La tortura sexual es una práctica de control social que realizan de manera frecuente elementos de las fuerzas de seguridad como una especie de “castigo” durante la represión de manifestaciones o para obtener confesiones y elevar el numero de detenciones, como lo acusa la organización de defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional en una investigación en la que siguió los casos de 100 mujeres detenidas en México hasta 2016.
Los actos de tortura contra las mujeres que registró la organización incluye golpizas, “amenazas de violación a las mujeres y a sus familias, semiasfixia, descargas eléctricas en los genitales, manoseo de pechos y pellizcos en los pezones; violación con objetos, dedos, armas de fuego y penes”, según explica el informe de la organización.
La organización encontró que de las 100 mujeres detenidas entrevistadas, 72 habían sufrido abusos sexuales durante su arresto o en las horas siguientes y 33 habían sido violadas. De estos casos se denunciaron 66 ante un juez o autoridad, pero sólo en 22 se abrieron carpetas de investigación y hasta el momento del informe se desconocía si había algún castigo para los responsables.
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Estos abusos se cometen principalmente en contra de mujeres jóvenes de bajos recursos, de zonas marginadas o comunidades indígenas que sufren un alto grado de discriminación y que no tienen la herramientas para buscar justicia para sí mismas, lo que las hace más vulnerables a las detenciones arbitrarias con todas las violaciones a los derechos humanos que conllevan.
El sociólogo e investigador de la Universidad de Guadalajara, Sergio Padilla Oñate, nos explicó que los militares se caracterizan por actuar bajo una lógica de guerra que significa tratar a las personas como enemigas por lo que, de alguna forma, se anula la persona, se anulan sus derechos y se vuelve susceptible de cualquier abuso.
Tanto los militares como los policías están en instituciones donde se exacerban las prácticas machistas que combinadas con la lógica de guerra generan manifestaciones como la tortura sexual
“Es una práctica histórica, no es nada nuevo y es algo característico de las fuerzas de seguridad en México, pero también en el mundo. En estudios que he realizado pudimos ver que los hombres tienen más probabilidad de sufrir prácticas de tortura como ser asfixiados o sufrir descargas eléctricas, pero en la violación sexual, que es considerada un tipo de tortura en estos casos, las mujeres tienen más probabilidades de padecerla que los hombres”, nos dijo Padilla Oñate.
Casos lamentables
Cuando Valentina Rosendo Cantú tenía 17 años, en 2002, fue detenida arbitrariamente por ocho militares que la golpearon y la violaron. La mujer indígena que pertenece a la comunidad Me´phaa, en Guerrero, tenía 17 años, una hija y estaba casada con el señor Fidel Bernardino Sierra.
En aquel febrero de 2002, ella estaba a punto de bañarse en un arroyo cerca de su casa cuando los militares, quienes llevaban a un hombre encapuchado detenido, le mostraron una fotografía y una lista de nombres para identificar a sujetos que estaban buscando y la sometieron para interrogarla. Antes de violarla, uno de los militares la golpeó en el estómago con su arma, la agarraron de cabello, la tiraron al suelo y le rasguñaron la cara.
Durante más de un año, Valentina denunció estos hechos en todas las instancias mexicanas que pudo sin lograr nada. El 10 de noviembre de 2003 presentó una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar su caso, que fue aceptado hasta el 21 de octubre de 2006.
Después tuvieron que pasar 12 años para que finalmente el 1 de junio de 2018 la jueza Iliana Fabricia Contreras Perales del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero emitiera una sentencia condenatoria contra los militares Nemesio Sierra García y Armando Pérez Abarca, por los delitos de violación y de tortura contra Valentina y se les dio una pena de 19 años, cinco meses y un día de prisión, condenándolos además al pago de la reparación del daño.
¿Por qué es tan complicado investigar y castigar los abusos de las fuerzas de seguridad? El sociólogo Sergio Padilla nos explicó que cuando un policía comete abuso y se levanta una queja al respecto el área encargada en la policía es la de Asuntos Internos, integrada por policías y abogados, que tiene la facultad y de ser ciertas las acusaciones, sancionarlos.
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“Pero hay dos problemas: la gran mayoría de las unidades de Asuntos Internos en el país tienen muy poco personal, se encuentran rebasadas y sus capacidades de acción están muy limitadas (…) y cuando hacen un buen trabajo, cuando se detecta que un individuo cometió violación y se le sanciona, la institución no está diseñada para ir más allá, es decir son castigos individuales”, detalló.
Esto significa que el castigo de estos casos no generan una reflexión en la institución sobre qué están haciendo para que la tortura sexual y otros abusos sean tan frecuentes en las prácticas de los elementos de seguridad.
“No hay instrumentos de mejora institucional que permitan que alguien diga ‘mira están cayendo muchos casos de violaciones, algo está pasando’, para ver si está ligado con un mando, asociado con una práctica que están realizando quienes persiguen algún tipo de delito, si es un grupo en específico o si es algo más generalizado en la corporación”, alertó.
Además, los elementos castrenses han contado con un pacto de impunidad que da la correlación entre actores políticos y altos mandos, incluso cuando eran acusados de graves violaciones de derechos humanos, el asunto se trataba dentro de la justicia militar.
Casos como el de Valentina sentaron un precedente que hizo que en 2014 el Congreso de la Unión reformara el artículo 57 del Código de Justicia Militar para que los casos de violaciones de los derechos humanos de personas civiles sean juzgados por el sistema ordinario de justicia y no por tribunales militares.
Para que las fuerzas del orden, el Ejército, la Guardia Nacional y todas las personas encargadas de la seguridad en el país dejen de cometer graves delitos como la tortura sexual, es necesario que sean verdaderamente capacitados en perspectiva de género y actúen en congruencia cuando salgan a la calle, nos dijo el investigador Sergio Padilla.
“Estas personas cuando salen a la calle comienzan a actuar conforme les dicen sus mandos y sus mandos no van a fortalecer estos conocimientos de perspectiva de género que les dan en los cursos, sino que van a exacerbar el machismo, las prácticas abusivas. Hace falta hacer esfuerzos más profundos de supervisión y de capacitación”, consideró.
También nos dijo hace falta politizar el tema, que haya presión social para que deje de imperar la impunidad entre las fuerzas de seguridad y que de esta manera no se repita un evento como la violación sexual de 31 mujeres tras la represión en 2006 de una manifestación en San Salvador de Atenco, Estado de México, que llegó a la Corte Interamericanda de Derechos Humanos gracias a la persistencia de 11 de las víctimas y organizaciones como Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y el Centro de los Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
Sin castigo ejemplar ni sanciones para los altos mandos, difícilmente se podrán prevenir los graves delitos racistas, machistas y discriminatorios perpetrados por las fuerzas de seguridad en contra de mujeres vulnerables que no deberían tener que esperar por años a que se les haga justicia.
