El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en los primeros días de su gobierno, que cancelaría “la mal llamada reforma educativa”, que impulsó su antecesor, Enrique Peña Nieto.
Su plan de “cancelación” o contrarreforma educativa -enviada a la Cámara de Diputados, en diciembre pasado- propone reformar (otra vez) el artículo 3º de la Constitución.
¿Qué busca cambiar?
En el sexenio de Peña Nieto, la reforma educativa buscaba, entre otras cosas, acabar con la venta de plazas entre los maestros y sindicatos, las cuáles, según denunció Otto Granados Roldán, entonces secretario de Educación Pública (SEP), se vendían hasta en 600 mil pesos.
La reforma peñista prohibía la comercialización de estas plazas y reguló, a través de una evaluación, la contratación, permanencia y ascensos de los maestros, lo que generó rechazo en el magisterio.
Ahora, la nueva reforma que propone López Obrador también rechaza la venta de plazas y, aunque aún no está establecido en la ley cómo va a castigarlo. Esteban Moctezuma, actual titular de la SEP, anunció el programa “Cero en Conducta”, el cual pone en funcionamiento una línea telefónica para denunciar este acto de corrupción.
Otro de los cambios que quiere hacer López Obrador es eliminar el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), el cuál era autónomo y se encargaba de, precisamente, evaluar el desempeño de los docentes.
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En su lugar, se crearía el Centro Nacional para la Revalorización del Magisterio y la Mejora Continua de la Educación, que básicamente haría lo mismo, pero sin que el empleo de los docentes dependa de ello, es decir, no se les despedirá o sancionará por su desempeño, como sí pasó con Peña Nieto, en donde los profesionistas tenían hasta tres intentos para aprobar la evaluación o, de lo contrario, se les separaba de su cargo o se les enviaba a otra área.
Marcela Gómez Zermeño, actual consejera del INEE, dice que el nuevo órgano que evalúe a los docentes debe seguir siendo autónomo y no debe ser operado por la SEP, pues “no se puede ser juez y parte del asunto”. Aunque aplaude que el gobierno de López Obrador apueste por incluir en su plan las escuelas Normales, por ejemplo.
Otro de los cambios del plan de López Obrador consiste en elevar la obligatoriedad en la educación hasta el nivel superior, es decir, universitario o técnico profesional (actualmente sólo está hasta preparatoria). Además de crear 100 nuevas universidades públicas, las cuales estarán en los estados con más índices de pobreza, como Oaxaca o Guerrero.
También, propone la creación de un centro de investigación para mejorar los planes de educación, el cual deberá ser dirigido por un Consejo Directivo -integrado por siete miembros designados por la Secretaría de Educación Pública- que debería de tener un consejo consultivo. Esto es, conformado por docentes distinguidos, junto con madres y padres de familia reconocidos.
La organización Mexicanos Primero fue una de las impulsoras de la reforma educativa en la administración pasada y, por ende, una de las retractoras de la contrarreforma que plantea López Obrador. A través de sus redes sociales ha difundido los que considera los cinco “focos rojos” de la iniciativa:
Sobre el tema, Mauro Jarquin, integrante del Seminario de Perspectivas Críticas en Educación en México y Latinoamérica, dice que el gobierno no puede dejar de garantizar la educación en la primera infancia: “uno, porque es el espacio de la primera socialización escolar, si se prohíbe estaríamos hablando de una política de desigualdad para ellos y otro, porque tiene que pensar en la disponibilidad de las familias, en la mayoría de los casos no tienen tiempo para atenderlos por las mañanas y tienen que apostar por estos programas educativos (guarderías)”.
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¿De excelencia o de calidad?
La nueva reforma educativa buscaría que la educación sea de excelencia y no de calidad -como dice el artículo actualmente. En términos educativos “los conceptos sí importan, la calidad educativa responde a las necesidades de los estudiantes, por ejemplo, saber cómo llegar solos de su casa a la escuela, la capacidad de ser un ciudadano democrático, de tener educación con perspectiva de género; es la calidad en el aprendizaje”, explica Jarquin.
Mientras que la excelencia educativa tiene que ver con la competencia para que tengan mejores estándares educativos, “una no va sin la otra, pero no son lo mismo”, opina Jarquin.
¿Qué sigue?
El próximo 28 de enero, los diputados y diputadas de San Lázaro se reunirán con Esteban Moctezuma, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para empezar el análisis y debate de la iniciativa enviada por López Obrador.
Después del 6 al 16 de febrero se realizarán las audiencias públicas para su discusión y se prevé que el dictamen en el pleno se apruebe la primera quincena de marzo.
