La Comisión Federal de Electricidad (CFE) es una empresa pública cuya malograda situación administrativa, técnica y financiera es resultado de las graves distorsiones que caracterizan nuestra vida política.
Es una entidad que durante muchos años fue un auténtico monopolio para producir, transmitir y distribuir la electricidad. Con un sindicato cuyas prerrogativas siempre han estado muy por encima del resto de la clase trabajadora y a costa de más altas tarifas de electricidad y de recursos públicos.
Sin incentivos para competir y mejorar, la CFE se convirtió en una empresa ineficiente, obsoleta, contaminante (por el uso preponderante de combustibles fósiles como el carbón y el combustóleo) y con tarifas cada vez más elevadas. Un verdadero lastre para el desarrollo sustentable del país.
Después de las reformas al sector energético que se realizaron en 2013, la CFE se vió obligada a funcionar bajo las nuevas reglas que permiten la participación de empresas privadas en la generación de energía eléctrica, las cuales en poco tiempo consiguieron tener una participación relevante en la producción de energías renovables y a costos mucho más bajos.
Es muy posible que esas reformas contengan algunas normas que deben ser perfeccionadas, sobre todo a la luz de la experiencia de estos últimos años, pero ello no puede ser motivo para echar por la borda los avances logrados, como pretende el Ejecutivo Federal en su iniciativa de contrarreforma energética.
La propuesta del presidente implica un gran retroceso: convertir a la CFE en un Organismo de Estado con todas las facultades para producir, transmitir y distribuir energía eléctrica, así como de regular el mercado, fijar tarifas y decidir sobre la participación privada en el mercado eléctrico. Juez y parte; todo el poder sobre el mercado en detrimento de los consumidores, de la economía y del medio ambiente.
Ni con la forma en que actualmente opera la CFE y mucho menos con el modelo que propone la iniciativa presidencial, la CFE tiene viabilidad económica. Para el 2022 la empresa tiene asignado el 5.9% del gasto público total, 462,146 millones de pesos, del cual el 73.7% se destina a gasto administrativo, el 6.2% a cubrir el costo de su deuda pública y tan solo el 5.9% a inversión pública. Un análisis más detallado resalta que el monto destinado en 2022 a cubrir las pensiones de sus trabajadores – 48 mil 800 millones de pesos – será 1,200 millones superior al monto asignado a la inversión pública.
No es factible que la CFE pueda cubrir, además, los costos que implicaría la contrarreforma: costos por demandas legales y cancelaciones de contratos; inversiones adicionales para lograr las metas de producción que plantea la iniciativa presidencial; mayores recursos para subsidios que mantengan el costo de la electricidad, y deuda pública. La CFE puede ser un factor de riesgo para el crecimiento económico.
Como lo señala el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), “Esta iniciativa reduce la competitividad del país al elevar los costos de la electricidad para los hogares y las empresas mexicanas, daña al medio ambiente y atenta contra el estado de derecho en un sector clave para la economía nacional.”
Se trata de una decisión crucial para México. Los legisladores deben asumir su responsabilidad y no permitir la polarización y el amedrentamiento que se alienta desde el Poder Ejecutivo. No solo es decisivo para el desarrollo económico y el bienestar; desde el punto de vista político, es una prueba crítica. Si no se sostiene el bloque opositor en el Congreso, no habrá ya ningún contrapeso al proyecto de largo plazo del populismo autoritario.
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