Hay gobiernos que cambian a las naciones y gobiernos que cambian a los sistemas. Algunos para bien, otros no tanto. Pero hay unos en particular que cambian algo profundo: la distribución de la riqueza.
Esto por supuesto no es el sueño de justicia de la socialdemocracia; no es que la riqueza esté distribuida de forma más justa e igualitaria. Es solo que la riqueza pasa de un grupo de poder a otro.
Un buen ejemplo es Venezuela. La llegada de Hugo Chávez al poder en 1999 fue el comienzo de una era de profundas transformaciones en ese país. Más de veinte años han pasado desde la llegada del chavismo a esa nación sudamericana, y en efecto mucho ha cambiado.
Además del deterioro democrático, económico y social de Venezuela, también se dió el ascenso de la boliburguesía.
Entre 2002 y 2005 hubo una expansión acelerada de nuevas fortunas asociadas al poder político, que aprovecharon la bonanza petrolera y sus vínculos con el poder para ganar contratos multimillonarios. Desde entonces, su poderío económico ha crecido. Según algunas estimaciones de parlamentarios venezolanos, en los primero 15 años del chavismo la corrupción generó ganancias por unos 700 mil millones de dólares para un puñado de empresarios y políticos.
La boliburguesía, llamada así por su vinculación con el “proceso bolivariano”, está compuesta por básicamente dos sectores: uno, los empresarios que aunque no tengan compromiso político con el régimen han visto una oportunidad de enriquecerse, y dos: los funcionarios que han usado a esos empresarios para hacer fortunas a costas del Estado.
El modus operandi de la boliburguesía no tiene nada de innovador: es el legendario uso de compadrazgos entre los nuevos funcionarios y sus amigos, algunos de la infancia, para crear empresas y ganar contratos de forma exprés. Así, se han creado fortunas de la noche a la mañana, siempre a costa del país. Un factor especialmente benéfico para este grupo es el desmantelamiento de los organismos de rendición de cuentas y transparencia.
Desde la llegada de Morena al poder en México mucho se ha buscado comparar al chavismo con el gobierno de López Obrador. Algunas comparaciones son exageradas, otras más certeras. Pero hay una que es innegable, y es el nacimiento de toda una nueva clase empresarial: los AMLOburgueses.
Tanto Cuestione como en muchos otros medios se han documentado enormes desfalcos en las instituciones públicas; eso, digamos, podría ser corrupción clásica. También hemos documentado cómo se le otorgan contratos millonarios a empresas que llevan dos días existiendo, con una dirección fiscal que resulta ser una tortillería, y se lleva un contrato por millones de pesos para, por ejemplo, respiradores médicos.
Mexicanos contra la Corrupción también ha expuesto la red de complicidades entre los hijos del presidente y sus amigos para gigantescos contratos otorgados sin licitación. De hecho las licitaciones casi han desaparecido en este gobierno para dar lugar a contratos directos. De la mano de este manejo discrecional del dinero está el sistemático golpeteo a los sistemas que buscaban mejorar la transparencia en nuestro país.
Los contratos a las fuerzas armadas, por ejemplo, son secretos u opacos. Miles de millones de nuestros impuestos se mueven en la oscuridad, beneficiando a unos cuantos elegidos por el poder político-militar.
Y quizá para algunos sea una especie de venganza poética: se enriquecieron por décadas, ahora nos toca a nosotros. Pero ni eso es cierto: los boliburgueses han prosperado de la mano de las grandes fortunas ya existentes en México. Eso no es necesariamente corrupción, pero tampoco es una redistribución de los recursos.
Es cierto que esto no es nada nuevo. Lo vimos antes; la diferencia es que antes nos indignaba. Por eso la gente votó por algo distinto, una promesa de transparencia y honestidad. Ninguna de esas promesas se cumplió.
Al final, podemos decir que los políticos y su corrupción cambió de nombre, pero no de estilo. Lo que sí cambió es toda una sociedad que antes exigía un cambio y ahora mira, complaciente, cómo saquean a su país.
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