Denunció banco de arena ilegal
Las amenazas en contra de José Luis se prolongaron por ocho años. De ahí pasaron a las agresiones a su casa, a su auto. Hasta que finalmente, se materializaron en cinco balas que terminaron con su vida, el pasado 10 de junio, en Tabasco.
Pese a las amenazas que recibió durante todo este tiempo, José Luis Álvarez Flores no dejó de denunciar los bancos ilegales de arena del río Usumacinta –la cual se usa en la industria de la construcción– ante diversas dependencias: Procuraduría Federal de Protección del Medio Ambiente (Profepa), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
En esta denuncia, presentada casi tres meses antes de su homicidio, Álvarez Flores indicó la ubicación exacta del banco ilegal de arena, fotografías de la extracción y nombres de los responsables, quienes se encuentran agremiados a un grupo conocido como Sindicato de Paleros.
Foto: Cortesía
“Nunca le hicieron caso cuando estuvo con vida, (espero) que al menos ahora, con su muerte hagan algo, para que no sea en vano”, nos dijo a Cuestione Carlos, un colaborador cercano del biólogo asesinado.
“La extracción no sustentable de arena cambia todo el ecosistema, provoca la muerte de manatíes y ahuyenta al perro de agua, porque hacen unos grandes huecos y no pueden entrar a su madriguera. Afecta mucho a las especies”, agrega.
Álvarez Flores era fundador y responsable de la UMA Saraguatos (una Unidad de Manejo Ambiental de más de 300 hectáreas, destinada a la protección de casi 400 monos, venados, iguanas y varias especies más). “En la última ola de calor, sino hubiera sido por la UMA, la mayoría de los monos se hubieran muerto de deshidratación”, dice Carlos.
En este vídeo, grabado hace apenas cuatro meses, el mismo biólogo José Luis presenta a la UMA:
México, un país peligroso para quienes defienden a la tierra y la ecología
El homicidio de José Luis Álvarez se convierte en el quinto en lo que va del sexenio y, de seguir así, se podría romper la cifra alcanzada en 2018 de 16 ecologistas asesinados, de acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).
En total, entre 2010 y 2018, el CEMDA contabiliza 440 agresiones contra personas defensoras del medio ambiente. Entre las agresiones, la principal es el homicidio; le siguen criminalización, amenazas y agresiones físicas.
Fuente: CEMDA
En cuanto a los estados más letales para los ambientalistas están Puebla, Oaxaca y Chihuahua, Guerrero y el Estado de México.
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Los ecologistas asesinados durante el sexenio
Además del asesinato de José Luis Álvarez, hay otros activistas que han dado la vida luchando por sus ideas:
Samir Flores, 30 años. Homicidio: febrero 20 de 2019
Miembro del Congreso Nacional Indígena y de la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos, fue fundador de la estación comunitaria Radio Amiltzinko. Férreo opositor a la termoeléctrica en Huexca, Morelos. Fue asesinado de dos disparos en la cabeza en la puerta de su casa.
Gustavo Cruz Mendoza. Homicidio: enero 20 de 2019.
Fue miembro del Consejo Indígena de los Pueblos de Oaxaca Ricardo Flores Magón (Cipo-RFM) y trabajaba en defensa de la tierra en la zona de La Chinanteca, en la región de la Cuenca del Papaloapan, Oaxaca. Fue asesinado tras participar en una asamblea en favor de la tierra, en su domicilio.
Bernardino García Hernández. Homicidio: enero 21 de 2019.
Era defensor de la tierra y el territorio, miembro del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi). Fue asesinado a causa de disputas de territoriales con la comunidad de San Sebastián Nopalera, Oaxaca.
Quintín Salgado, 37 años. Homicidio: enero 24 de 2019.
Era un obrero de la minera Media Luna, en Guerrero. Pero se unió a la petición de la comunidad de Nuevo Balsas, que exigía un estudio de impacto ambiental para conocer los niveles de contaminación de la mina. Por su activismo en el movimiento fue despedido. Fue asesinado a balazos.
En respuesta a esta violencia, México suscribió el Acuerdo de Escazú de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con el que se comprometió a establecer políticas públicas para la protección adecuada de las personas defensoras ambientales y la prevención de las agresiones. Sin embargo, no lo ha ratificado, mientras que la mayoría de los crímenes siguen impunes.
