En México existen varios tribunales, algunos pertenecen a los poderes judiciales (federal y locales) y otros no (militares, agrarios, administrativos). Pero todos tienen algo en común, están muy lejos de resolver de manera pronta, eficiente y transparente los problemas que millones de mexicanos hacen de su conocimiento buscando una sola cosa: justicia.
Hay jueces y magistrados que conocen de escritos de primera instancia, de apelación, de revisión, de inconformidad, de queja, de amparo y un largo etcétera. También se distribuyen por materias: civil, penal, laboral, familiar, electoral, concursal, fiscal, administrativa, etc. Pero en todos los casos los juzgados y tribunales representan más un obstáculo que una solución. No es poca cosa que las personas en general prefieran “un mal arreglo que un buen pleito”. Acudir a los juzgados y tribunales buscando justicia suele ser, para la mayoría de las y los mexicanos, caro y lento. Dinero y tiempo, algo que no muchos tienen y que cuando se trata de la familia, la salud o la libertad importan todavía más.
Hoy en día, en muchos tribunales, los escritos se pueden presentar en papel o vía electrónica, pero en todos los casos el resultado es más o menos el mismo: no se sabe cuánto tiempo tomará resolver el asunto, pero hablar de años no es descabellado. Tenencia de la tierra, guardia y custodia de los niños, habitación de bienes inmuebles o la propia libertad son decisiones que, literalmente, le cambian la vida a las personas. Y esas decisiones se toman en edificios que son intimidantes para gran parte de las y los mexicanos, a través de procedimientos que la mayoría de las personas en ellos involucrados no entienden.
El haber realizado la recepción de trámites en formato electrónico permitió que en el discurso de algunos juzgadores se incluyeran grandiosos estandartes como: “Cuando en el futuro la historia dé cuenta de la pandemia del 2020, uno de los legados será, sin duda, el de la justicia digital”. Lo que tenemos hoy no es ni digital ni justicia. Es un galimatías engorroso, tardado y formalista pero gestionado a través de la computadora.
Cada vez que se filtran conversaciones que evidencian el mal actuar de personas juzgadoras la ciudadanía recibe el mensaje de que, en caso de estar involucradas en un juicio, lo que conviene es buscar no al abogado con más conocimiento, sino al juez más accesible. “¿De qué sirve tener razón si voy a perder el juicio?”, es una pregunta que se hace todo demandado, cuando en realidad debiera de ser un mismo paquete: tener razón y por lo tanto ganar el juicio.
¿Cómo se eligen a las personas juzgadoras? ¿Quién decide si Juan o Pedro o María van a ser jueces, magistrados o ministros? ¿Una vez que llegan al cargo, a quién le rinden cuentas? ¿Cómo pueden ser removidos si no hacen bien su trabajo o, peor aún, si venden sus resoluciones al mejor postor?
Las respuestas a estas preguntas varían si se trata de los ámbitos federal o local. Por ejemplo, las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) son propuestos por el Presidente de la República y designados por el Senado. Algo similar sucede con los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pero los magistrados del Tribunal Electoral son propuestos por la SCJN y designados por el Senado. Para ser juez o jueza en el ámbito federal existen concursos de oposición, pero en los estados de la república los consejos de la judicatura pueden nombrar a los jueces de paz y los congresos estatales nombran a las personas magistradas. En ambos casos, con una importante influencia del gobernador en turno.
Un tema que puede ayudar a que la gente tenga una mejor percepción de las personas juzgadoras y su trabajo es la transparencia. El Consejo de la Judicatura ha comenzado a transmitir las sesiones de los Tribunales Colegiados de Circuito. El Tribunal Electoral del Poder Judicial lleva años haciendo sesiones públicas que cualquier persona puede ver. Algo similar se puede decir de la SCJN. Pero cuidado, éstas son perlas en un mar de opacidad. Sobre todo en la justicia cotidiana de los estados de la República. Ver el trabajo de jueces, magistrados y ministros es un buen paso, pero no lo es todo. La transparencia es importante, pero le hace falta la rendición de cuentas.
En México, en ningún caso las personas juzgadoras pasan por el escrutinio de la democracia popular. En otras palabras: nunca, en ningún rincón del país, la ciudadanía vota por sus jueces. Hoy hay jueces alejados de las calles y las plazas públicas que resuelven procesos que poca gente entiende y de los cuales se tiene la percepción de ser corruptos. ¿A qué puede aspirar un país con una justicia tan injusta? ¿No debería de ser hora de también vincular a los jueces con el voto popular?
Más del autor: Ley que no mordaza
