En Chile nadie ganó, ni la derecha, ni la izquierda; se mantiene Constitución de Pinochet

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Fue rotundo el rechazo al texto de la nueva Constitución de Chile que se votó, de manera obligatoria, el domingo 17 de diciembre de 2023. El texto en cuestión fue elaborado por el Consejo Constitucional, de mayoría conservadora, luego de que en 2022 también se rechazara la propuesta de la izquierda para reformar la Carta Fundamental con la que se rige el país sudamericano desde la dictadura de Augusto Pinochet, en la década de los 80.

Un avasallador 55% de la población votó en contra de la propuesta de la derecha que presentaba retrocesos en derechos que ya se habían conquistado, como el aborto para las mujeres. Fue un fracaso de la política y de sus actores que fueron incapaces de sostener un acuerdo respaldado por la ciudadanía, nos dijo el periodista chileno Mauricio Weibel.

En septiembre de 2022, cuando se presentó por primera vez la propuesta de nueva Constitución con el empuje del entusiasmo social que habían dejado las masivas propuestas de 2019 y 2020 detonadas por el alza tarifaria al transporte público, la derrota fue igual de abrumadora.

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En aquel momento, casi el 62% votó en contra de la propuesta de la izquierda para actualizar la Constitución y el 38% votó a favor. Ante el rechazo, se conformó el Consejo Constitucional que redactó el texto abatido en las urnas en el segundo plebiscito, dejando a Chile en el mismo lugar donde empezó todo, con la misma Carta Magna redactada durante el periodo dictatorial.

“Nadie ganó (…) dejó todo como estaba antes del estallido social”, pero sin marco de solución, nos dijo Weibel, porque el presidente Gabriel Boric adelantó que no se retomará el proceso en lo que queda de su mandato, los próximos dos años. 

“El país se polarizó, se dividió y al margen de este contundente resultado, el proceso constitucional no logró canalizar las esperanzas de tener una nueva Constitución redactada para todos”, dijo Boric en un mensaje tras el referéndum.

De los males, el menor

En el aire se percibe el sinsabor que dejó la jornada del domingo 17 de diciembre de 2023, nos compartió Mauricio Weibel. No hay fanfarrias, nadie está celebrando nada porque lo que lograron fue apenas “salvarse del abismo”. La izquierda tuvo que salir a defender la Constitución de Pinochet no porque sea buena, sino porque la otra era peor, nos dijo el periodista.

El presidente Boric se pronunció en el mismo sentido: “ni celebración, ni arrogancia. Pelota al piso, humildad y trabajo, mucho trabajo”, dijo en un mensaje a la ciudadanía. El sentimiento de derrota es el que queda entre la ciudadanía chilena, ambos esfuerzos por renovar su Constitución se realizaron en vano.

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Este panorama suma algunos puntos al gobierno de Gabriel Boric que no logra repuntar en las encuestas y debilita a la derecha tradicional del partido Chile Vamos y a la extrema derecha del Partido Republicano que, para el periodista Mauricio Weibel, es el gran perdedor de la jornada, porque se jugó todo en la redacción del texto rechazado.

El plebiscito Constitucional también dejó entrever una realidad quizás preocupante, nos dijo el entrevistado: el 44% de la población votó por una Constitución aún más conservadora que la de Pinochet, lo que indica el avance de la derecha en la configuración política y social de Chile de frente a las elecciones de alcaldes y gobernadores que se avecinan en 2024.

Las controversias de las propuestas de Constitución

La primera propuesta de Constitución, la que se votó y rechazó en septiembre de 2022, fue diseñada por una mayoría de izquierda que pretendía a establecer a Chile como “una democracia paritaria, como un estado plurinacional e intercultural, y como estado social y democrático de derecho que debe proveer bienes y servicios para asegurar los derechos de las personas”. 

Esta surge como legado del estallido social que tuvo lugar a finales de 2019 y que inició con una serie de protestas por el alza a los precios del transporte. El presidente de Chile en aquel momento era Sebastián Piñera, quien convocó en octubre de 2020 a un referéndum para que la ciudadanía decidiera si querían cambiar la Constitución que fue promulgada por Augusto Pinochet.

Un contundente 78% de la población aprobó la propuesta y en 2021, se convocó a votaciones para elegir a las y los miembros del Consejo Constitucional que redactaría la nueva Carta Magna, proyecto que contó con el apoyo del actual presidente Gabriel Boric.

La propuesta incluía 388 artículos que habrían consagrado derechos sociales, incrementado la regulación ambiental y dado al Gobierno una mayor responsabilidad en los programas de bienestar social. También contemplaba la creación de dos Cámaras: un Congreso de Diputados y Diputadas, y una Cámara de las Regiones. 

Además contemplaba un derecho que incluso la ONU celebró: el derecho a una vivienda adecuada. 

“El referéndum del domingo en Chile brinda una oportunidad única para que Chile se una al creciente número de países que han reconocido legalmente el derecho a una vivienda adecuada en su Constitución”, afirmó Balakrishnan Rajagopal, relator especial de la ONU.

En comparación con el texto que entregó el Consejo Constitucional en 2022, el que se votó y rechazó el 17 de diciembre tenía algunos puntos controversiales en lo referente a los derechos de las mujeres, en especial al aborto.

El artículo 21 de la propuesta de 2022 establecía que “toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad personal. Esta comprende la integridad física, psicosocial, sexual y afectiva”. Y que “ninguna persona puede ser condenada a muerte o ejecutada, sometida a

torturas, ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

En cambio el artículo 16 de la propuesta de 2023 se refiere al mismo derecho con una narrativa distinta: “el derecho a la vida. La ley protege la vida de quien está por nacer. Se prohíbe la

pena de muerte” y a “el derecho a la integridad física y psíquica. Nadie será sometido a tortura ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.

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Otro tema que levantaba polémica era el referente a la migración ya que la última propuesta de Constitución habilitaba la expulsión de los inmigrantes ilegales. También la que aborda a los pueblos originarios, pues aunque reconoce la diversidad cultural el texto reafirmaba a la nación como única e indivisible, en referencia a la disputa territorial que mantiene el Estado chileno con el pueblo mapuche.

Temas como salud, educación y pensiones mantuvieron un esquema mixto, sin demasiados cambios de lo que ya está establecido en la Constitución vigente, aunque hay quienes señalaron que de esta manera se “institucionalizaría” la fragmentación social que ya existe en el país.

La falta de capacidad de la clase política para llegar a consensos derribó el modelo chileno de participación ciudadana que había sido aclamado por todo el mundo y apagó lo poco que quedaba de la llama del clamor social de 2019 y 2020, mostrando lo poco que hace falta para que la democracia de un país de una vuelta completa hacia atrás.

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