Como una bomba, el huracán Otis cayó en Acapulco esta semana causando terror y devastación. Hemos escuchado decenas de testimonios narrando el impresionante ruido del viento, la fuerza incontrolable del agua que se colaba por todas partes. La gente cuenta del miedo que sintió y la impotencia.
El puerto quedó incomunicado por muchas horas, las carreteras cerradas por deslaves. Los daños son extensos. Pero no se puede decir que sea una sorpresa: se sabía que venía el huracán y se sabía su nivel de peligrosidad. Aun así, las autoridades no previeron a la población lo suficiente sobre el impacto que iban a recibir.
La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, había estado unos días antes con el presidente Andrés Manuel, feliz y celebrando ser parte de este “movimiento transformador”. Eso, sin preocuparle mucho la brutal crisis de seguridad que está sufriendo su estado: solo unos días antes habían asesinado a 13 agentes en una emboscada.
En el colmo de la ironía de esta historia, solo un par de días antes de que llegara el huracán Otis, Claudia Sheinbaum, la virtual candidata a la presidencia de Morena, defendió la desaparición de un fideicomiso en particular: el Fondo de Desastres Naturales, o Fonden, cuyo fin era atender justamente este tipo de crisis.
La morenista alegó que el Fonden tenía una “corrupción tremenda” y que ahora sí se iba a ayudar directamente a la gente. Es interesante que salga este tema justo ahora, no solo por ser temporada de huracanes, sino también por la reciente desaparición de 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación.
Recordemos un poco: muy al principio de esta administración se determinó la desaparición de múltiples fideicomisos, entre ellos el Fonden y otros relacionados con la ciencia, la cultura y demás, por considerarlos profundamente corruptos.
Fue un tema aparatoso y controversial. Para calmar los ánimos, el 8 de octubre de 2020 López Obrador prometió que en 10 días presentaría un diagnóstico que demostraría la corrupción de estas herramientas. Los medios quedamos expectantes: ¿qué horribles secretos se iban a saber? ¿Cuántos desvíos? ¿Cuántos funcionarios enfrentarían cargos?
Pasaron los 10 días. Luego 20. Luego meses. Luego años. Y nada.
Es perfectamente verosímil que hubiera corrupción en varios de los fideicomisos, pero jamás se dió evidencia de ello. Ni se persiguió a nadie, ni hubo señalamientos. Fue un clásico “si lo digo yo, es verdad”. Muy similar al debate que hay hoy sobre el poder judicial.
En esta ocasión el argumento no ha sido la corrupción sino “los privilegios”. Ha habido un amplio debate sobre si en efecto quitar esos fideicomisos perjudicará a los trabajadores en general o a los ministros de la Suprema Corte. La verdad es que ninguno de los 13 fideicomisos incluye el salario de las 11 ministras y ministros. Están enfocados en pensiones complementarias de mandos superiores en la Corte, mandos medios y operativos, además de las pensiones complementarias para magistrados y jueces jubilados, entre otros.
En medio del impacto del huracán y la crisis política con el Poder Judicial, los fideicomisos están otra vez en el centro del debate.
Lo que no está en la discusión es cómo mejorar el sistema. Porque ni eliminar el Fonden ha hecho más eficaz la respuesta a los desastres naturales ni eliminar los fideicomisos harán de la impartición de justicia algo más transparente, justo o eficiente.
Así, estamos atrapados en una guerra dentro de la clase política, pero que en nada beneficia a la sociedad. Y eso tiene que cambiar.
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