Para saber desde cuánto gastaron en alumbrado en tu colonia hasta conseguir tu expediente clínico de los hospitales públicos, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ha sido una herramienta crucial desde que fue creado en 2002.
Su existencia no fue un logro de los políticos, sino de la sociedad civil que impulsó la creación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con la cual nació este organismo autónomo. Pero ahora está en riesgo, ya que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo considera una “tapadera” y “alcahueta” de casos de corrupción, y está considerando que sea absorbido por la Secretaría de la Función Pública (SFP), aunque esto solo puede volverse realidad si el Congreso lo aprueba.
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Pero durante los dos primeros años del gobierno de López Obrador, los reclamos por la falta de respuestas han ido en aumento. Mientras que en 2018 el porcentaje de quejas por inconformidad con las respuestas de transparencia fue de 4.3%, en 2020 aumentó a 6.7%, de acuerdo con los datos del INAI.
Presidencia, “incompetente” para sostener dichos del presidente
Y si solo nos enfocamos en las quejas que se presentaron contra la Oficina de Presidencia, éstas aumentaron 817% respecto del año pasado, de acuerdo con las estadísticas del INAI.
En 2019, la Oficina de la Presidencia alcanzó su número más alto en quejas en los últimos cinco años, con el récord de 526 recursos de revisión ante las 3,687 solicitudes, de acuerdo con el Instituto. Y en 2020 se declaró “incompetente” para responder solicitudes de información en 389 ocasiones.
“Esto destaca si observamos que, entre 2015 y 2019, nunca se había utilizado este mecanismo para negar información por parte de Presidencia”, de acuerdo con un comunicado que presentaron decenas de organizaciones civiles, entre ellas Artículo 19 y Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
Un ejemplo de cuando la Oficina de la Presidencia se declaró incompetente para responder a una solicitud de información fue cuando se le preguntó en qué se había basado el presidente para asegurar que el 90% de las llamadas de mujeres al 911 por violencia familiar son falsas, como dijo en mayo.
Otro más: cuando en julio de este año, alguien le preguntó sobre los dichos del presidente en una conferencia de marzo de 2020, donde aseguraba que el país tenía fondos extras de 400,000 millones de pesos gracias al ahorro por la corrupción que ha evitado su gobierno. En ambas ocasiones, se negaron a dar respuesta.
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Desaparecer el INAI, grave retroceso
El INAI ha sido blanco de críticas por parte del presidente López Obrador por, dice, alentar la corrupción y por ser un organismo “muy caro” (este año tiene un presupuesto de poco más de 905 millones de pesos), que contrastan con los más de 36,000 millones de pesos que asignaron este año al Tren Maya.
Antes de su creación, en 2002, no se podía exigir tener acceso a información pública. “Las personas servidoras públicas pensaban que la información era de su propiedad, incluso llevaban los archivos y documentos a sus casas”, nos cuenta Alejandro Torres, ex consejero del Instituto de Información Pública del entonces Distrito Federal y actual consultor en transparencia y protección de datos.
“Si pedías información en la ventanilla de atención ciudadana, te la negaban o simplemente te daban la información que ellos querían”, nos cuenta Torres. Pero a partir de 2002 eso cambió con la creación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con la cual nació este organismo.
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“La principal tarea del INAI es revisar si el gobierno cumple con la ley al entregar o negar información al ciudadano. Si el gobierno no tiene la razón, el INAI instruye la publicación de la información. Es una especie de corte de apelaciones que revisa si el gobierno está cumpliendo con la entrega de información como lo marca la Constitución”, nos explica Eduardo Bohórquez, director de la organización Transparencia Mexicana.
Por eso es que eliminar este organismo sería un atentado contra la transparencia y el derecho de acceso a la información, herramientas clave para que la sociedad pueda tener acceso a toda la información generada por el Estado, según se lee en el comunicado de las organizaciones civiles contra la desaparición del INAI.
Si el INAI desaparece como órgano autónomo, como propuso el presidente, sus tareas las asumiría la SFP, a cargo de Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.
El problema es que la SFP forma parte del Poder Ejecutivo y depende del presidente, “lo que podría dificultar revisar la conducta de sus pares y dependencias con mayor jerarquía con la independencia necesaria, si bien podría ser una oficina que concentre las solicitudes al gobierno y las responda, no podría ser un órgano que vigile que esto se cumpla”, nos dice Eduardo Bohórquez, director de la organización Transparencia Mexicana.
Además, la SFP no puede ser juez y parte si no es un organismo autónomo, pues depende de otros poderes que tienen más peso que esta dependencia, nos dice Alejandro Torres.
El INAI ya advirtió que esta propuesta de López Obrador es una amenaza para la transparencia, la cual garantiza que haya rendición de cuentas por parte del gobierno y que todos tengamos un derecho básico: el acceso a la información.
