El avión presidencial de México que “no tenía ni Obama” sigue en la búsqueda de su nuevo dueño. De las 14 interesadas en adquirir el Boeing 787-8, que dijo el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) en abril, hoy hay seis empresas privadas en Estados Unidos que buscan adquirirlo.
“Todavía estamos en negociaciones y revisando”, adelantó en San Luis Potosí el director de Banobras, Jorge Mendoza Sánchez, sobre las compañías que están registradas. Aunque –como siempre– el presidente Andrés Manuel López Obrador tenía otros datos.
El presidente había dicho, el pasado 15 de julio, que habían recibido propuestas de cinco países distintos (sin especificar qué países eran ni cuántos interesados), y no seis de Estados Unidos como apuntó el titular de Banobras.
“Tenemos seis interesados, creemos que son propuestas serias. Más adelante estaremos tomando una decisión como gobierno sobre cuál de esas es atractiva y si conviene o no venderlo a esos precios”, puntualizó Mendoza Sánchez, al ser cuestionado en el Aeropuerto de Tamuín, San Luis Potosí.
El 15 de julio se cerró la solicitud para quienes tuvieran interés en adquirir la aeronave que AMLO promueve como una unidad “para 280 pasajeros, con restaurante, con alcoba, un avión de lujo, un palacio para los cielos”.
“Se está haciendo una investigación porque se tiene que conocer sobre la procedencia del dinero, la ética, volvemos a lo mismo, la seriedad de los compradores –por eso lo de la ONU–, pero va bien. Entonces, vamos a esperar”, señaló López Obrador sobre la aeronave que se encuentra en el aeropuerto de Logística del Sur de California, en Victorville, San Bernardino.
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Aún no lo venden y el dinero ya está asignado
Lo que se obtenga por la venta del avión presidencial se destinará al Plan Integral de Desarrollo para Centroamérica, dijo el presidente el 12 de junio. Sin embargo, los deseos del jefe del Ejecutivo difieren de lo expuesto por el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, durante su comparecencia del 9 de abril ante la Comisión de Comunicaciones y Transportes en el Senado: “De la venta del leasing (arrendamiento) no vamos a recuperar dinero, vamos a dejar de pagar lo que faltaba por los años siguientes”.
También se firmó un contrato de arrendamiento financiero a 15 años, para reducir el impacto presupuestal y no afectar otros rubros de gasto (para sumar los intereses, la operación y el mantenimiento de la nave), con lo cual el costo total del avión aumentó a cinco mil 213 millones pesos de los cuales, hasta diciembre de 2018 ya se habían pagado mil 622 millones de pesos (mdp).
Si el avión presidencial se vendiera en 150 millones de dólares (según la valuación hecha por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos), el gobierno federal obtendría dos mil 850 mdp; sin embargo, aún se deben tres mil 591 mdp, es decir, AMLO debe usar el dinero, primero, para pagar lo que adeudan de la compra inicial, y todavía le faltarían 741 mdp para saldar el costo.
Jiménez Espriú indicó que Banobras está negociando la transferencia del arrendamiento financiero a quien decida quedarse con el avión presidencial. ¿Será por ello la disminución del interés de quienes podrían comprarlo?
