¿Se acabará la obesidad?
El 4 de agosto, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, celebraba en su conferencia la iniciativa de reforma a la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que impulsó la diputada Magaly López Domínguez, en Oaxaca.
La iniciativa prohíbe la distribución, venta, regalo y suministro de bebidas azucaradas y alimentos envasados, de alto contenido calórico, a menores de edad en ese estado.
Después, la diputada difundió en sus redes sociales mensajes en los que hacía una distinción entre la “comida procesada” y los dulces artesanales de la región:
Algunos medios de comunicación lo calificaron como un hecho histórico: el Congreso de Oaxaca había aprobado la ley y pasaría al Ejecutivo local para su publicación en el Diario Oficial del estado.
“La presente iniciativa busca coadyuvar a resolver los graves problemas de salud que implican para la infancia, el consumo de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico (…) La presencia de estos elementos en la dieta infantil crea obesidad y sobrepeso, diabetes y otras enfermedades que merman considerablemente la calidad de vida de las personas e incluso ocasiona la muerte”, dice el dictamen aprobado con 31 votos a favor.
No basta con legislar
En Oaxaca, la iniciativa aprobada y celebrada por autoridades federales no fue bien recibida por toda la población. La realidad se impuso. La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) explicó que esta medida perjudicaría a los negocios familiares, con pérdidas hasta del 50% de sus ventas.
Ahora, Donato Casas Escamilla, secretario de Salud de Oaxaca, deberá crear la reglamentación de esta ley para especificar qué comida y productos serán los prohibidos.
También te puede interesar: Cambiar la realidad por decreto
López Domínguez, la legisladora que impulsó la ley, explicó que los comerciantes y las cámaras empresariales han “mal informado” a la población, ya que han hecho pensar que los dulces tradicionales también serán prohibidos.
La medida, aclara la diputada morenista, sólo está enfocada hacia la venta de productos “ultraprocesados”.
“Apenas estamos empezando. Hay mucho trabajo por hacer como una campaña de sensibilización dirigida a padres de familia sobre todos los efectos negativos de la comida procesada para la salud de sus hijos”, dijo la legisladora.
La batalla continúa
Los vendedores de tiendas y pequeños establecimientos no son los únicos que han levantado la voz en contra de este tipo de medidas.
Ante el etiquetado y la posibilidad de que en otros estados se unan a la prohibición de comida procesada a los niños, la industria y sus cabilderos o negociadores, están organizando una estrategia que detenga estas iniciativas.
Raúl Riquelme Cacho, vicepresidente nacional de enlace legislativo de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), dijo a El Sol de México: “Lo haremos como industria organizada: Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamín), Canacintra, Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (Antad), Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) y Cámara de Comercio de la Ciudad de México (Canaco)”.
Te recomendamos: ¿Qué tan seria es la idea de despenalizar todas las drogas?
El “problema gordo” de México
Como lo explicamos anteriormente en este video, 23 personas mueren cada hora por alguna complicación de salud como consecuencia del sobrepeso o la obesidad en el país.
Estos lamentables fallecimientos, así como las medidas para evitarlos y contrarrestar este problema público, también se reflejan en las finanzas de todas las mexicanas y mexicanos. De acuerdo con la Secretaría de Salud, el gasto por este tipo de padecimientos a nivel nacional es de 240 mil millones de pesos al año.
El problema de la obesidad en México y sus consecuencias, no sólo son “alimentadas” por el consumo de comida procesada o super procesada. También influyen las largas jornadas de trabajo, la nula actividad física y la pobreza.
Para combatir este problema no sólo se debe de dejar de culpar los altos niveles calóricos de los alimentos que consumimos, también se necesitan políticas públicas que hagan más accesibles los alimentos sanos y con valor nutricional alto para la población mexicana.
Obesidad como el culpable de la tragedia por COVID-19
La autoridad sanitaria señaló a la obesidad, el sobrepeso y los malos hábitos alimenticios como factores que propiciaron el aumento de letalidad de la COVID-19 en el país.
Al 17 de agosto, el gobierno reportó 58,898 muertes a causa de la COVID-19. Y la cifra sigue aumentando. Uno de los factores de dicho crecimiento, en palabras de López-Gatell, era la comorbilidad provocada por enfermedades cardiovasculares y ligadas al sobrepeso.
“¿Para qué necesitamos el veneno embotellado, el de los refrescos? ¿Para qué necesitamos donas, pastelitos, papitas que traen alimentación tóxica y contaminación ambiental? Las botellas llegan a los ríos y luego al mar”, dijo el subsecretario de Salud.
¿Serán suficientes estas iniciativas y las campañas de algunos funcionarios para derribar años de mala alimentación en las mexicanas y los mexicanos?
