El nombre de Nayib Bukele, presidente de El Salvador, se ha mencionado reiteradamente al hablar de posibles soluciones ante la inseguridad que vive nuestro país. Lo han mencionado candidatos a la Presidencia e incluso parte de la sociedad acepta apoyaría una estrategia similar en México si eso significa devolvernos la paz.
Es cierto, El Salvador llegó a tener la cifra de criminalidad más alta de América Latina y hoy Bukele presume que su país es el más seguro del continente; si tomamos los datos oficiales la disminución es significativa: en 2015 había 106 homicidios por cada 100 mil habitantes y al cierre del 2023 la tasa cayó a sólo 2.4 por cada 100 mil. Incluso la percepción de los salvadoreños sobre la inseguridad ha mejorado: en 2019, año de inicio del gobierno de Bukele, el 70% decía que la delincuencia era el mayor problema, en 2023 sólo el 4.3% lo refiere así. ¿Quién no quisiera ver esos cambios en México?
O quién no quisiera ver lo que Bukele presume como resultado de la nueva faceta que se anunció a inicios de año el “Plan Cero Ocio”, que elimina la carga al Estado de la manutención de los presos y no, no es que se subrogue sino que el Estado asegura dejó de gastar en algunos rubros porque son los presos los que producen lo que antes el gobierno pagaba a particulares.
Los presos construyen pupitres para las escuelas públicas, les dan mantenimiento a colegios, parques, edificios públicos, producen insumos para su comida, lo cual ha hecho, según el gobierno, autosustentables a las cárceles.
Se le ha llamado la magia del modelo Bukele, pero ¿es tan mágico? Muchos analistas e instancias internacionales lo han puesto en duda, incluso se habla de manejo de cifras porque incluso el detalle de los datos de reducción de inseguridad de 2023 se han reservado con el argumento de que darlos a conocer pone en riesgo la seguridad nacional. Así, la única referencia son los datos oficiales.
Dentro de las críticas al modelo Bukele está que el estado de excepción que se ha perpetuado durante los 5 años de gobierno ha encarcelado al 1.6% de la población, la tasa más alta del mundo. Se detiene y se encierra sin proceso de por medio y las condiciones carcelarias son en extremo limitantes de los derechos fundamentales.
Organizaciones humanitarias como Cristosal, una de las más importantes de ese país, aseguran que el control al interior de la llamada “super cárcel” es un régimen de terror en donde desde la tortura hasta la falta de comida o atención médica es el método de control adentro y de presión para las pandillas que aún delinquen afuera.
En fin, es real que Bukele y su estrategia han logrado fama, buena y mala, a nivel internacional. Varios han sido los países en los que se ha planteado la posibilidad de replicar su modelo de seguridad y muchos otros los que lo critican por cómo ese modelo se basa en graves violaciones de derechos humanos. Y sí hay una enorme disyuntiva social sobre si se deben respetar los derechos humanos de los delincuentes cuando ellos no respetan los nuestros.
Pero más allá de ello y evitando entramparse en algo que por razones legales y humanitarias no va a cambiar por mucho que discutamos, el punto es si el modelo Bukele en realidad es aplicable en México independientemente del punto de los derechos humanos.
Primero, en México no es un tema de pandillas, sino de enormes corporaciones criminales.
No sólo es construir “una súper cárcel con la más alta tecnología para delincuentes peligrosos” o un tema de si El Salvador con menos recursos que México ha podido “atajar ese tema de frente “.
No es un tema de más cárceles o de dinero, es arrebatar el control de las cárceles a los criminales, es recomponer todo el sistema de procuración de justicia permeado por los tentáculos de la delincuencia.
Es, con todo lo que implica, devolver al Estado el control y la potestad única de la seguridad. La pregunta es quién está dispuesto a asumir los costos… y el riesgo.
Otro texto de la autora: Motos y responsabilidad
