El 9 de septiembre, un grupo de agricultores expulsó a la Guardia Nacional de la presa La Boquilla, en Chihuahua, para evitar que el agua fuera enviada a Estados Unidos. Una semana después, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas de políticos involucrados con la toma de la presa.
Como consecuencia de estos bloqueos, el municipio de Delicias, Chihuahua, no pudo pagar salarios, becas ni programas sociales. Y, a la semana siguiente, las 109 cuentas bancarias que habían sido congeladas, fueron desbloqueadas.
¿El gobierno está utilizando la UIF a conveniencia para amedrentar la protesta, la oposición y el sector empresarial? ¿O solo se trata de coincidencias dentro de la muy necesaria lucha contra la corrupción?
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Uso político de la UIF
Según su página web, el propósito de la UIF es “coadyuvar en la prevención y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita —comúnmente conocido como lavado de dinero– y de financiamiento al terrorismo”.
Sin embargo, para el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, “se le está obligando a esta Unidad a generar procedimientos sin sustento, sin asidero”.
Corral acusó al gobierno de usar a la UIF a conveniencia para intimidar políticamente, porque se congelaron las cuentas bancarias de varios políticos en Chihuahua, justo después de las protestas y la toma de la presa La Boquilla.
“Me parece muy delicado que los instrumentos tan estratégicos en el combate a la corrupción se utilicen con ánimo intimidatorio. Eso lo hacen los regímenes autoritarios, los regímenes dictatoriales”, dijo Corral.
El experto en temas de seguridad pública, Víctor Manuel Sánchez Valdés, publicó en Milenio que ve con preocupación el uso político que se le ha dado a la UIF.
“Da la casualidad que cuentas de al menos 50 implicados en una protesta legítima en contra del Gobierno Federal, ahora enfrentan hostigamiento fiscal. No dudo que alguno tenga pendientes fiscales, pero resulta raro que las investigaciones se den precisamente después de que se vuelven incómodos al gobierno en turno”, escribió Sánchez Valdés.
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Intimidación y propaganda
De acuerdo con el doctor en Ciencia Política por la UNAM, Jorge Márquez, los anuncios de congelamiento de cuentas por parte de la UIF, son propaganda política.
“El uso político de la UIF se puede ver en dos cosas, por un lado en nivel de propaganda, como una forma de mantener vigente el discurso de la corrupción del pasado”, nos dijo Márquez.
Sin embargo, según el especialista, “la propaganda no coincide con la realidad”, ya que se han prometido “cantidades impresionantes, como 50,000 millones de pesos en recuperación”. Sin embargo, el año pasado se quedaron bloqueados alrededor de 4,000 millones de pesos, que quizá se hubieran recuperado con los esquemas anteriores y sin tanta propaganda.
En 2019, la UIF terminó desbloqueando 10,500 millones de pesos, 4.6 millones de dólares y 9,000 euros, eso sí, debido a que los dueños se pudieron amparar porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) consideró en 2017 inconstitucional el bloqueo de cuentas bancarias sin la orden un juez.
Para revertir esta situación, a finales de 2019, diputados y senadores aprobaron una modificación a la Ley de Instituciones de Crédito, para congelar cuentas cuando haya indicios suficientes de que están relacionadas “con delitos de financiamiento al terrorismo, operaciones con recursos de procedencia ilícita”, de acuerdo con el boletín No. 2958 de la LXIV Legislatura. Sin embargo, tras devolverla al Senado para su promulgación, ésta no ha tenido lugar.
Para Jorge Márquez el asunto no es menor, porque ha derivado en “amenazas directas”, se está creando un ambiente de linchamiento contra algunos sectores de la oposición, incluso una parte importante del sector empresarial.
Lo cual puede convertirse en una forma para desincentivar las inversiones, detalló el experto, “algo que no conviene para la economía y el empleo”.
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La UIF, la oposición y el presidente
Márquez considera que es cierto que un gran sector de la oposición está intimidado por estos actos de propaganda y sí hay mucho temor, tanto porque sí tienen cola que les pisen, como porque temen se dañe su imagen, aunque luego sean absueltos.
Sin embargo, el experto señaló que la oposición no está aplastada mediáticamente porque tengan miedo, sino “porque López Obrador es muy dominante”.
“El riesgo de tener una oposición reducida, ya lo estamos viendo. La falta de consulta para cuestiones importantes, la toma de decisiones unilateral, con falta de profesionalismo, con falta de visión, con falta de pluralidad”, dijo Márquez.
Pero ¿Santiago Nieto, titular de la UIF, solo está obedeciendo al presidente?
El 9 de enero de este año, cuando se le preguntó al presidente sobre si Nieto Castillo entorpecía el trabajo de la Fiscalía General de la República (FGR), al difundir información de investigaciones de lavado de dinero, el presidente dijo: “Santiago no hace nada sin consultar con el presidente”.
El mismo Nieto Castillo declaró, a principios de octubre, que López Obrador decidirá si es candidato de Morena para la gubernatura de Querétaro, si sigue en la UIF o se hace cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, cuando Alfonso Durazo vaya a la candidatura por Sonora.
“Las lealtades son de ida y vuelta, y el presidente López Obrador me ha dado una enorme confianza y una posibilidad de desarrollo aquí en la UIF”, dijo Nieto Castillo.
Para el experto en temas de seguridad nacional, Gustavo Hirales Moran, la manera de actuar de la UIF genera dudas de si es una herramienta del presidente, y ese es el problema de fondo.
“Lo que nos debe importar es que se haga justicia, y que esta justicia se haga guardando los procedimientos formales, porque de otra manera, se profundiza la percepción de que todo es política, que nada es real, que todo es en función de la conveniencia”, nos dijo Hirales Morán.
¿Este sexenio realmente está combatiendo la corrupción?
