Con las precampañas en puerta y las elecciones más grandes en la historia de México a menos de un año, es buen momento para voltear a ver uno de los temas electorales que será fundamental en 2024: la violencia política de género.
En los últimos años, los movimientos de mujeres y las obligaciones de los partidos políticos sobre paridad en candidaturas ha hecho que miles de mujeres entren a la vida política en un periodo muy corto de tiempo. Este shock al sistema no ha sido del todo fácil, si bien los beneficios de tener tantas mujeres en la política son múltiples, la realidad es que México sigue siendo un país profundamente machista y el paso de las mujeres por el servicio público lo ha evidenciado.
¿Qué es la violencia política de género?
La “Violencia política contra las mujeres en razón de género”, es un término que se usa para englobar “todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer (en razón de género), tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo”.
Es decir, son acciones u omisiones en contra de estas mujeres que existen en la esfera del servicio público que las afectan desproporcionadamente por el hecho de ser mujeres o que les suceden por este hecho. Estas pueden ir desde comentarios sexistas y descalificaciones hasta acoso o intimidación.
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En abril de 2020 se tipificó la violencia política por razones de género como un delito. Este fue un gran paso ya que le ha permitido a las autoridades sancionar a quienes la cometen. Sin embargo, “no basta con identificarla, hay que erradicarla” nos dijo Laura Correa, ex titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Nacional Electoral.
Violencia real, consecuencias reales
Iliatenco, Guerrero es un pequeño pueblo en medio de la sierra que en 2021 vio la primera sentencia que anulaba una elección por violencia política de género.
Ruperta Nicolás es una joven mujer indígena que fungía como presidenta municipal en esta pequeña comunidad y en 2021 decidió ir por la reelección y contender con Movimientos Ciudadano por su puesto de nuevo. Sin embargo, la campaña fue brutal y perdió por apenas 53 votos.
Durante las elecciones aparecieron bardas pintadas y carteles vandalizados donde se leía “las mujeres no sirven para gobernar”, “ninguna vieja más en el poder, fuera Ruperta”, “fuera rupuerca”, “es tiempo de los hombres, fuera Ruperta”.
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El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avaló la anulación de esta elección ya que determinaron que estas acciones de violencia política de género “tuvo un impacto negativo en el derecho de la víctima a ejercer su derecho a ser votada” por lo que las elecciones tuvieron que repetirse.
En 28 de noviembre de 2021 se volvieron a llevar a cabo las elecciones en Iliatenco y esta vez Ruperta Nicolás perdió de nuevo, pero esta vez por casi 500 votos y en un proceso que se avaló por las autoridades electorales. Eric Sandro Leal Cantú, mismo que había sido acusado por Nicolás como violentador unos meses antes, se convirtió en Presidente Municipal de Iliatenco.
Ruperta Nicolás no ganó la elección, pero su caso sentó un precedente importantísimo de hasta dónde las autoridades pueden sancionar la violencia política de género y la gravedad del tema.
El contexto lo es todo
Uno de los principales retos cuando se habla de violencia política de género es la contextualización de los casos. La violencia política en sí es complicada de determinar porque la asimetría de poder entre violentador y víctima no siempre es igual.
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Es fundamental que las autoridades tengan como prioridad la “protección de la víctima” y que tengan en cuenta tanto el contexto en el que se da la violencia, como el momento electoral en el que se da para determinar las consecuencias que amerita cada caso, nos explicó Correa, quien también colaboró en la elaboración de la Guía para la Prevención, Atención, Sanción y Reparación Integral de la Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género del Instituto Nacional Electoral
Uno de los grandes retos a los que se enfrentan tanto las víctimas como las autoridades, es que gran parte de la violencia es anónima. Las redes sociales han abierto las puertas a un diálogo constante entre la población, el cual no está exento de ser violento, nos comentó Correa.
Así mismo es importante destacar que por el ambiente tan tenso y polarizado en la política, al igual que por el sexismo tan arraigado en la sociedad mexicana, nadie está exento de violentar a las mujeres en la arena política. Si bien la mayoría de las personas sancionadas por violencia política de género son hombres, el 18% son mujeres.
Los comentarios y las descalificaciones en contra de las mujeres por su género está presente constantemente en redes sociales. Los efectos de estas agresiones en los resultados electorales son casi imposibles de aislar y sancionarlas es muy difícil, por lo que el punitivismo no es la única solución.
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Es importante que cada quien reconozca que sus sesgos pueden ser limitantes y trabajar constantemente sobre ello si se pretende erradicar la violencia política de género, mencionó la experta. La reeducación política de la sociedad mexicana así como la deconstrucción son fundamentales para transitar hacia un escenario político más justo para todas y todos.
