La masacre del pasado 1 de marzo en San José de Gracia, Michoacán, en la que sujetos armados asesinaron a más de una decena de personas que acudieron a un velorio -según muestra un video grabado por un testigo- ha sido calificada de diversas maneras por la administración federal: enfrentamiento entre miembros del crimen organizado, refriega y hasta de noticia falsa.
En el video se observa a las personas de pie contra una pared, con las manos en alto antes de ser ejecutadas, como si se tratara de un fusilamiento. Las fuertes imágenes se esparcieron con virulencia en las redes sociales detonando la indignación y el terror en miles de usuarios y la noticia llegó a instancias internacionales.
Sin embargo, ante la gravedad del evento, pareciera que ni las autoridades ni el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador supieron con qué términos referirse a los hechos, pues al limitarlo a un ajuste de cuentas entre grupos delictivos se sugiere que es un asunto entre ellos y no del Estado mexicano, nos explicó la maestra Patricia Baranda, especialista en Estudios Estratégicos y Seguridad.
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“Es importante contar con la debida precisión conceptual, toda vez que el manejo inadecuado de la terminología puede conllevar implicaciones políticas no solo al interior del país, sino al exterior, lo que no solo podría tener efectos políticos, sino también económicos en términos de inversión. Todo ello vulnera ‘la imagen-país’ en el escenario internacional”, dijo Baranda.
La experta señaló que en este caso es necesario cuidar el tratamiento de “fusilamiento” ya que se suele usar en un contexto de guerra convencional, y además entender el contexto en el que se están dando los hechos violentos relacionados con el crimen organizado en México.
“En los últimos 20 años la política gubernamental se ha caracterizado por la captura y el abatimiento de líderes de los principales cárteles a través de operativos conjuntos militares, relegando a las policías estatales y locales, lo que pulverizó a las organizaciones en múltiples células criminales antagónicas entre sí”, recapituló Baranda.
Esto, explicó la especialista en Estrategias y Seguridad, condujo a una serie de separaciones y al debilitamiento del Cártel del Pacífico tras la extradición de Joaquín Guzmán Loera El Chapo, tomando relevancia Nemesio Oseguera Cervantes El Mencho, supuesto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
“El Mencho destaca por su capacidad operativa en todo el país, su capacidad de corromper a funcionarios relacionados con la seguridad y la procuración de justicia, así como con el sector empresarial”, puntualizó la también maestra en Relaciones Internacionales.
La especialista resaltó la importancia de Michoacán por ser uno de los principales productores de aguacate, hortalizas, opiáceos, y además contar con rutas estratégicas en el océano Pacífico por donde ingresa contrabando de China a México, siendo Estados Unidos el destino final.
“Este hecho evidencia la falta de capacidades políticas, policiales, tácticas, entre otras, en particular de las autoridades locales, solo basta ver el equipamiento, armamento, incluso entrenamiento de la policía municipal en comparación con la de los sicarios, lo que pone en evidencia el problema estructural que viene arrastrando el Estado mexicano en cuanto al sector policial, en particular a nivel municipal”, acusó Baranda.
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¿Fue una masacre?
De acuerdo con la Real Academia (RAE) una masacre es definida como “una matanza de personas hasta cierto punto indefensas, llevada a cabo mediante un ataque armado o causa semejante”.
“Para que un hecho sea considerado como “masacre” conlleva de tres a más personas asesinadas, el punto clave es que se trata de homicidios en contra de población civil o de personas desarmadas, además de estar motivados por el odio o el interés de generar miedo entre la población de un grupo o territorio”, detalló Baranda.
Además, es preciso destacar que el concepto de masacre no está tipificado en el derecho penal ni de México ni en el derecho penal internacional a pesar de su uso común y relevancia, resaltó la experta.
Debilitamiento de imagen de la justicia tiene graves consecuencias
Para el doctor en Derecho José Antonio Álvarez León, especializado en Política Criminal, el papel del gobierno, sobre todo en la comunicación que ofrece sobre hechos de alta relevancia social, como es la seguridad pública, tiene repercusiones en la conceptualización de la población sobre el Estado de Derecho.
El reduccionismo con el que se tratan de comunicar los hechos violentos desde las figuras en el poder busca subestimarlos, como una medida preventiva ante el alto impacto que tienen éstos sobre los intereses políticos, electorales, económicos y sobre las posturas sostenidas por el gobierno en turno, nos explicó Álvarez León.
Uno de los principales problemas es que el caso de la masacre en San José de Gracia, se quiso manejar como un delito común, normalizando y minimizando su impacto social, cuando en realidad estos casos sí tienen el potencial de desestabilizar un sistema de gobierno, explicó el experto.
El doctor en Derecho explica en su publicación Construcción de la Imagen de Seguridad o Control Social Multidimensional para la Revista del Posgrado en Derecho de la UNAM que la imagen negativa de la seguridad agrava todo el panorama respecto al orden social, poniendo en crisis a las instituciones, pues produce incertidumbre en la cotidianeidad y esto tiene consecuencias reales.
El abogado nos dijo que ante el debilitamiento de las instancias de impartición de justicia incluso muchas poblaciones recurren a la “justicia por mano propia”, promoviendo la aparición de grupos de autodefensa, como en el caso de Michoacán, e incluso favoreciendo los linchamientos por delitos comunes en las localidades.
“La generación de imágenes equivocadas o anticipadas para el control puede agudizar los problemas entre ley y orden al grado de conflicto político y/o de cuestionamiento de estructuras”, señala en el documento.
