“No se va a expropiar ningún terreno, ninguna pequeña propiedad, ningún ejido. Al contrario, a lo largo de las vías del tren, se van a sembrar 100,000 hectáreas de árboles frutales y maderables, o sea, el tren va a estar acompañado del programa Sembrando Vida”, dijo todavía como presidente electo Andrés Manuel López Obrador el 13 de octubre de 2018, en Ciudad del Carmen.
Sin embargo, el lunes pasado, López Obrador emitió un decreto por el que se expropia una superficie de poco más de 1,000,000 de metros cuadrados de propiedad privada en 36 terrenos que están dentro de los municipios de Benito Juárez, Puerto Morelos, Solidaridad y Tulum, en Quintana Roo, para construir los subramos norte y sur del tramo 5 del Tren Maya.
En el evento de 2018, López Obrador dijo que no habría daño al equilibrio ecológico debido a que “ya existe la vía en la mitad de todo el circuito y, en la otra mitad, el derecho de vía que se va a utilizar es el de las carreteras y de las vías de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)”.
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Ese día en Ciudad del Carmen, López Obrador también afirmó que la construcción del Tren Maya se haría a pesar de las críticas:
“Lo quieran o no lo quieran los de la mafia del poder, el Tren Maya va. Lo quiera o no quiera la prensa fifí. Vamos a construir esta línea para el ferrocarril, mil 500 kilómetros”.
El presidente también dijo que el entonces gobernador Alejandro Moreno le había proporcionado encuestas que decían que el 80% del pueblo estaba de acuerdo con construir el tren y por ello no habría consulta para ese proyecto.
Promesas incumplidas: no expropiar, no talar y consultar
Con el tiempo, muchas de las declaraciones que hizo el presidente ese día en Ciudad del Carmen han resultado falsas: sí se han expropiado terrenos, entre otras cosas, porque se cambió la ruta del tramo 5 por lo que en lugar de pasar por las carreteras y vías de la CFE se requieren nuevos derechos de vía.
El decreto de expropiación informa que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) ocupará inmediatamente los bienes expropiados y que los dueños de esos terrenos tendrán 10 días para inconformarse pero solo por el monto de la indemnización.
El precio de la indemnización será estimado por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.
Además, se han desmontado al menos 485 hectáreas de selva y talado al menos 20,000 árboles para el tramo 5 (Fonatur dice que los reubicaron en espacios públicos y hoteles) y las consultas que se realizaron fueron criticadas por comunidades y pueblos indígenas, organizaciones de la sociedad civil e incluso por la ONU.
Por todo lo anterior, lo que dijo López Obrador sobre no expropiar, no cortar árboles, usar derechos de vía ya existentes -al menos en el tramo 5- y no tener que consultar a la población es: falso.
