El diario La Jornada lleva tres años y medio siendo el medio consentido del gobierno federal.
Los recursos que ha obtenido este periódico por publicidad oficial entre 2019 y 2021 suman poco más de $770,000,000 de pesos, un monto 20% menor del que recibió Televisa, y apenas 10% menos de lo que recibió TV Azteca en el mismo periodo, una empresa de televisión que tiene una audiencia mucho más amplia que los lectores de La Jornada.
Lo anterior, de acuerdo con las cifras definitivas para 2021 de la Estrategia de Comunicación Social del gobierno federal que fueron publicadas recientemente.
Artículo 19 y Fundar -organizaciones que promueven una mejor regulación de la publicidad oficial- publicaron recientemente que de los casi $8,650 millones de pesos que el gobierno federal gastó en anunciarse en medios de comunicación entre 2019 y 2021, la empresa que más recursos ha obtenido es Televisa, con poco más de $933,000,000 de pesos.
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Montos similares, audiencias muy distintas
Sin embargo, aunque los montos de publicidad oficial son similares entre La Jornada y TV Azteca, por ejemplo, las audiencias de estos medios no se pueden comparar: mientras que solo uno de los programas de la televisora, Hechos, su noticiario principal es visto cada noche por 2,355,260 personas, el tiraje combinado de las ocho ediciones de La Jornada alcanza poco menos de 170,000 periódicos diarios.
La edición que se imprime en la Ciudad de México de La Jornada es de poco más de 103,000 periódicos diarios y, según el Padrón de Medios de la Secretaría de Gobernación es leído por 385,000 personas cada día.
Para entender la desproporción de dinero que recibe La Jornada del presupuesto basta ver que los siguientes en la lista son Medios Masivos de Comunicación, una empresa que agrupa a 110 periódicos de diversos estados del país y que presume llegar a 5,300,000 de lectores diarios.
Medios Masivos de Comunicación recibió poco más de $521,000,000 de pesos, 47% menos que La Jornada.
La Jornada volvió a recibir más recursos
Además, en 2021 los montos recibidos por La Jornada fueron 14% más grandes de lo que obtuvieron un año antes. Mientras que en 2020 había obtenido poco más de $220,000,000 de pesos, en 2021 les dieron cerca de $250,000,000 de pesos.
En 2021, el gasto total en publicidad oficial volvió a bajar
A pesar de que, como advierten Artículo 19 y Fundar el gasto en publicidad oficial de la primera mitad del gobierno de López Obrador es equivalente a una cuarta parte de lo que gastó Enrique Peña Nieto en el mismo periodo de su gobierno, todavía se trata de una cantidad considerable de recursos.
Sin embargo, el gasto en este rubro sigue bajando: entre 2020 y 2021 los recursos totales para este rubro se redujeron en 24,000,000 al pasar de 2,484,000 en 2020 a 2,460 en 2021.
Sigue sin haber claridad sobre cómo acceder a los recursos
Durante años, organizaciones de la sociedad civil como Artículo 19 y Fundar han alertado sobre la falta de reglas claras para acceder al presupuesto para publicidad oficial.
En un análisis del gasto de 2020, estas organizaciones que promueven la libertad de expresión y el mejor uso de los recursos públicos alertaban sobre el problema de continuar “ejerciendo la publicidad oficial bajo prácticas discrecionales y sin la debida transparencia”.
La Ley General de Comunicación Social sigue impugnada
Desde 2018, la SCJN tiene pendiente discutir tres acciones de inconstitucionalidad -un mecanismo para asegurar que las leyes secundarias y los actos de las autoridades respeten la constitución- contra la Ley General de Comunicación Social (LGCS).
La primera de estas acciones la presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), otra un grupo de senadores de varios partidos y una más Movimiento Ciudadano (tienen los números 52/2018, 53/2018 y 55/2018).
Paulina Castaño, investigadora del área de Justicia Fiscal de Fundar y nos explicó que las acciones de inconstitucionalidad del Senado y Movimiento Ciudadano son sobre la falta de criterios para asignar la publicidad oficial, los topes presupuestarios, la falta de controles y porque no aborda la pluralidad mediática”, es decir, porque no promueve que haya más medios que traten temas diversos con perspectivas diferenciadas.
Por su parte, “la acción de inconstitucionalidad de la CNDH presenta argumentos en el sentido de que la LGCS atenta contra derechos humanos tales como la libertad de expresión y el derecho a la información” añadió Castaño, quien también es especialista en el análisis del presupuesto para publicidad oficial.
También nos explicó que Artículo 19 se amparó porque el proceso legislativo de 2018 para regular la publicidad oficial “fue irregular y no cumplió una sentencia de la SCJN que obligaba al Congreso a poner fin al gasto arbitrario y proteger la libertad de expresión”.
Además, el amparo de Artículo 19 señala que “la LGCS, mejor conocida como Ley Chayote, no integra los estándares internacionales en materia de publicidad oficial y afecta a los medios de comunicación al no tener claridad en los criterios de asignación”, nos dijo la especialista de Fundar.
Sin avances en la discusión para regular la publicidad oficial
Paulina Castaño también señaló que la reforma a la LGCS no está sucediendo: “no hay tal, no se ha dado. Ha sido una simulación”.
La investigadora también dijo que “a pesar de que en septiembre del año pasado la SCJN resolvió que sí hubo afectaciones en el proceso de la LGCS y en el articulado que debían ser corregidos” el Congreso no cumplió con el plazo que vencía el 15 de diciembre de 2021 para regular.
Tampoco respetaron la prórroga que les concedió la Corte y que terminó el 30 de abril de 2022. “Finalmente, les conceden una prórroga más que inicia en septiembre y termina en octubre de este año (son 30 días hábiles)”, explicó Castaño.
“Hay una simulación en el cumplimiento del proceso, no hay voluntad para regular conforme a lo mandatado por la SCJN. El tema no es prioridad en la agenda de esta administración. No hay cambio para avanzar en la elaboración de los criterios”, concluyó la entrevistada.
#MediosLibres presenta su propia iniciativa
El colectivo #MediosLibres elaboró una iniciativa de ley para regular la publicidad oficial. De acuerdo con Castaño, “se trata de una propuesta de ley de avanzada, que retoma los más altos estándares en libertad de expresión, acceso a la información y publicidad oficial”.
La iniciativa de #MediosLibres podría contribuir para evitar el uso discrecional de la publicidad oficial en el futuro ya que establece “criterios claros en la asignación de la publicidad oficial en función de la idoneidad del medio respecto a la población objetivo, la equidad en la asignación y la transparencia de la información”, concluyó Paulina Castaño.
Nota: Todos los cálculos de la nota están hechos con pesos constantes, es decir, para poder hacer las comparaciones se inflaron los precios para descontar el efecto de la inflación. Así, a los pesos de 2019, 2020 se les multiplicó por el monto de la inflación para que cada peso de años anteriores valiera lo mismo y pudiera ser comparado con los pesos de 2021.
