Las multas que las autoridades electorales están imponiendo a los partidos políticos no están evitando que algunos reincidan en irregularidades durante cada periodo de campañas electorales.
El Instituto Nacional Electoral (INE) espera que las sanciones que impone sirvan para que los delitos electorales disminuyan en el país, como los que sentenció en el caso de Samuel García, ganador de las elecciones a gobernador en el estado de Nuevo León o en las repetidas multas al Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
¿Sirven las multas que imponen las autoridades electorales? Para hablar de las funciones de dichas sanciones consultamos a Adriana Favela, consejera electoral del Consejo General del INE y a Rodrigo Salazar Elena, coordinador del Laboratorio de Métodos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en México (FLACSO).
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“Claramente las multas no sirven como desincentivo. Las multas se pagan con recursos públicos y los partidos que incurren en estos delitos no se sienten afectados en lo personal. En casos como el Partido Verde nadie en particular se ve afectado por este tipo de hechos, entonces no está funcionando como un desincentivo”, nos dijo Rodrigo Salazar.
Salazar se refiere a la multa de 40 millones de pesos que el INE impuso al Partido Verde, junto con el retiro de spots en radio y televisión por un año, debido a que el partido pagó cerca de un millón de dólares a 95 millones de personas que difundieron contenido a si favor en el período de veda electoral.
Por su parte, la consejera electoral nos explicó que las sanciones establecidas por las autoridades electorales “tienen una función disuasiva (que se deje de hacer una acción) y también de castigo”. También confirmó que dichas multas son pagadas con recursos públicos, toda vez que son recursos provenientes de los partidos políticos.
En total, detalló Adriana Favela, la multa impuesta a Samuel García y a Movimiento Ciudadano en Nuevo León, el 22 de julio, fue de más de 83 millones de pesos. Más de 55 millones de pesos tendrán que ser pagados por Movimiento Ciudadano, 448 mil pesos los tendrá que cubrir el candidato ganador de ese partido.
Además, 28 millones de pesos deberán ser pagados también por el partido, debido a aportaciones ilegales a la campaña de Samuel García, por parte de tres miembros de su familia.
De acuerdo con el INE, las faltas que acumuló Samuel García y su partido durante el proceso electoral -finalizado el pasado 6 de junio- comienzan con las intervenciones que tuvo la esposa del candidato a través de sus redes sociales. Los consejeros estimaron que las publicaciones de Mariana Rodríguez van más allá de una mera muestra de libertad de expresión o solidaridad con su esposo.
La consejera Adriana Favela explicó que en el caso de Mariana Rodríguez, además de influencer, es una persona con actividad fiscal empresarial, su nombre está registrado como “marca” y comercializa sus historias en Instagram, lo que le impide de manera legal realizar aportaciones a la campaña tanto en dinero como en especie.
“Se consideró que 1,300 publicaciones y 40 fotografías en Instagram generaron beneficio al candidato, haciendo llamados al voto a su favor, promovió y abanderó propuestas de gobierno, además de que ‘hizo suya la campaña’, lo que generó una situación contraria a la espontaneidad en las redes sociales que no puede estar amparada por la libre expresión”, expuso la consejera ante el pleno del INE al dictar la sentencia de la multa.
En cuanto a la triangulación de recursos, esto se refiere a la recepción de aportaciones ilegales de dinero por parte de la madre y dos hermanos del candidato, que en total suman 14 millones de pesos de varias empresas, enviados al comité estatal de Movimiento Ciudadano en Nuevo León, que luego los destinó a la campaña de García.
Estos fondos fueron investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) durante la campaña electoral. Santiago Nieto, titular de esta dependencia, aclaró que no se había presentado ninguna denuncia al respecto.
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A pesar de lo altas que pueden ser estas multas, la consejera Favela advierte que la decisión del INE no es definitiva y que puede ser cancelada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
“Nuestras decisiones no son definitivas. Seguramente Movimiento Ciudadano ya las tiene impugnadas ante la Sala Superior del Tribunal Electoral y falta ver qué dice esa instancia. Pero sí, las sanciones deberían de tener ese efecto de castigar y esperamos que esta vez sí se cumpla”, nos dijo la consejera Favela.
Efectivamente, el gobernador electo de Nuevo León Samuel García, aseguró el 28 de julio en sus redes sociales que “ese asunto estaba ganado”, también amenazó que su esposa interpondría recursos legales en contra del INE, “al sentirse afectada en sus derechos humanos”.
No es el único
En el caso del Partido Verde Ecologista de México, la consejera Favela detalló que la sanción económica sí tiene que ser disuasiva.
“En caso de que no lo sea, para ocasiones futuras, para que no se de una situación similar, podríamos optar como se hizo con el Partido Verde, que además esa sanción económica, para resarcir el daño que habían hecho, se suspendan tiempos de radio y televisión”, agregó la consejera electoral.
Las otras consecuencias de no acatar los castigos impuestos por el INE en un futuro, como es el caso del Partido Verde, con múltiples sanciones en los últimos años, son la suspensión temporal de su registro como partido político o la cancelación de registro, que de acuerdo con la consejera, la sanción más grave que se puede imponer.
En una sesión que casi duró ocho horas, el INE también impuso sanciones al Partido Verde luego de pagar a 104 famosos por llamar al voto a través de sus redes sociales.
De acuerdo con la autoridad electoral, estos 104 personajes difundieron mensajes durante el 5 y el 6 de junio, días en los que ni candidatos ni políticos pueden realizar propaganda hablando de las elecciones.
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Esto le mereció una multa de casi 41 millones de pesos y durante un año este partido político no podrá tener acceso a propaganda política a través de radio y televisión.
La suspensión se debe a que el partido reincidió en una conducta por la que ya se le había castigado en el 2015, que fue la contratación de 24 influencers para difundir propaganda electoral.
El Partido Verde cada año es sancionado
La consejera Adriana Favela afirma que las sanciones tienen una función disuasiva y también de castigo. Sin embargo, esto no parece estar teniendo el efecto deseado para algunos partidos que ya han recibido señalamientos de este tipo.
En 2015 el Partido Verde se quedó sin dinero durante el mes de abril, debido a que acumulaba multas impuestas por el INE, el TEPJF y la Sala Regional Especializada del tribunal. Estas sanciones sumaban 188.4 millones de pesos y el partido recibió durante ese mes, recursos públicos por 26.9 millones de pesos. O sea, no le alcanzaba.
En 2015, dicho partido también fue multado por utilizar de manera indebida el programa social “Vales de Medicina”.
En ese mismo período fue cuando el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y Morena pidieron que se le quitara el registro al Verde por sus frecuentes infracciones.
En 2012, también fue sancionado, pero el INE le cobró la multa hasta 2017. En esa ocasión el Partido Verde acompañó al PRI en su alianza por la presidencia de la República y por irregularidades en sus reportes de gastos se hizo acreedor a una multa de 19.5 millones de pesos.
Respecto a esta reincidencia, el politólogo Rodrigo Salazar consideró que se puede presumir que este partido ya tiene “presupuestadas” las multas que les impondrá el INE, ya que es recurrente su estrategia de utilización de personajes famosos e influencers con fines políticos durante la temporada electoral.
“Lo que me parece que se tiene que hacer es… una de dos: o que el partido se vea afectado colectivamente con la pérdida del registro, o que se encuentre al responsable de este tipo de decisiones dentro de él. Se tiene que reformar la ley para imponer penas severas contra las personas o partidos cuando se vea una violación a la ley de manera reiterada”, afirmó el politólogo.
El Partido Verde no ha sido el único que ha sido multado con altas sumas de dinero por irregularidades.
El PRI fue sancionado en el 2002 por el entonces IFE, debido a que la autoridad electoral encontró que 640 millones de pesos del sindicato de Pemex terminaron en la campaña presidencial de Francisco Labastida. Esto fue conocido como el “Pemexgate” y la multa ascendió a 1,000 millones de pesos.
En ese año, también se multó con 545 millones de pesos a los partidos de la coalición Alianza por el Cambio que habían impulsado la campaña de Vicente Fox para su llegada a la presidencia.
El PAN también tuvo lo suyo cuando su candidato ganó las elecciones. El IFE multó a este partido en 2003 con 360 millones de pesos porque se encontró que una red de financiamiento ilícito proveniente del extranjero y de diversas empresas aportó esta cantidad a la campaña de Vicente Fox. El escándalo fue conocido como “Amigos de Fox” y fue descubierto tres años después de que el partido ganara la presidencia.
Morena recibió una multa de 197 millones de pesos por crear y operar un fideicomiso para apoyar a los damnificados de los sismos de septiembre del 2017. El INE reportó que el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador violó la ley al recibir fondos de entidades no permitidas y no presentar pruebas de que el dinero haya llegado a las y los damnificados.
Además, en el período electoral 2020-2021, el INE multó a Morena, a la coalición Fuerza por México, a Redes Sociales Progresistas, al PAN, y al PRI.
Las irregularidades que provocaron que estos partidos recibieran sanciones fueron en su mayoría, de acuerdo con el consejero presidente del INE Lorenzo Córdova, gastos no reportados o no comprobados.
¿En las próximas elecciones veremos que le quiten el registro a un partido político?
