La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la penalización del aborto en todo México dejando claro que no es un tema de opiniones sino de derechos y de salud pública. Es un avance fundamental que debe celebrarse. Han sido décadas de lucha, de resistencia y movilización para que nuestra nación asuma algo que debió ser siempre evidente: las mujeres debemos poder decidir sobre su cuerpo.
La Corte respondió a un amparo interpuesto por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), una organización de la sociedad civil que tiene más de 30 años trabajando por los derechos sexuales y reproductivos en México.
Los efectos más importantes de la sentencia de la Corte serán que deje de considerarse como delito la interrupción voluntaria del embarazo en el Código Penal Federal, por lo cual esto permite que se pueda acceder a un aborto en instituciones federales de salud. La Primera Sala de la Corte determinó que “la criminalización del aborto constituye un acto de violencia y discriminación por razón de género, ya que perpetúa el estereotipo de que las mujeres y las personas gestantes sólo pueden ejercer libremente su sexualidad para procrear y refuerza el rol de género que impone la maternidad como un destino obligatorio”. El amparo se concedió por unanimidad.
Es un triunfo para las mujeres que han luchado por elegir en un país dominado por ideas patriarcales y conservadoras sobre nuestros derechos. Pero este avance tiene aún desafíos.
En primer lugar, en el legislativo. Antes que nada, el código penal federal deberá eliminar la penalización del aborto. El Congreso, que con otros temas como la regulación del cannabis, ha demostrado su voluntad de ignorar los fallos de la Corte, tendrá que legislar. Además, 20 estados de nuestro país aún penalizan el aborto.
Somos un país federal y corresponderá a esos gobiernos locales tener la voluntad e iniciativa de modificar sus legislaciones.
Uno de los elementos cruciales del fallo de la Corte es que ordenó a las instituciones federales de salud pública que deben prestar el servicio de aborto. Porque la despenalización no garantiza el acceso a abortos seguros y gratuitos, y por eso las redes de apoyo entre mujeres y los colectivos feministas se han encargado de ayudar a miles de mujeres.
Pero aún falta que exista la voluntad política para que este derecho, el derecho a decidir, sea norma. No olvidemos que hoy, cientos de mujeres están sentenciadas por delitos relacionados con el aborto o parto fortuito. Sin embargo, se encuentran cumpliendo condenas distintas, debido que sus casos han sido tipificados como diferentes delitos: homicidio, infanticidio, homicidio en razón del parentesco o relación, entre otros.
Por otro lado, también está el desafío social. Aunque sea legal, aunque sea un derecho, miles de mujeres aún son juzgadas socialmente por elegir sobre su cuerpo. Amplios grupos de nuestra sociedad lo siguen, y seguirán, concibiendo como un crimen equiparable al homicidio.
La condena familiar o social es severa y debe preocuparnos. Es un tema controversial y divisivo en nuestra cultura, pero al final su impacto está claro en la vida de quienes se ven obligadas a tener hijos contra su voluntad, incluso en casos de violación.
Como feministas celebramos el fallo de la Suprema Corte. El aborto legal, seguro y gratuito en México está cada vez más cerca de ser una realidad para todas las mujeres y personas con capacidad de gestar, pero es importante seguir luchando y no bajar la guardia.
Aún nos falta presionar al Estado para avanzar en una legislación que responda a la autonomía reproductiva; y nos falta sobre todo el esfuerzo educativo social de recordarle a todas las personas algo que siempre debió ser obvio: somos dueñas de nuestro cuerpo. Y somos dueñas de nuestras decisiones, porque la maternidad siempre deberá ser deseada.
Otro título de la autora: Brecha salarial
