San Fernando, otra vez San Fernando. Ahora no son 72 –como en 2010–, sino 19 los migrantes centroamericanos que fueron bajados de un autobús y trasladados a rumbo desconocido. Y, de hecho, sino hubiera sido por la empresa Transpaís que hizo público el hecho, probablemente, ni usted ni yo sabíamos del hecho, ¿cuántos más habrá?
México se ha convertido en un hoyo negro donde los migrantes desaparecen. Los 19 desaparecidos en San Fernando, Tamaulipas, son los casos más recientes de una lista que históricamente podría llegar a 70 mil, de acuerdo con organizaciones civiles.
Un grupo armado de encapuchados, a bordo de cuatro vehículos, interrumpió la marcha de un autobús de pasajeros de la empresa Transpaís en el kilómetro 79 de la carretera Matamoros-Reynosa, y obligaron a 19 migrantes a descender.
La selección no fue al azar, llevaban una lista de nombres de las personas que se llevaron, lo que hace suponer a las autoridades que formaban parte de delincuentes que trasladan migrantes.
Y aunque el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, dijo en conferencia de prensa que “polleros” habrían llevado a los migrantes a Estados Unidos, la desaparición de migrantes centroamericanos en México es una realidad.
“Hay un antecedente ahí que las autoridades no han prevenido… este es un hecho que se hace público, pero en realidad desaparecen constantemente”, dijo Rubén Figueroa, representante del Movimiento Migrante Mesoamericano.
Los secuestros en las carreteras, especialmente, en la frontera de Tamaulipas y Texas no han sido atendidos por las autoridades, lamentó.
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Historia de secuestros masivos
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) documentó, entre abril y septiembre de 2010, 214 eventos de secuestro de migrantes, muchos de ellos masivos que dejaron 11 mil 333 víctimas.
Cada año, al menos 450 mil migrantes centroamericanos cruzan México, aseguró en un encuentro con legisladores Christopher Gascon, representante de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
¿Cuántos se denuncian? Muy pocos, afirmó Figueroa, quien ha acompañado a madres centroamericanas, que viajan a México cada año en caravana para exigir justicia, a realizar alrededor de 100 denuncias penales a la Fiscalía General de la República (FGR) a lo largo de los últimos cinco años.
“Madres han interpuesto la denuncia incluso en México y de nada sirve. Y la cuestión es que el Estado mexicano no busca a los desaparecidos pese a haber denuncias”, dijo Figueroa.
A finales de 2015, el expresidente Enrique Peña Nieto abrió una oficina dentro de la entonces PGR para atender los delitos contra migrantes. Sin embargo, este año el presupuesto asignado a la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes bajó 21%, al pasar de un millón de pesos, en 2018, a 790 mil en 2019.
Delitos en la impunidad
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) expuso, en 2017, que 99% de los delitos contra migrantes quedan en la impunidad. Esto con base a un análisis hecho sobre cinco mil 824 delitos contra migrantes en Sonora, Coahuila, Chiapas, Tabasco, Oaxaca y a nivel federal reveló que sólo había 49 sentencias por estos casos.
Parte de la impunidad podría deberse a que las autoridades también cometen atropellos en contra de los migrantes. El 25% de los delitos contra estas personas son cometidos por autoridades, de acuerdo con el informe “Estado Indolente” de la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes publicado el año pasado sobre 2017.
¿Qué sigue para el caso San Fernando?
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el caso está bajo investigación, pero advirtió que existe la posibilidad de que los desaparecidos en San Fernando hayan sido sacados del país. “Estamos pidiendo información, incluso, a gobiernos centroamericanos y estamos pidiendo información al gobierno estadounidense, estamos haciendo la investigación completa”.
Además, de los 19 personas que fueron bajadas del transporte, otros 25 presuntos migrantes desaparecieron cuando viajaban en una unidad el 21 de febrero también en Tamaulipas, dijo el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas. “Se está haciendo el seguimiento de esta investigación. Evidentemente, está ligado al tráfico de personas, como hemos enfrentado otros sucesos similares en otros estados de la República en estos momentos”.
