Si usted tiene una bolsa de manzanas y detecta que una está podrida, sabe que, sin intervención, tarde o temprano todas las manzanas terminarán dañadas. Es más, lo más probable es que esa manzana sea sólo una entre otras también arruinadas.
¿Qué hace cualquier persona razonable ante este contratiempo? Revisa las manzanas, una por una, y deshecha las manzanas podridas mientras que conserva las que estén en buen estado. Es una molestia, pero tirar todas las manzanas a la basura en cuanto notamos que una tiene el problema sería un desperdicio absurdo de recursos. Todos sabemos eso, es obvio. Vamos, es obvio hasta para López Obrador.
Sin embargo, cuando el presidente justifica sus decisiones sobre programas diseñados e implementados en administraciones pasadas, su razonamiento suena como si alguien dijera: “pues encontré una manzana podrida y decidí tirar todo el lote a la basura. Es obvio”.
Te recomendamos: El Tribunal Electoral: mala teoría estadística, peor teoría democrática
Programas como Progresa, las guarderías, el seguro popular, el 3X1 eran mayoritariamente apreciados entre la población beneficiaria y fueron suprimidos sin una adecuada valoración del grado en que cumplían con sus objetivos. La razón esgrimida por el presidente es que se ha detectado corrupción en ellos.
Acto seguido, un coro de voces preocupadas (incluido servidor y amigo) responde que la corrupción observada en instancias específicas no basta para concluir que el programa en cuestión es defectuoso en su integridad. De hecho, se trata de un defecto en el razonamiento que en lógica se conoce como “falacia de la composición”.
Aunque López Obrador no me da la impresión de haberse empeñado mucho (o poco) en sus lecturas de Aristóteles como estudiante, no creo que él mismo se tome en serio sus palabras, por la misma razón que no creo que López Obrador tira la bolsa de manzanas cuando encuentra una podrida.
Para el presidente, la prioridad de política es su plan de transferencias monetarias. La cancelación de programas y la reducción de rubros de gasto obedece a las necesidades de financiamiento de lo que ve como su gran contribución al bienestar de los mexicanos.
Forzado a dar razones, ante la ausencia de evaluaciones serias sobre el desempeño de los programas, nos tira ese hueso para roer: “es que había corrupción”. Es sólo algo que dice para justificar una decisión tomada por otras razones.
Este es el guión que ahora se ha replicado para el caso de la extinción de decenas de fideicomisos públicos, incluyendo los Fondos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico. La razón de esto es que el presidente se muere por hincarle la uña a esos 68 mil millones de pesos. Como se ha negado a recurrir a endeudamiento para hacer frente a la pandemia, el fondeo de su política social se ha complicado aún más, por lo que recurre a estas fuentes no fiscales.
Es dinero que está ahí, y el gobierno lo toma porque lo necesita.
Como es usual, la razón alegada es distinta a la real: en “muchos” de esos fideicomisos hay corrupción. ¿En los de los centros de investigación también? Me canso ganso. ¿Cómo sabe? Los científicos apoyaron a Porfirio Díaz. Ah.
Pero cuando el presidente se justifica en la corrupción del sector científico, está haciendo algo más que salir de un aprieto en sus mañaneras. El discurso que López Obrador y su ariete en Conacyt, Álvarez-Buylla, han venido desarrollando para justificar sus ataques al sector científico y tecnológico ha contribuido a disminuir el valor social atribuido a la ciencia.
En este discurso, los científicos son unos parásitos corruptos a menos que puedan probar la forma concreta en que su investigación ha beneficiado al pueblo.
Este razonamiento es repetido por todas los niveles de gobierno (incluyendo la burocracia del sector científico) y permea en el amplio sector de la población que atribuye a las palabras del presidente el mismo valor que la ley de la conservación de la energía… o más, pues ¿cómo beneficia al pueblo saber que la cantidad total de energía en un sistema aislado se mantiene constante?
¿Eh? ¿A ver?
