En un intento por aplacar la violencia desatada por la sangrienta disputa entre dos facciones rivales –“Los Rusos” y “La Chapiza“, dos células del temido Cártel del Pacífico-, las autoridades mexicanas han desplegado una fuerza de 1,500 soldados del Ejército Mexicano en Baja California y Sonora.
El Ejército y la Guardia Nacional tienen a 256,216 soldados desplegados en todo el territorio nacional, de acuerdo con el Informe de Seguridad presentado por el gobierno federal el 11 de julio de este año.
Este movimiento militar busca frenar los enfrentamientos que han dejado un rastro de ejecuciones, fosas clandestinas y masacres en su estela.
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El mayor de infantería Fernando Miranda, vocero de la Secretaría de la Defensa Nacional, anunció el despliegue aéreo de las fuerzas armadas en las áreas estratégicas del Valle de Mexicali, San Luis Río Colorado, Sonoyta, el Gran Desierto de Altar y el Golfo de Santa Clara.
En un comunicado, Miranda afirmó que la operación busca “inhibir los homicidios vinculados a la delincuencia organizada y otras actividades criminales”, en un esfuerzo por devolver la paz a estas regiones fronterizas que colindan con los estados de Arizona y California en los Estados Unidos.
Percepción de inseguridad
Miles de militares llegan a Sonora y Baja California en medio de una proporción significativa de ciudadanos que desconfían de las autoridades militares y la Guardia Nacional.
Entre enero y marzo del 2003 por ejemplo, La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) señaló que en Sonora se incrementó la desconfianza hacia las autoridades y todas las corporaciones sin excepción. En el caso particular de Hermosillo, la capital del estado, las autoridades militares y la Guardia Nacional llegaron a su nivel más alto de desconfianza.
La información estadística de Sonora contrasta con la percepción sobre el desempeño de las autoridades de seguridad pública y justicia a nivel nacional.
Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) publicadas por el INEGI en el 2022, el 89.6 de la población considera muy efectivo el trabajo de la Marina, el 87.1 como muy efectivo el trabajo del Ejército y el 80.9 califica como efectivo las labores de la Guardia Nacional.
Por otro lado está el ranking de percepción en el Noreste con información de marzo del 2023 y un comparativo con diciembre de 2022. Al respecto, Ciudad Obregón continúa como la ciudad con la mayor percepción de inseguridad en el Noroeste del país y los mayores incrementos se observan en Los Mochis, Sinaloa (9.9), La Paz, Baja California (5.2), Tijuana, Baja California (4.9) y Mazatlán, Sinaloa (3.5).
La percepción de inseguridad se incrementó en el noreste del país en escuelas, cajeros automáticos, automóviles, calles, parques y carreteras.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) en junio de 2023, el 62.3% de la población de 18 años y más, residente en 75 ciudades consideró que es inseguro vivir en su ciudad.
En el sexto mes del año las ciudades que más consideran inseguro vivir en su ciudad según el INEGI, fueron Fresnillo (92.8%), Zacatecas (91.7%), Ciudad Obregón (90.3%), Ecatepec de Morelos (87.6%), Irapuato (87.3%) y Naucalpan de Juárez (87.2%).
¿El Ejército es la salida?
El 4 de octubre del 2022, el Senado aprobó extender hasta el 2028 la permanencia de los militares en las calles mexicanas aunque la violencia criminal continúa haciendo de las suyas como lo documentó Cuestione en su momento.
El Congreso mexicano agregó “controles parlamentarios” para que el presidente Andrés Manuel López Obrador informe cada seis meses cómo usa a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, qué está haciendo para el tránsito de una Guardia Nacional civil, y qué se hace para que el Ejército regrese a sus cuarteles.
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El año en el que se extendió la permanencia de las fuerzas castrenses en la calles, fue también el más violento del que se tiene registro en la última década. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en el 2022 se registraron 2,141,956 delitos del fuero común en todo el país, 42,888 homicidios anuales y 954 feminicidios.
Para el cierre del año 2018 al término de la administración del ex presidente Enrique Peña Nieto, el SESNSP contabilizó un total de 1,989,935 delitos del fuero común, es decir, 152,021 delitos menos que en el año 2022 durante la presidencia de López Obrador. Según los datos del INEGI publicados el 25 de julio pasado, se registró una baja de 10% en homicidios. Sin embargo, la cifra sigue siendo alarmante.
El Noreste caliente
En el primer semestre de 2023, Sonora acumuló 725 víctimas de homicidio, una cifra menor a lo registrado en el mismo periodo de los dos años previos, pero no por ello deja de ser un saldo violento. Así lo informó el Comité Ciudadano de Seguridad Pública Sonora en su incidencia delictiva semestral.
La región del Noroeste de México ha sido testigo de una violencia desatada por la lucha entre las dos facciones del Cártel del Pacífico: “Los Rusos” y “La Chapiza“.
De un lado están “Los Rusos“, dirigido por el Mayo Zambada y la facción “La Chapiza“, liderada por los hijos de Joaquín Guzmán Loera. Ambos cárteles han estado librando una sangrienta batalla por el control de las rutas del tráfico ilegal hacia los Estados Unidos.
De acuerdo con la fundación que recupera información estadística de la Fiscalía General del Estado y la Policía Estatal, el 84.0% de los homicidios dolosos entre enero y junio del 2023 en Sonora, se concentraron en Cajeme (49.4%), San Luis Río Colorado (17.3%), Hermosillo (11.1%) y Nogales (6.2%).
En el camino, van quedando ejecuciones, cuerpos mutilados y el hallazgo de fosas clandestinas en una guerra que parece no tener fin.
Para la muestra, una noche de sábado en el antro. Una noche que debería haber sido de diversión y camaradería en un bar del municipio de San Luis Río Colorado se convirtió en tragedia el 22 de julio del 2023 cuando un incendió provocado dejó sin vida a 11 personas y cuatro más resultaron heridas.
Según las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, un individuo, aparentemente bajo los efectos del alcohol, arrojó una bomba molotov que consumió el establecimiento.
Relatos de testigos presenciales contaron que un joven habría estado molestando a mujeres en el interior del bar, lo que llevó a su expulsión del local. Sin embargo, el muchacho regresó momentos después y arrojó la bomba a las puertas del bar.
El viernes 21 de julio, un día antes de la tragedia en el bar, el municipio de Cajeme se tiñó de sangre y acabó con un partido de fútbol.
Un entrenador de fútbol fue asesinado a tiros durante un partido, un acto violento que quedó registrado en un video que se transmitía en vivo por internet, conmocionando a la comunidad local y dejando al descubierto la inquietante realidad de la violencia que azota a Sonora.
Los hechos ocurrieron al caer la noche, alrededor de las 21:00 horas, en un campo deportivo ubicado en la colonia Cajeme. El partido se desarrollaba en medio de un ambiente aparentemente normal, con jugadores y espectadores disfrutando del juego y la camaradería propia de estos eventos deportivos. Sin embargo, la situación dio un giro abrupto cuando se escucharon disparos de arma de fuego, interrumpiendo la transmisión en vivo que se realizaba a través de las redes sociales.
El narrador del partido, visiblemente impactado por la tragedia que se desarrollaba a unos metros de la cancha, informó a los espectadores sobre un homicidio. A medida que el narrador describía lo sucedido, los jugadores y espectadores reaccionaron con asombro y confusión, observando atónitos hacia el lugar de los disparos.
Tráfico de especies marinas
La disputa por la zona fronteriza del Noreste mexicano no se limita al tráfico de drogas y de armas. Los grupos criminales también compiten por el lucrativo negocio del tráfico ilegal de especies marinas hacia mercados asiáticos, específicamente el codiciado pez totoaba.
En los mares mexicanos, un pequeño y elusivo pez ha capturado la atención de contrabandistas y mercados clandestinos, desencadenando una serie de consecuencias ambientales y sociales. La totoaba, ha sido objeto de un comercio ilegal frenético debido a su vejiga natatoria, conocida como el “buche”, que posee un alto valor en el mercado negro, especialmente en países de Asia, donde se le atribuyen propiedades afrodisíacas y curativas.
El pez originario del Golfo de California, se ha convertido en parte central del nuevo plan del gobierno mexicano para evitar ser traficado en el mercado negro extranjero.
El alto precio que alcanza la totoaba en los mercados extranjeros, llega a alcanzar los $8,000 dólares por ejemplar. Se le atribuye la capacidad de mejorar la circulación sanguínea, lo que se reflejaría en mejoras en la piel, el estado de ánimo y, supuestamente, en el desempeño sexual masculino.
La lucha por el control de estos mercados ilícitos ha exacerbado aún más la violencia en una región ya sumida en el caos.
La llegada de los 1,500 soldados del Ejército mexicano plantea dos escenarios; la esperanza de que las autoridades puedan restaurar la paz y la seguridad en una región que ha sido golpeada duramente por la guerra entre los cárteles o el fracaso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.
La pregunta que queda en el aire es si este despliegue militar logrará poner fin a la espiral de violencia que ha dejado a comunidades enteras del noreste en un estado de constante temor y desolación. Solo el tiempo dirá si esta decisión estratégica resultará en la anhelada calma que tanto necesita esta región fronteriza.
