Durante los últimos 50 años, una serie de temas han desatado una grave judicialización de la política estadounidense.
La imparcialidad presupuesta en toda Suprema Corte (o Corte Constitucional) ha sido reemplazada por un mordaz activismo judicial promovido por la radicalización política de los partidos; dicho activismo judicial es hoy más radical debido a la presidencia de Donald Trump.
Entre los casos más relevantes que han definido la politización de la Corte se encuentran: Roe v. Wade de 1973, en la que la Corte declaró inconstitucionales las legislaciones locales que imponen elevadas restricciones a la terminación del embarazo; Buckley v. Valeo de 1976 y Citizens United de 2010, en la primera la Corte decidió que el gasto independiente en campañas políticas era una forma de expresión política que estaba garantizada por la primera enmienda, pero aclaró que se podían establecer límites a las contribuciones de campañas, mientras la segunda reconoció que corporaciones y sindicatos pueden gastar sin límites para promover el voto por algún candidato mientras que este gasto sea independiente de la campaña; y Obergefell v Hodges de 2015, que estableció que el matrimonio entre personas del mismo sexo estaba garantizado por la enmienda 14, otorgando su reconocimiento legal nacional.
Los políticos conservadores estadounidenses se han quejado por décadas de que la Corte es controlada por liberales, lo cual contradice no sólo la continua tendencia de mayoría de miembros conservadores sino también la cantidad de resoluciones “conservadoras” que la Corte ha emitido durante los últimos 40 años.
Este es el contexto en el que la jueza Ruth Bader Ginsburg fallece el pasado viernes 18 de septiembre, dejando una posición vacante en la Suprema Corte para que Trump nomine su reemplazo, el tercero en su administración. El Senado republicano se ha reportado listo para escuchar y aprobar a quien el presidente designe.
Los Demócratas, por su parte, han levantado el grito al cielo debido que los Republicanos se han desmarcado del antecedente que establecieron mientras controlaban el Senado en 2016, cuando decidieron no contemplar la nominación del juez Merrick Garland argumentando que las elecciones estaban próximas y era necesario esperar los resultados y el reemplazo del presidente Barack Obama para ello.
Ante la prisa de los Republicanos por capitalizar su mayoría actual en el Senado, los Demócratas han amenazado –como lo hiciera F.D. Roosevelt en 1937– con aumentar el número de jueces en la Suprema Corte con un número de “jueces liberales” que equilibre el perfil de la Corte.
La posibilidad de realizar este aumento “arbitrario” del número de jueces en la Corte se debe a la notable estrechez constitucional sobre la que la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos está construida.
El artículo 3 de la Constitución estadounidense establece a la Corte como última instancia judicial y de resolución sobre constitucionalidad.
Sin embargo, dicho artículo no menciona la cantidad de jueces miembros, le da al nombramiento de los jueces el carácter de vitalicio, menciona de pasada al Chief Justice pero no explica cómo se le designa permitiendo que, cuando ese asiento se encuentra disponible, el o la nominada del presidente en turno dirija la agenda de la Corte por décadas (actualmente, John Roberts preside la Corte desde 2005) en contraste de las Cortes en otros países cuya presidencia es rotativa.
Este año, probablemente más que nunca, la Suprema Corte estadounidense es campo de batalla electoral; también puede ser una víctima institucional más de la presidencia de Donald Trump.
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