Los conflictos entre las personas son difíciles de resolver. Siempre existe la posibilidad de tener un desacuerdo con alguien con quien convives y la gravedad de esto puede variar. Quizás el problema es un vecino ruidoso, un automovilista con el que discutes en el tráfico o un cliente malencarado que atender en el trabajo.
En todas estas situaciones, deberíamos tener una vía eficaz para la resolución de conflictos que nos permitan garantizar una convivencia saludable. Pero en nuestro país eso es escaso, incluso para los casos más mundanos en los que interviene la justicia administrativa, aquella en la que se intenta conciliar entre personas en desacuerdo, nos explicó el abogado, experto en temas de seguridad y catedrático de la UNAM, José Antonio Álvarez de León.
El abogado agregó que el problema es que la justicia administrativa no tiene la suficiente fuerza para resolver los conflictos, es más, los entes facultados para intervenir en estos casos -como los jueces cívicos, los conciliadores, los de paz- no pueden más que reunir a las partes en desacuerdo y hacer recomendaciones que demasiadas veces son ignoradas.
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La verdadera acción de las autoridades no es preventiva, sino que se activa cuando ya se cometió un delito, que falta que se castigue correctamente, si es que no interviene la corrupción u otras artimañas. Lo preocupante es que la frustración y la impotencia que genera la impunidad muchas veces tiene consecuencias muy graves, consideró el especialista.
Un caso que queda perfecto para ejemplificar esta situación es lo que sucedió recientemente en San Luis Potosí donde asesinaron a balazos, en plena calle y casi frente al gimnasio de su propiedad a El Tiburón, un hombre de 47 años y profesor de defensa personal, conocido por haberle dado una brutal golpiza a un empleado menor de edad dentro de un Subway.
El Tiburón, quien se llamaba Fernando Medina, fue detenido en agosto de 2023, luego de que días antes le fracturó la nariz y el pómulo a Santiago, el joven de 15 años quien tuvo que ser hospitalizado luego de los numerosos golpes en la cara y las patadas que sin escrúpulos le había propinado El Tiburón, un señor 32 años mayor que su víctima y con ventaja física considerable.
La familia de Santiago demandó a Fernando Medina, que pasó cuatro meses en la cárcel y luego fue liberado al presentar un amparo con el que obtuvo la medida cautelar de suspensión del proceso. Antes de ser asesinado caminaba sin pena por las calles al haberse librado del castigo por el delito que cometió.
El abogado Álvarez de León consideró que hay razones para pensar, por lo que conocemos del hombre asesinado, que al ser un sujeto violento alguien le cobró alguna cuenta pendiente, “no está fuera del radar en un país en el que la ley no vale para mucho”, destacó.
“La ley es para tontos”
“Por la razón más absurda que te puedas imaginar, las personas entramos en conflicto (…) la idea de un Estado de derecho tendría que ser esta: ¿cómo se encausan esos conflictos antes de que lleguen al delito?”, se cuestionó José Antonio Álvarez de León.
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Como ya dijimos lo que tenemos es la justicia administrativa que lo hace por vía de la razón, de la civilidad y la ética colectiva. Pero esa vía no funciona, porque al no poder intervenir con mayor fuerza, las mismas autoridades deben esperar a que el conflicto escale y sea atendido por la vía punitiva, dígase el Ministerio Público, resaltó el entrevistado.
También nos explicó que en México sí hay Estado de derecho, porque hay autoridades, pero está gravemente debilitado debido a que las mismas autoridades encargadas de preservar la paz y la seguridad no tienen autoridad moral.
“Porque las autoridades son las primeras en tolerar conflictos, las que han permitido procesos irregulares para construir inmuebles en las localidades, que no se respete el uso de suelo, permiten que haya personas que ejercen liderazgos negativos en las colonias, que reciben mordidas”, dijo. Esto provoca que los conflictos se privaticen, es decir, que las personas traten de resolverlos por su propia mano, resaltó el especialista.
Y agregó que esto se convierte en un juego de “a ver quién puede más” porque una de las personas implicadas sabe que no va a pasar más de que le llamen la atención.
“La fuerza moral de la ley no está en esa instancia administrativa y el problema tiene dos polos: uno, que la autoridad moral de las autoridades no existe porque ya la quebrantaron permanentemente en la historia; y dos, que la ciudadanía nos hemos ido desarrollando sin ninguna lógica de respeto a los patrones de la moral colectiva”, detalló Álvarez de León.
Bajo esta premisa, “la ley es para los tontos”, porque acudir a las instancias correspondientes no asegura que se resuelva nada. Desde la parte más irracional de nuestro comportamiento, este tope de pared da lugar a la venganza privada, como la justicia por propia manos y los linchamientos que son muy comunes en nuestro país, como te contamos en esta nota.
Nuestro sistema no da para prevenir
Ahora, en un funcionamiento ideal de nuestro sistema de justicia administrativa, debería tener previsto un castigo ejemplar por desobediencia, es decir, si una persona está incumpliendo con las leyes y ya se le advirtió una, dos o tres veces, debería haber un cauce moral legal y fuerte para las personas que cometan desacato de la fuerza administrativa. Es la única manera, aseguró el especialista en seguridad.
“Pero viene un problema adicional: ¿te imaginas cómo estarían las prisiones? ¿Te imaginas cómo estarían los juzgados? Hay lugares donde hay una densidad poblacional brutal y en desorden, como en Ecatepec, Estado de México, y los conflictos son así todos los días y montones”, nos dijo.
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En consideración de José Antonio Álvarez de León es muy complejo modificar las condiciones en las que operamos actualmente para resolver conflictos, pero es necesario tener vistas a futuro y tomar algunas acciones preventivas desde la educación.
“Si tú no manejas códigos éticos en la escuela, en los medios de comunicación, no vas a cambiar la mentalidad de las personas, desafortunadamente no pasa. Tienes que cambiarles el chip, tienes que reeducar a la gente, porque la única manera en la que cambia es con la educación”, señaló.
El problema es que esto será complicado mientras la seguridad siga siendo un botín político, una prebenda electoral, acusó Álvarez de León, porque de esta área deberían estar encargadas personas que cumplan con sus funciones de manera lineal, dentro de un proyecto de nación, sin importar el partido político del que provengan ni el sexenio que sea, y se debería valorar por sus resultados.
¿Habrá quien se atreva a proponerlo en los próximos seis años?
