Compañías se defienden
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador le ha puesto varias trabas a las empresas que generan energías renovables en el país, es decir, aquellas que utilizan fuentes limpias, como el aire (eólicas) o el sol (solares).
Una de las políticas más polémicas, impulsadas por la Secretaría de Energía (Sener), fue la de frenar la entrada de nuevas plantas de energía renovables, el pasado 15 de mayo. Sin embargo, esta decisión fue suspendida temporalmente, gracias a una controversia resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Sin embargo, esta medida no impactará el incremento a las tarifas de hasta 800%, que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cobra a las empresas generadoras de energía limpia, por utilizar su red eléctrica de transmisión. Esta política ya es conocida como el “tarifazo”.
Para entender: las empresas generadoras de energía no cuentan con una red eléctrica propia para hacer llegar la energía a sus clientes, así que usan la infraestructura de la CFE y le pagan por ello. A esa tarifa se le conoce como “de porteo” o “de transmisión”.
¿Pero quiénes serán los principales afectados con esta medida? Pues los usuarios finales (principalmente negocios y fábricas consumidoras de estas energías renovables), ya que al incrementar el precio de la electricidad, suben los costos de su operación y con eso el precio de sus productos, nos explica Paul Alejandro Sánchez, analista de energía.
Este incremento podría elevar los precios de los productos de estas empresas hasta en 25%, según las estimaciones de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE).
Sin embargo, “este incremento no se justifica si antes no se hace un análisis económico de cómo puede afectar a los usuarios y a las empresas”, dice Paul Alejandro Sánchez, analista de energía.
Además, explicaron los expertos, este cambio va más allá de un simple ajuste en las tarifas, pues también compromete el desarrollo y futuro de las energías renovables del país, según especialistas consultados por este medio.
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La deuda verde
México tiene el compromiso internacional con la Organización de Naciones Unidas (ONU) de que la energía del país sea cada vez más generada a través de fuentes limpias, y para ello, estableció en la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables que establece que, para el año 2024, 35% de su producción eléctrica vendrá de energías renovables y para 2050, el 50%.
Hasta febrero de este 2020, 23.4% de la electricidad que consumimos en el país proviene de fuentes limpias, de acuerdo con la Agencia Internacional de Energía, por lo que aún estamos lejos de cumplir el objetivo.
Con las medidas que está tomando el gobierno, las empresas tendrán que operar con menos recursos o dejar de existir pues, al subir las tarifas, este mercado es menos atractivo para los inversionistas, alerta Verónica Méndez, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).
“La decisión del gobierno le da el control de la producción de electricidad a la CFE, lo cual significa un retroceso en el desarrollo de las tecnologías que generan las energías renovables, pues México no estaría avanzando con sus compromisos de mejorar el medio ambiente”, nos explica Méndez.
La polémica por la tarifa
Manuel Bartlett, titular de la CFE, dijo que las empresas generadoras de energías renovables no conformaban un mercado, sino un “atraco a la nación”, por no pagar tarifas “justas” a la CFE por utilizar su red.
Pero para entender el conflicto entre la CFE y las centrales de energía renovable, hay que remontarnos a 1992, cuando la Comisión le abrió las puertas, por primera vez, a las grandes industrias del país, para que generaran su propia energía (“autoabasto”).
A cambio, estas empresas podrían usar la red eléctrica de la CFE, por una tarifa baja (tarifa de porteo o transmisión). La energía que generen y no usen (sobrante) podrían vendérsela exclusivamente a la CFE, que a su vez la revendía a sus clientes.
A partir de entonces, las industrias que tenían estos permisos comenzaron a organizarse en “sociedades de autoabasto”, como una especie de club de generadores y consumidores de energía en donde podían comercializar sus sobrantes eléctricos.
Pero la CFE denunció que en esas sociedades de autoabasto había hasta 10 mil socios, por lo que se trataba de un esquema de compra y venta de energía eléctrica (utilizando la red de la CFE), asegurando que eso creaba un “mercado negro eléctrico” con pérdidas de hasta siete mil millones de pesos.
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Empresas se amparan
Esta no es la primera vez que el gobierno de López Obrador da un “golpe” a la industria de las energías renovables.
En el último año se han frenado las inversiones de algunas de estas empresas extranjeras al país y, recientemente, también se suspendió la operación de 26 plantas solares, con el pretexto de “dar certeza y garantía al suministro de energía eléctrica en el país durante el confinamiento”, lo cual puso en riesgo hasta 20 mil millones de pesos que se tenían comprometidos en estas centrales de energía.
Por eso es que ya hay unos 172 amparos, que las empresas de energía han interpuesto contra las medidas del gobierno actual, que atacan a las energías renovables, las cuales acusan afectaciones a las inversiones que ya tenían comprometidas en sus centrales, entre otras cosas. Y en el caso de las tarifas, han denunciado “tarifas excesivas”.
Con estas medidas, varios expertos han alertado que la CFE busca volver a acaparar el mercado eléctrico, pues los precios de la empresa de gobierno no son competitivos frente a los de las empresas que generan energía. Mientras esa discusión sucede, México está cada vez más lejos de cumplir sus compromisos energéticos.
