mentira que dice García Vilchis es que México aparece en el lugar 135 de 139. En realidad, aunque a nuestro país no le va nada bien, no está entre los últimos lugares. México ocupa el sitio 113 de 139 países evaluados. Tampoco es el peor de América Latina y el Caribe como dice la funcionaria, pero ahí sí está entre los peores al ubicarse en el número 27 de 32 países analizados en la región.
Después, García Vilchis parece volver a confundir el estudio nacional con el internacional, pues dice que el índice “es el resultado de la consulta a un pequeño grupo de analistas, empresarios, organizaciones patronales, académicos, organizaciones no gubernamentales que en casi todos tienen animadversión hacia el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador”. Y cita entre ellas a especialistas en el tema como Edna Jaime, directora de México Evalúa o Ana Laura Magaloni, académica del CIDE.
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En realidad, ninguna de las personas citadas por la funcionaria contestaron el cuestionario que hace el WJP para el estudio internacional. Lo que sí hicieron Edna Jaime y Ana Laura Magaloni fue colaborar en el estudio nacional que compara a los 32 estados de la república mexicana junto con otras 2,300 personas especialistas.
En todo caso, ambos estudios -el nacional y el internacional- buscan no quedarse solo con la opinión de las y los especialistas. En el caso del estudio internacional que es el que se criticó en la conferencia mañanera, se contrasta con una encuesta de opinión realizada a una muestra de 1,000 personas.
Como cualquier ejercicio de medición, el Índice de Estado de derecho puede tener errores metodológicos. Incluso el mismo reporte para 2021 admite esta posibilidad y advierte que para tener un panorama completo de la situación del Estado de derecho en un país se tiene que complementar con otros instrumentos de medición.
Sin embargo, no parece tener ningún beneficio atacar a las personas que lo hicieron excepto el de desviar la atención de lo que es realmente importante: el claro déficit en el funcionamiento del Estado de derecho en México que puede constatarse en las altísimas cifras de impunidad y falta de acceso a la justicia de nuestro país.
El espacio Quién es quién en las mentiras de los medios de comunicación podría ser aprovechado para informar a las y los mexicanos sobre qué se está haciendo para mejorar las capacidades del sistema de justicia, empezando por la parte que le toca al gobierno federal.
Por todo lo anterior, lo que dijo Elizabeth García Vilchis es falso.
