El sábado 3 de julio mataron a Mario Sántiz López en Chiapas. Dos días después, el activista y defensor de Derechos Humanos Simón Pedro Pérez López, del grupo Las Abejas de Acteal, también fue asesinado.
Esa misma semana, el pasado 7 de julio, se registró una balacera en la capital de ese estado, Tuxtla Gutiérrez, en el que personas armadas dispararon contra los pasajeros de dos camionetas y asesinaron a Ramón Gilberto Rivera “El Junior”, quien era hijo de Gilberto Rivera Amarillas “el Tío Gil”, identificado como ex lugarteniente del Cártel de Sinaloa.
Usuarios que grabaron la escena la compartieron en redes sociales, y de acuerdo con medios locales el enfrentamiento fue entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). La Fiscalía estatal comenzó una investigación sobre el caso.
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Ese mismo día, un grupo armado agredió a civiles y transportistas que circulaban por la carretera que va de Pantelhó a San Cristóbal de las Casas. Además, los habitantes de Pantelhó denunciaron que personas armadas ingresaron a sus viviendas y secuestraron a hombres que se encontraban en el lugar.
Un día después, elementos del Ejército, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) fueron agredidos mientras realizaban un operativo en esa entidad, ocho elementos fueron heridos.
A pesar de su ubicación en la frontera sur y de ser paso de Centroamérica a México, Chiapas no es conocido por ser un estado violento… hasta ahora, informó La-Lista.
El Índice de Paz en México 2021 ubica a Chiapas como el tercer estado más seguro en el país. Delante solo están Yucatán y Tlaxcala. Pero en los últimos días en el territorio chiapaneco se registraron actos violentos.
Los homicidios que destaparon una crisis latente de inseguridad
Días después de los asesinatos de Mario Sántiz López y Simón Pedro Pérez López, el surgimiento de un nuevo grupo de autodefensas en Chiapas expuso una trama de 20 años de impunidad y desapariciones en la región de Los Altos, donde aparentemente opera un grupo criminal vinculado con el PRD y encabezado por Austreberto Herrera Gutiérrez quien está encarcelado desde 2019 en el penal de El Amate.
El sábado 10 de julio, a través de un comunicado que distribuyeron en redes sociales, el grupo de “El Machete” salió a la luz pública y señaló a Herrera y a su grupo criminal conocido como Los Herrera como uno de los principales causantes de la violencia en la zona.
“Desde hace 20 años comenzó nuestro sufrimiento. Fue en el año 2002 cuando el señor Austreberto Herrera Abarca se quiso autonombrar para ser juez municipal de Pantelhó y abrió puerta al crimen organizado y a los narcotraficantes y así comenzó a matar a quienes se oponen a sus actividades”, dice el comunicado que fue transmitido en video en redes sociales.
“Entramos porque ya no queremos más muertes para los pobres campesinos, tzeltales y tzotziles, nuestra paciencia se acabó, porque en el gobierno federal y estatal, no vemos ninguna esperanza, nuestro dolor ante tanta sangre derramada, por eso tomamos el rumbo de nuestra historia”.
De acuerdo con versiones periodísticas, tras el encarcelamiento de Herrera dos de sus hijos, Dayli De los Santos y Rubén Estanislao continuaron con actividades delictivas en un grupo criminal, lo que ha motivado el desplazamiento de cientos de personas.
Es contra estos presuntos delincuentes que el grupo de autodefensa se levantó en armas, con la intención de destituirlos hasta que se resuelva la crisis de inseguridad en la región.
Pese a que los datos de víctimas de delitos de fuero común de este año demuestran una tendencia a la baja en homicidio doloso, secuestro, extorsión y trata de personas, especialistas coinciden en que los recientes hechos violentos corresponden a una falta de estrategia para combatir el crimen en la entidad, reveló el portal La-Lista.
La migración indocumentada
Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, explica a La Lista que el desplazamiento de fuerzas federales para inhibir la migración indocumentada en la frontera sur ha sido un factor determinante del aumento de violencia en la región.
Desde junio de 2019, las autoridades federales desplegaron un operativo para contener el paso de migrantes desde la frontera sur con elementos del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional. Apenas en abril pasado, el gobierno federal anunció el aumento de presencia de elementos federales en la región, donde ya había 8,715 agentes, mismos que pasaron a 10,000.
“La presencia de fuerzas federales, como siempre, viene a cambiar los mecanismos de la delincuencia organizada en una entidad en donde generalmente no pensamos que hay un problema de penetración de delincuencia, pero en realidad sí lo hay”, indica.
Agrega que la concentración de habitantes centroamericanos en la región que buscan cruzar por México para llegar a Estados Unidos, abre espacios para que delincuentes se integren a esos movimientos migrantes y cometan delitos en su paso por el país.
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Conformación de autodefensas
Por otra parte, Santiago Roel, director de Semáforo Delictivo, indicó a La Lista que el levantamiento de grupos de autodefensa en la región presenta un riesgo en términos de seguridad, ya que a pesar de ser un reflejo del descontento de la población por “la falta de estado de derecho y de seguridad”, estos grupos suelen nacer con una buena intención y después sumarse a las filas del crimen organizado.
“El crimen organizado siempre busca la protección del gobierno y en este caso se aprovechan de esta buena intención, quizá de un grupo de ciudadanos que buscan la autodefensa, para aliarse a ellos en contra del grupo rival. Ese es el gran peligro de estos temas”, explica.
Rivas coincide en que en la medida en la que el Estado no haga valer su fuerza, distintos grupos pueden surgir y desestabilizar la situación política y de seguridad de la ciudadanía.
Al respecto, en su conferencia matutina del 15 de julio pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que los grupos de autodefensas no representan un riesgo para la gobernabilidad en Chiapas.
“Se está trabajando en Chiapas. Últimamente ha habido estas manifestaciones de violencia; incluso, hubo un asesinato en Tuxtla de varias personas, y lo que está sucediendo en Pantelhó y en otros sitios donde hay grupos que están actuando de manera violenta, pero no representan ningún riesgo a la estabilidad, a la gobernabilidad”, dijo.
“Ya se está actuando. No se trata de los conflictos que vienen de tiempo atrás, son cosas nuevas, es gente que está optando por la violencia en esa región, pero ya estamos actuando”, agregó López Obrador.
Sin embargo luego que el 18 de julio pasado alrededor de 3 mil pobladores respaldaron públicamente al grupo de autodefensas “El Machete”, el gobierno federal, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, propuso una mesa de diálogo encabezada por Josefina Bravo, comisionada para el diálogo con los pueblos indígenas de México.
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Cárteles de droga
Tanto Santiago Roel como Francisco Rivas coinciden en que la presencia de grupos delictivos no es nada nuevo en la región, aunque Chiapas no es un territorio en el que corrían este tipo de actos violentos.
“Sospechamos que tiene que ver con los temas de siempre: trasiego o venta de drogas o producción de drogas, y el tráfico de personas”, destacó Roel.
En tanto, el director del Observatorio Nacional Ciudadano explica que en Chiapas no era necesario que los crímenes se dieran con violencia por el poco combate al delito y la debilidad institucional. “Era fácil ejecutar los delitos y por lo tanto, no había necesidad de una confrontación entre los grupos delictivos para hacerse dueños de tal o cual territorio”.
Falta de supervisión
Rivas agrega, además, que en el estado hay una falta de supervisión de los delitos, por lo que los bajos niveles en incidencia delictiva “no quiere decir que no los haya (…) la debilidad en el control del territorio hace más difícil poder observar con detalle la ocurrencia de delitos“.
A esto se suma que en la entidad hay un problema relacionado con la delincuencia común y de violencia de género “que no se visualiza, no se visibiliza, a raíz de comunidades que tienen usos y costumbres y que se rigen por sus propios sistemas normativos”.
Rivas explica que el caso de Chiapas es “la punta del iceberg” de lo que sucede a nivel nacional, referente a la falta de estrategia para combatir el crimen.
Desde el punto de vista del director del Semáforo Delictivo, para mejorar la seguridad se requiere de la coordinación entre las autoridades locales y federales, incluyendo también a líderes sociales en la toma de decisiones.
