Ariela iba en primero de prepa cuando envió un par de videos con contenido sexual al chico con el que salía por ese entonces. Confiaba en él. Dos años después, los videos se se hicieron virales. Para él no hubo consecuencias, para ella fue una experiencia que no quisiera volver a repetir. “Nunca en la vida me imaginé que toda mi escuela tenía vídeos íntimos míos”, dijo en entrevista con Cuestione.
Era 2017 y estudiaba la preparatoria. Con 18 años, Ariela tuvo que enfrentar la realidad de que todos los compañeros de su escuela y de otros lados, tenían los vídeos. Ella nunca dió permiso de se difundieran, pero de todos modos se compartieron una otra vez.
“Fue un momento de soledad, el mundo se había volteado contra mí, no había nadie que me dijera que yo no tenía la culpa. Poco a poco he sanado, estoy en paz pero todavía me duele (…) sí soy la del video, pero soy infinitas cosas más y no me tengo que reducir a un vídeo”, dijo con firmeza Ariela, de ahora 21 años.
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En esos años, compartir contenido sexual sin consentimiento por plataformas de Internet y redes sociales no era era un delito ni tenía consecuencias para quién lo hacía. Ahora, en la Ciudad de México y otros 14 estados del país, ya se penaliza con cárcel la difusión no consentida de contenido sexual en plataformas de Internet y redes sociales.
Olimpia Coral Melo fue una de las responsables de llevar a la cárcel a quien difundiera contenido sexual sin consentimiento. A los 18 años su entonces novio le pidió que grabaran un vídeo teniendo relaciones sexuales. Llevaba años de relación con él, y nunca pensó que todo Huauchinango, Puebla -donde ella nació- vería esos vídeos. Tuvo que cambiarse de ciudad, porque “pueblo chico, infierno grande”, contó a Cuestione la ahora activista.
“No hay delito qué perseguir, tú te dejaste grabar”, le dijeron las autoridades de Puebla a Olimpia cuando se sobrepuso a la depresión, a tres intentos de suicidio y quiso que se hiciera justicia. No había ley que penalizara a quien difundiera sin permiso contenidos sexuales, así que construyó una. Primero propuso una en la que “pasar el pack” fuera delito en todo el país, pero se dio cuenta de la complicada tarea, así que la propuso estado por estado.
¿Que es la violencia digital?
La violencia, amenazas, vulneración de datos e información privada, difusión de contenido sexual, ya sea mediante fotografías, videos o audios en redes sociales o cualquier otra plataforma digital sin consentimiento de la víctima, son actos que atentan contra la libertad e integridad de las personas.
Conocen nuestros cuerpos, pero no nuestras historias
En la Ciudad de México, donde ya hay 57 denuncias, según Olimpia Coral, recién se acaba de aprobar la Ley Olimpia, que es una iniciativa ciudadana que busca reformas al Código Penal de la Ciudad de México y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para penalizar la violencia digital.
No ha sido un trabajo fácil: tan solo para que se se aprobara en Puebla, que fue el primer estado en donde se volvió ley, tuvieron que pasar seis años. Apenas a finales del año pasado el Congreso de ese estado legisló en favor de la iniciativa de Olimpia, explicó Coral Melo a Cuestione
Después de Puebla, la Ciudad de México fue una de las más reacias en pasar la iniciativa. “Había muchos bloqueos, muchos egos políticos, por eso hicimos estrategia política de otro modo era imposible”, añadió Coral Melo.
Ahora los retos son educar a la ciudadanía en temas de violencia digital y lograr que se cumpla la Ley. Ya se ven los primeros resultados de su trabajo porque en Nuevo León, Baja California Sur, Guanajuato y Querétaro, ya hay personas que enfrentan procesos penales por difundir contenido sexual sin consentimiento, abundó Olimpia.
Iniciativas ciudadanas
Que una persona “de a pie” pueda pedir la modificación o creación de una legislación es un proceso complicado, por eso Olimpia empezó al revés, estado por estado, con las particularidades de cada legislación estatal y el apoyo de legisladoras y legisladores interesados en su Ley.
Desde 2012 las personas pueden presentar propuestas de ley ante órganos legislativos y estas pueden ser para modificar la Constitución o para derogar o crear leyes secundarias. Pueden ser simples; es decir, un ciudadano hace una petición al Poder Legislativo sobre algún tema en particular. También pueden ser formuladas con proyectos de ley elaborados y promovidos directamente por la ciudadanía.
La tarea no es nada fácil, porque primero hay formular una propuesta; luego, juntar firmas del 0.13% de la lista nominal de electores, es decir unas 116 mil para luego entregar la propuesta al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de origen, que a su vez avisa al Pleno y solicita al Instituto Nacional Electoral (INE) la verificación de las firmas.
Una vez que el INE aprueba el número de firmas, el presidente de la Mesa Directiva turna la iniciativa a comisión para su análisis y dictamen, si se aprueba entonces pasa a una cámara revisora, en donde se analiza y se vota de nueva cuenta. Después de todo esto, llega finalmente al Poder Ejecutivo y hasta entonces se puede promulgar una ley.
De 2012 a 2018 se han presentado 11 iniciativas ciudadanas en el Congreso de la Unión, pero solo una llegó a Ley, que es la de Responsabilidades Administrativas, mejor conocida como Ley 3 de 3.
Sin eso y la ayuda de colectivas feministas a lo largo y ancho de todo el país, hoy la Ley Olimpia estaría estancada, pero difundir contenidos sexuales sin consentimiento, ya es delito en casi la mitad del país que se paga hasta con seis años de cárcel.
