“Pío López Obrador no podrá denunciar al periodista Carlos Loret de Mola por los delitos de difamación o calumnias”, nos dijo Leopoldo Maldonado Gutiérrez, director regional de Artículo 19 –organismo que defiende la libertad de expresión y el derecho a la información.
El hermano del presidente “en todo caso tendría que acudir al fuero civil o al ámbito de derecho civil para demandar por daño moral, y eso si se considera que vulnera su reputación o su honor”, advirtió Maldonado Gutiérrez.
Ahora, para que esto proceda, Pío López debe acreditar el daño moral mediante un peritaje profundo que compruebe que efectivamente la difusión de los videos afectaron su honor, su reputación y su vida privada.
Te puede interesar leer: El papel de los medios en tiempos de AMLO
“Siempre los actores políticos buscan la manera de darle la vuelta a la ley; buscan las letras chiquitas para tratar de amedrentar a los periodistas mediante mecanismos legales de toda índole: penal, civil, administrativa”, agregó Leopoldo Maldonado.
Al director regional de Artículo 19, le llama la atención que nuevamente “se busque por la vía penal amedrentar a un periodista”, cuando desde hace 15 años se intensificó la lucha por despenalizar delitos que inhiben la libertad de expresión.
En abril de 2007, el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa firmó un decreto y eliminó del Código Penal Federal los delitos de difamación, calumnia e injuria.
¿Qué demandó el hermano de AMLO ante la FGR?
Pío López Obrador denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) al periodista Carlos Loret de Mola por la difusión de videos en los que se observa al hermano del presidente recibiendo dinero de David León Romero en 2015. Exige 12 años de cárcel para el responsable.
Pío López Obrador señaló que el material difundido en el portal de noticias Latin.us se hizo en su perjuicio y el de su familia, además de que “toda comunicación reservada o secreta está protegida por nuestro sistema jurídico”.
De acuerdo con Loret de Mola, el hermano del presidente señaló en demanda ante la FGR, que las diversas conversaciones que sostuvo con David León Romero “tenían carácter de reservadas”, por lo que estaban “protegidas por el derecho humano a la intimidad”.
Pío sustentó su reclamo en el Artículo 211 Bis del Código Penal Federal, que establece una pena de seis a 12 años de prisión y hasta 600 días de multa para quien divulgue indebidamente “imágenes obtenidas en una intervención de comunicación privada”.
¿Pueden encarcelar a Loret de Mola?
Leopoldo Maldonado Gutiérrez, director regional de Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica, calificó de “desproporcionada” la denuncia que presentó el hermano de AMLO en contra del comunicador el pasado 2 de octubre.
“Es una denuncia completamente fuera de lugar y no tiene sustento. Busca inhibir el ejercicio de libertad de expresión, busca atacar la difusión de información de hechos de interés público”, dijo Maldonado.
Maldonado Gutiérrez mencionó que una de las facultades con las que cuenta el Ministerio Público dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales es la de rechazar una denuncia.
“Tendría que ser inmediatamente desestimada. El Ministerio Público cuenta con mecanismos de terminación anticipada de la investigación. Ni siquiera se tendría que abrir una carpeta de investigación, mínimamente eso es lo que esperamos en un Estado democrático de derecho”, señaló el entrevistado.
Quizá quieras leer: Intimidación contra periodistas: nuevo rostro, viejas prácticas
Está justificada la difusión del video
El Artículo 6 de la Constitución establece que “el derecho a la información debe de ser garantizado por el Estado”. Y la publicación de ideas no será objeto de investigación a menos que “ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros”.
La exigencia de Pío López Obrador, nos explicó Leopoldo Maldonado, “es una reacción totalmente desproporcionada, evidentemente porque para empezar, el video que fue difundido contiene información de interés público”.
El director regional de Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica expuso que la sociedad mexicana “está interesada en ver lo qué pasa con las redes políticas; en los actores políticos”.
En saber “cómo se manejan este tipo de recursos (presuntas donaciones en favor del movimiento de Andrés Manuel López Obrador), por lo que está justificada la difusión de información en este sentido”.
Sin embargo, si los datos que manejan son de seguridad nacional, pero “evidencian hechos graves de corrupción, de violaciones graves a derechos humanos o de daños graves al medio ambiente, se justifica que estos alertadores filtren esta información estando dentro del gobierno”.
Más sobre: 50 historias de periodistas asesinados este siglo
¿Un golpe a la libertad de expresión?
En septiembre de 2020, Guillermo Fernández-Maldonado Castro, representante ante México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH México), alertó en una carta entregada a la Cámara de Diputados, sobre el riesgo que enfrentan quienes defienden los derechos humanos y la libertad de expresión.
“En México enfrentan una situación de riesgo marcada por la violencia, las amenazas y los obstáculos para el libre desarrollo de estas actividades esenciales para la democracia”.
Leopoldo Maldonado nos dijo que la “degradación del estado de la libertad de expresión en México ha tomado nuevas formas. Quiero dejar claro que no gozaba de una libertad de expresión robusta y desinhibida” antes del gobierno de López Obrador.
“El problema es que ahora, en voz del propio presidente se fustiga a periodistas apelando a un mal entendido o mal interpretado derecho de réplica; apelando a su propia libertad de expresión”.
Dejando de lado que “un jefe de Estado, como alto funcionario, tiene la calidad de garante de la libertad de expresión. Si hay una responsabilidad de sus dichos; si hay una responsabilidad de su discurso que estigmatiza a periodistas, mayor es la responsabilidad en un contexto de violencia contra la prensa”, dijo Maldonado.
De acuerdo con datos de Artículo 19, del año 2000 a la fecha se registraron 135 asesinatos a periodistas y de 2009 a 2019 se contabilizan 3,918 agresiones de diferente magnitud y de diferente naturaleza contra comunicadores.
“Por su puesto que la situación de la libertad de expresión, se está degradando ahora con un nuevo elemento que es el discurso presidencial, que además se replica en otras entidades de la república, en otros municipios”, concluyó el experto.
Pío López Obrador demanda cárcel para quien difundió los videos en los que recibió dinero, sin embargo, los delitos por difamación o calumnias fueron eliminados desde la gestión de Felipe Calderón. ¿Insistirá en llevar a juicio moral a Loret de Mola?
