Desde que comenzó el sexenio del presidente López Obrador, en más de una ocasión, ha mencionado que en su gobierno se acabó la corrupción en nuestro país.
“Se lleva bastante avance, no hay corrupción, aunque les dé coraje a los conservadores (refiriéndose a la oposición), ya se acabó. Porque el presidente no es corrupto y no tolera la corrupción”, dijo López Obrador el 11 de marzo.
Sin embargo, en Cuestione nos preguntamos si efectivamente ya se terminó la corrupción y si esto es suficiente para cambiar el comportamiento de funcionarios públicos.
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¿Se acabó la corrupción?
Platicamos con Rodrigo Salazar Elena, doctor en Ciencia Política por la UNAM, quien nos dijo que la corrupción “es un fenómeno muy difícil de evaluar y de medir” como para decir que ya se acabó.
Agregó que existen encuestas y reportes que miden la percepción –o sea si la gente siente que hay más o menos corrupción que antes– y la incidencia, pero aún así es imposible saber cuántos sobornos se llevan a cabo sin que nadie se entere.
¿Por qué? Porque la mayoría de la corrupción “ocurre en contratos de infraestructura, de obra pública, a través de contratos con costos inflados para compartir o transferir el excedente al funcionario o funcionaria que tiene en sus manos la asignación de este presupuesto”, nos explicó Salazar Elena.
Y agregó que estos desvíos tampoco están tan a la vista porque el objetivo “no es tanto enriquecer a funcionarios públicos sino financiar campañas electorales. Es mucho más caro financiar una campaña electoral que enriquecer a la familia de cuatro funcionarios públicos por cuatro generaciones”.
Así las cosas, más que decir que ya se acabó, se podría decir que se está combatiendo si realmente se revisaran todos los contratos, porque todos los actos de corrupción “dejan huella”.
Sobre esto, Salazar Elena nos puso como ejemplo el caso de las toallas carísimas que se compraron en Los Pinos durante el sexenio de Vicente Fox, lo cual se descubrió gracias a que alguien se puso a buscar.
“Si uno rasca un poco, va a encontrar muy fácilmente dónde están los contratos sucios”, dijo el experto, y entonces habría que imaginar la cantidad de contratos inflados de los que no sabemos que se dieron antes o después.
Es decir que se puede hacer sentir que ya no hay corrupción, o se puede parecer que hay menos incidencia, pero “no se necesita una gran investigación para concluir que siguen existiendo contratos por adjudicación directa con costos inflados”.
“La corrupción no se acaba con un acto de voluntad, sino con un cambio institucional, con leyes adecuadas, instancias de monitoreo y sanción, es decir, una burocracia independiente y especializada en detectar los actos de corrupción y castigar”, dijo Salazar Elena.
Y en esos términos, de acuerdo con el experto, no ha cambiado nada en este sexenio.
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La impunidad es clave
En septiembre del año pasado la analista de temas anticorrupción, Sofía Ramírez Aguilar, publicó el estudio Acabar con la corrupción: no bastan mayores castigos en el que destaca que una verdadera respuesta efectiva del gobierno debería atender la impunidad.
“Salvo por el discurso del fin de la corrupción y el inicio de un régimen de honestidad y austeridad, no se han invertido recursos en mejorar la calidad de las investigaciones ni en disminuir los índices de impunidad de prácticamente ningún delito o falta administrativa”, escribió Ramírez Aguilar.
Además, la experta destacó en su estudio que si no se castiga a quien se le demuestren actos de corrupción, este comportamiento seguirá existiendo a pesar de lo que se diga en los discursos.
“Más allá de las buenas intenciones y de la importancia de tener un líder (un presidente) honesto, la corrupción siempre va a encontrar espacios para desviar recursos y abusar de posiciones de poder. La corrupción no se acaba por decreto”, dijo.
En esto está de acuerdo el politólogo Rodrigo Salazar Elena, pero también nos explicó que hay que tener cuidado con pensar que meter a políticos de sexenios anteriores a la cárcel es combatir a la corrupción, ya que eso siempre ha existido, en todos los gobiernos.
“Eso cualquiera lo hace. Pero eso es un error. No es combate a la corrupción, es venganza política o en el mejor de los casos es tener a un chivo expiatorio para que la gente crea que el gobierno en turno está haciendo algo”, dijo Salazar Elena.
Y agregó que para que realmente los actos de corrupción no queden impunes, se tienen que sancionar los que están ocurriendo ahora, en este sexenio, para que los funcionarios entiendan que este gobierno no los va a perdonar ni proteger.
El experto puso el ejemplo de Uruguay, en donde el Poder Judicial persigue la corrupción de oficio, “en cuanto salen en el periódico, el aparato judicial se activa como si fuera un asesinato, pues no necesitas una denuncia, se activa para investigar y perseguir”.
Salazar Elena destacó que lo más importante del combate a la corrupción es que esté lejos de la clase política, y no solamente porque van uno que otro político a la cárcel ya que pueden ser chivos expiatorios y de otros corruptos no sabemos que están impunes porque ni siquiera hay procesos en su contra.
En Uruguay “está fuera de las manos del presidente en turno decidir si su compadre, su hermano, su amigo va a ser perseguido o no, no los puede proteger. Ese es el punto, cuando tengamos instituciones así, que no las tenemos, se puede decir que se acaba la impunidad”.
Salazar Elena concluyó que ni siquiera se trata de meter políticos a la cárcel, sino que sepan que verdaderamente se va a acabar su carrera política si incurren en actos de corrupción, que no habrá nadie que los proteja.
