Al filtrar y publicar material de los feminicidios de la joven Ingrid Escamilla y la pequeña Fátima Cecilia se violó la intimidad en ambos casos, dijo Aldo Salazar, médico legal y forense de la UNAM.
“Las autoridades y medios de comunicación violaron la secrecía de las víctimas al filtrar y publicar fotos explícitas del cuerpo de la joven; un video donde la pareja de ésta se inculpa y, en el segundo caso, un archivo con información del DIF, entre otras cosas”, explicó Salazar en entrevista para Cuestione.
La guía de actuación para la Comunicación Social en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, en su capítulo tres, indica que:
1.- El Ministerio Público debe garantizar la protección de todas las personas que intervengan en un proceso.
2.- Tienen la obligación de resguardar la identidad y datos personales de las víctimas cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro, delincuencia organizada.
3.- A consideración del juez se imponga protección a los involucrados.
Aldo Salazar indicó que se debe cuidar la privacidad de los involucrados, porque de lo contrario se vulneran los derechos humanos y se revictimiza a las personas. “Los medios tienen que cuidar que a las víctimas o acusados no se les vea el rostro, no se dé a conocer su nombre completo. Sucede lo mismo con los cadáveres, a los que deben poner una marca”.
Sin embargo, también es muy recurrente que las autoridades filtren fotos y datos a los medios de comunicación, porque “existe corrupción, no hay una institución o autoridad máxima que los sancione y los medios por su parte se apegan al artículo 6o. de la Constitución sobre la libertad de prensa”, expuso el también perito médico forense en la Fiscalía de Iztapalapa.
En el caso de la policía cibernética, comentó Salazar, se deberían poner candados a los medios que no cumplan con resguardar los datos de las víctimas, “para que este tipo notas no dañen socialmente”.
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¿Qué pasa con las ONG y autoridades?
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) federal o capitalina, tiene la misión de dar recomendaciones en este tipos de situaciones. “Recordemos el caso del multihomicidio en la colonia Narvarte en 2015: autoridades filtraron evidencia, la Comisión de Derechos Humanos capitalina recomendó que se sancionara a los involucrados, sin embargo, no pasó nada y ese tipo de prácticas se siguen dando”, explicó Salazar.
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Por su parte, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) condenó la forma en que varios medios de comunicación difundieron la información e imagen del feminicidio de la joven de 26 años, ya que terminó siendo revictimizada.
En un comunicado, Conavim pidió a las autoridades capitalinas investigar quiénes filtraron la información a los tres diarios que fueron responsables de publicar el contenido. Y a los medios impresos y digitales les recomendó capacitar y profesionalizar a sus trabajadores para que conozcan lo que explica la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia así como el lenguaje incluyente.
Tras la filtración de información en el caso de Ingrid Escamilla, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México señaló que ya investiga a seis funcionarios que acudieron al lugar donde se realizó el feminicidio y donde tomaron los primeros peritajes del lugar donde ocurrió el asesinato de Ingrid.
“Aquí se debe de investigar a esos funcionarios y de comprobar que ellos filtraron la información se les sancione, sin embargo, con el nuevo Sistema Penal Acusatorio no estamos preparados, pues se requeriría que los detuvieran con las manos en la masa”, comentó Salazar.
¿Realmente funcionará una institución que se dedique a monitorear a los medios de comunicación para que no violen la privacidad de las víctimas y castigue a autoridades que filtren información a la prensa?
