“El gobierno nos ha dicho que es un delito violar los derechos de los niños. ¿Pero qué nos dice de la delincuencia organizada que tiene niños de 12-13 años como ‘halcones’? Son los que vigilan a la población, son los que nos están perjudicando…”, se oye decir en un video a un integrante de la Policía Comunitaria del poblado de Ayahualtempa, en Guerrero.
La queja del indígena –mientras se ve a varios menores de edad armados con rifles y embozados– pareciera interpretarse como que hay niños “buenos” y niños “malos” en el uso de las armas, que unos están con el crimen -como si fuera por gusto- y otros se suman (por “voluntad propia”) a las fuerzas que combaten a la delincuencia que azota a su comunidad.
Lo que parece olvidarse -nos dijeron defensores de la infancia– es que esos niños “buenos” y “malos” son víctimas de un sistema que no les da oportunidades de educación, salud, desarrollo social y de acceder a una vida digna libre de violencia, tanto en sus hogares como fuera de ellos.
“Ningún niño, niña o adolescente debe tener un arma en sus manos, ni siquiera un juguete bélico, mucho menos un arma que potencialmente podría ser usada”, nos aclaró Tania Ramírez, directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), al referirse al reciente reclutamiento de niños a la Policía Comunitaria de Ayahualtempa, un hecho que se difundió masivamente e indignó a gran parte de la sociedad.
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“Grito desesperado”
A finales de enero de 2024, líderes locales de Ayahualtempa, en el municipio de José Joaquín de Herrera, Guerrero, presentaron en asamblea a 15 niños y cinco niñas -de entre 11 y 15 años- que se sumaron a la Policía Comunitaria, para enfrentar a grupos criminales que atormentan a la población desde hace varias semanas. Se informó que la banda conocida como Los Ardillos había secuestrado a cuatro integrantes de una familia.
En respuesta, el gobierno estatal advirtió que denunciaría a la Policía Comunitaria por haber reclutado a menores de edad. Mientras que la población rechazó el envío de despensas por parte de las autoridades en tanto no se resuelva la inseguridad en Ayahualtempa.
Al respecto, Tania Ramírez nos explicó que ese reclutamiento de niñas y niños es “un grito desesperado, una llamada de atención por parte de estas comunidades ante la imposibilidad de ver garantizadas la vida y la seguridad en su región”.
La directora de Redim aclaró que no es lo mismo un reclutamiento forzado por parte del crimen organizado que se realiza con extorsión y coacción, o desapareciendo a niñas, niños y adolescentes, que lo ocurrido en esa localidad de Guerrero, donde al parecer se trató de un proceso comunitario organizativo ante una realidad en la que el Estado ha fallado en garantizar la seguridad a la población.
Sin embargo, nos insistió la activista, ese reclutamiento aparentemente voluntario “no es una práctica que se pueda aplaudir”, y llamó a las autoridades a investigar y sancionar “todos los otros crímenes y violaciones a derechos humanos que niñas y niños han estado viviendo en Ayahualtempa” por la pobreza y la presencia de la delincuencia organizada.
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Reclutamiento infantil ocurre “desde hace décadas”
Ramírez precisó que la cercanía de la niñez con las armas está presente prácticamente en muchas comunidades de todo el país “desde hace años, sino es que décadas”. En ese sentido podemos recordar que con el auge de la violencia por parte de los cárteles mexicanos salieron a la luz varios casos emblemáticos de lo que la prensa bautizó como “niños sicarios”.
Por ejemplo, en diciembre de 2010, durante el sexenio de Felipe Calderón -quien le declaró la guerra al narcotráfico y desató una de las etapas más violentas en el país-, fue detenido Edgar N. Jiménez, El Ponchis, quien con tan solo 14 años fue acusado por posesión de armas de fuego exclusivas del Ejército y participación en secuestros, torturas y homicidios.
Ese “niño sicario”, quien según se informó fue adiestrado desde los cinco años por el crimen organizado, fue liberado en 2013 tras cumplir su condena en el Centro de Medidas Privativas de la Libertad para Adolescentes de Morelos. En medio de un fuerte operativo, El Ponchis fue llevado al aeropuerto de la Ciudad de México para viajar a EU, donde le esperaba su madre.
En hechos más recientes, en febrero de 2023, fue detenido Said N., de 14 años y apodado El Chapito, por su presunta participación en una balacera que dejó ocho muertos y siete heridos, durante una fiesta de cumpleaños en Chimalhuacán, Estado de México. Asimismo, en noviembre de 2023 fue asesinado a balazos en la CDMX un adolescente de 15 años conocido como El Cachetes, quien presuntamente estaba vinculado a la delincuencia organizada.
“Somos un país donde las infancias y adolescencias encuentran más ‘oportunidades de desarrollo’ y ‘aspiraciones’ de la mano de grupos delincuenciales que aquellas que pueda brindarle el Estado y la propia sociedad”, señaló la Redim sobre ese tema en su Balance anual 2023.
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Mientras que en el estudio Reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos en México, el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad y Redim advierten que “las desigualdades sociales, la falta de oportunidades, los diversos tipos de violencia de los que son víctimas, la deserción escolar y el acceso a drogas” son algunos factores que facilitan la captación de los menores de edad por parte del crimen.
¿Qué hacer para proteger a la infancia y adolescencia?
Al señalarnos que entre 145,000 y 250,000 niñas, niños y adolescentes están en riesgo de ser reclutados o utilizados por grupos delictivos en México, Tania Ramírez destacó que esta actividad violenta diversas garantías estipuladas en la Convención de los Derechos del Niño de la ONU. “Se afectan el derecho a una vida libre de violencias, el derecho a la vida, supervivencia y desarrollo, e incluso el derecho a la educación, entre otros”, nos enumeró.
En ese sentido, desde 2019 el Estado mexicano se comprometió a la detección y prevención del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por la delincuencia organizada como parte del Plan de Acción 2019-2024 de México en Alianza Global para poner fin a la violencia contra la niñez.
Sin embargo –lamentó Redim en otro análisis-, hasta ahora se desconocen cifras oficiales sobre el número de personas entre cero a 17 años que han sido reclutadas por la delincuencia organizada. “México carece, además, de políticas públicas que puedan atender y prevenir, de manera integral, el reclutamiento y la utilización de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos delictivos y el crimen organizado”, indicó la organización.
Al respecto, Ramírez nos recalcó que urge se tipifique el delito de reclutamiento, pues es una actividad que puede ser perseguida y sancionada dentro de la Ley de Trata. “La tipificación debe ir dirigida contra los adultos que realizan el reclutamiento, porque lo que vemos es que la acción penal se centra -y a veces muy duramente- contra las posibles faltas que hubieran cometido los niños una vez que fueron reclutados”, apuntó la experta.
“Otra cosa que puede y debe hacerse es seguir fortaleciendo al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) en los ámbitos federal, estatal y municipal, pues es clave para hacer lecturas sistémicas sobre estas realidades complejas que no necesitan una acción o política única”, concluyó la directora de Redim.
