“Un día, un amigo me mandó un mensaje para decirme que me había visto en un video de una página porno”, nos narra Alejandra. “El dueño de ese canal era Agustín, mi ex pareja. Aunque no aparece su nombre en el sitio, sí había comentarios en el que lo nombraban. Entré en shock cuando vi que el contenido tenía más de dos años en el sitio. Yo ni siquiera sabía que me había grabado teniendo relaciones sexuales con él”, nos dice la joven, ahora de 22 años.
Uno de esos videos alcanzaba las 3,000,000 de reproducciones. “Sentí que habían violado mi privacidad tres millones de veces”, nos dice Alejandra, quien en mayo de 2020 levantó una denuncia ante la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Xochimilco Coordinación Territorial XOC-2, en contra de Agustín, bajo la nueva Ley Olimpia, que prohíbe la difusión no consensuada de imágenes íntimas.
Alejandra buscó apoyo de colectivas feministas, quienes le sugirieron que reuniera todos los videos, el URL del sitio y las capturas de pantalla. Durante este proceso, la joven descubrió que no era la única víctima de Agustín. En el canal del sitio pornográfico habían videos de al menos otras cuatro mujeres que fueron grabadas sin su consentimiento.
Te puede interesar leer: Pornhub recibió denuncias desde México sobre pornografía infantil en su sitio y las ignoró
Denuncias siguen estancadas
Más de 9.4 millones de mujeres han sufrido violencia digital en México: 40.3% sufrieron insinuaciones o propuestas sexuales, 32.8% recibió contenido sexual, a 11.9% les publicaron su información personal, entre otras, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 2019. Pero sólo el 8.6% de las agresiones fueron denunciadas.
Durante 2020, en Ciudad de México se registraron 639 carpetas de investigación por el delito contra la intimidad sexual, es decir la divulgación o publicación de contenido íntimo o sexual, pero únicamente ocho fueron vinculadas a proceso. Es decir, solo una de cada 80 denuncias, de acuerdo con datos de la Secretaría de las Mujeres de la Capital.
Peor aún: de las 2,143 carpetas de investigación abiertas en 18 estados por difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, encontradas a través de solicitudes de información a las fiscalías, hasta febrero de 2020 sólo se habían dictado cuatro sentencias condenatorias, de acuerdo con el informe Justicia en Trámite, el limbo de las Investigaciones sobre Violencia Digital en México de la colectiva feminista Luchadoras.
Al igual que el caso de Alejandra, el 83% de las denuncias por este delito continúan en trámite y el 17% no llegó a juicio porque fueron solucionadas por métodos alternativos, como mediaciones o conciliaciones, etc, como se registró en el mismo informe.
“De las mujeres que han denunciado la filtración de imágenes íntimas, el 100% de ese contenido ha sido bajado de la red y muchas veces después de esto, ellas deciden dejar de lado la denuncia, porque el dejar de estar expuestas era lo más importante para ellas”, explica Paulina Zepeda García, coordinadora nacional de Red Viral y activista para promover los derechos de las mujeres.
Para saber más: Descubrimos pedófilos en las redes sociales cazando niñas y niños
Autoridades aún no conocen Ley Olimpia
La justicia llega lento para las mujeres víctimas de violencia digital. Alejandra lo vive de primera mano. A pesar de que hace 10 meses levantó la denuncia, a la fecha no ve ningún avance y, además, nos cuenta que cuando fue al ministerio público “los abogados que me atendieron no estaban muy informados acerca de la Ley Olimpia, así que cuando dije que quería denunciar por dicha ley, ellos se pusieron a investigar”.
La razón por la que las autoridades a veces no saben cómo actuar frente a estos casos se debe a que la Ley Olimpia son una serie de reformas que varían de estado en estado, es decir, no hay criterios generales con los que ellos se puedan guiar.
No saber cómo proceder retrasa el inicio de la investigación, explicó Anaiz Zamora, integrante de Luchadoras MX a Animal Político. Para remediar este problema, debería crearse un marco general en el que se establezca “¿cómo será investigado?, ¿cuáles son las vías de reparación del daño?, etc.”, agrega.
Cuando se violenta a una persona de manera digital, los ataques más frecuentes son la distribución de imágenes íntimas sin consentimiento y el hostigamiento, de acuerdo con el informe La otra pandemia: internet y violencia de género en América Latina, de la organización independiente Derechos Digitales.
El 54.8% de mujeres que fueron víctimas de ciberacoso identificó que sus agresores eran hombres, además el 55.1% de las mujeres víctimas de la publicación de su información personal ya conocían a su acosador, como reportó el INEGI.
Las víctimas deben reunir las pruebas
Para Alejandra ha sido más difícil que su investigación avance, ya que al presentar las pruebas sólo contaba con las capturas de pantalla, pues Agustín dio de baja los videos cuando se enteró que ella lo había descubierto. “La policía cibernética me dijo que era necesario que tuviera los videos yo, porque las capturas eran poco”, nos cuenta.
“Las autoridades son quienes deben reunir las pruebas, pero este trabajo se lo dejan a las víctimas, al final depende de si el agresor guarda o no el contenido en sus dispositivos. Cuando se discutía la Ley Olimpia nosotras pedimos que las capturas de pantalla sí contaran como prueba suficiente de la violencia digital”, comenta Zepeda García.
También explica que “la falta de capacitación es un tema muy grave, pues en los ministerios públicos no han terminado de entender que todo lo que nosotros hacemos en internet deja una huella digital y hay registros en los dispositivos pero no saben cómo acceder a ellos”, agrega la especialista.
Las mujeres se encuentran con dificultades al querer poner la denuncia pues no hay eficiencia en la atención, investigación, sanción y las autoridades desestiman las pruebas, en algunos casos, incluso terminan revictimizándolas.
Estas deficiencias generan desconfianza en las instituciones encargadas de impartir justicia, explican en el informe Violencia digital contra las mujeres en Ciudad de México de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
Para saber más: ¿Qué pasos deben de seguir las víctimas de violencia de género para denunciar un delito?
Vivir con el estigma
A lo largo de todo el proceso de denuncia, Alejandra ha vivido con tristeza, incertidumbre y desesperación. Para poder denunciar le pidió a su novio que le ayudara a bajar los videos, pero él se molestó porque le daba vergüenza su situación y decidió terminar la relación.
Ella temía que más personas vieran esas imágenes y la pudieran reconocer, así que dejó de salir a la calle y comenzó a aislarse.
En diciembre del año pasado, la fiscalía la citó para que una psicóloga evaluara el impacto emocional que este delito tuvo en ella. Sin embargo, Alejandra no pudo asistir porque el semáforo epidemiológico cambió a rojo y aunque pidió que la reagendaran, hasta el momento no ha recibido esa ayuda.
“Todo esto me hacía sentir muy triste, que no valía la pena, sentía que nadie me iba a respetar, ya no lo he sentido pero hay días que la sensación regresa. De hecho, no pude hacer la denuncia pública en ese momento porque a mi ex novio le daba vergüenza mi situación”, narra Alejandra.
El impacto de la violencia digital en la vida de las mujeres trasciende las pantallas. Ellas pueden experimentar ira, depresión, paranoia, también se ven afectadas físicamente, pues el estrés puede provocar dolor de cabeza, llanto, e incluso pueden llegar hasta a autolesionarse, de acuerdo con el colectivo Luchadoras MX.
“Yo confiaba en Agustín, pero después de descubrir esto me di cuenta que él me manipulaba para obligarme a hacer cosas que yo no quería o no estaba segura. Lo peor que me hizo fue grabarme sin siquiera preguntarme y subir los videos sin mi consentimiento. Lo más terrible es que sé que se lo ha hecho a más mujeres, por eso denuncié públicamente”, concluyó Alejandra.
Aunque la Ley Olimpia va avanzando en todo el territorio mexicano, el proceso para obtener justicia es lento y a las fiscalías les falta capacitarse en temas sobre violencia digital, lo que ocasiona que las víctimas pierdan la confianza en las autoridades.
