El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien llegó al poder en 2019, se ha visto inmerso en una serie de controversias por las drásticas medidas que ha tomado durante su gobierno. La más reciente, en junio de 2023, fue la reestructuración de los municipios que componen al país con la que pasarán de 262 a 44.
Con esta decisión, en las elecciones del 3 de marzo de 2024 la ciudadanía podrá elegir solo a 44 alcaldes, luego de que la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Especial para la Reestructuración Municipal con 67 votos, con la justificación de que esto servirá para agilizar la coordinación de planes de desarrollo. “Una acción, que como tantas otras, se debió tomar hace décadas”, expresó el presidente del Órgano Legislativo salvadoreño, Ernesto Castro.
Con su publicación en el Diario Oficial, los municipios salvadoreños pasaron a ser distritos y quedaron agrupados por regiones en cada uno de los 14 departamentos, basado en los cuatro puntos cardinales: Norte, Sur, Este y Oeste.
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El gobierno salvadoreño afirma que la nueva división territorial mejorará la administración del presupuesto de los municipios para que cuenten con mayores recursos y se distribuyan de manera enfocada en las necesidades de cada sector.
Además advierte que los ahora distritos no perderán su identidad cultural, tradiciones ni las oficinas administrativas que prestan servicio a la población. Tampoco afectará la extensión de partidas de nacimiento, las tarifas de impuestos municipales ni otros servicios.
Cambiar la distribución de un país es una medida preocupante que se suma a otras del autoproclamado “presidente millenial” -por su corta edad, ahora tiene 41 años- que no han dejado de ser menos radicales conforme avanza su gobierno.
El confinamiento obligatorio con vigilancia militar durante la pandemia
Bukele inició su mandato un poco más de un año antes de tener que enfrentar al monstruo de la COVID-19 en 2020 y fue muy criticado por las medidas que tomó para contener los contagios en el país de 6,336,392 habitantes -aproximadamente la población del estado de Puebla-, que implicaron una cuarentena obligatoria para toda la ciudadanía, donde las fuerzas armadas tenían la facultad de detener a quien se encontrara fuera de su hogar.
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A las y los salvadoreños solo se les permitía salir a comprar alimentos y medicamentos dos veces por semana y se les exigía seguir cierto orden, determinado por sus números de identificación nacionales. Durante algunas semanas se detuvo el tránsito del transporte público y solo podían circular los vehículos de personas autorizadas o que transportaran personal de Salud.
Bitcoin como moneda de uso legal
Como buen millenial, Bukele apostó por la criptomoneda bitcoin al grado de declararla moneda legal en el país en 2021 con lo que, según la ley, todos aceptarían la criptomoneda como forma de pago, incluso se podría usar para pagar los impuestos.
Para incentivar su uso, el gobierno salvadoreño creó la aplicación Chivo Wallet, una aplicación que entregaba $30 dólares estadounidenses -moneda legal en el país- en bitcoins a las personas que descargaran y utilizaran la aplicación.
“Como toda innovación, el proceso del #Bitcoin en El Salvador tiene una curva de aprendizaje. Todo camino hacia el futuro es así y no se logrará todo en un día, ni en un mes. Pero debemos romper los paradigmas del pasado. El Salvador tiene derecho a avanzar hacia el primer mundo”, escribió Bukele en su cuenta de Twitter en ese entonces.
Instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI) plantearon los riesgos económicos, financieros y legales en el uso del bitcoin como moneda de curso legal, sobretodo por la volatilidad de la criptomoneda de la que, en noviembre de 2022, Bukele anunció que El Salvador compraría una diaria y que a mayo de 2023 tuvo un precio de $26,925 dólares tras una serie de bajas en su valor.
La mega cárcel para terroristas y el régimen de excepción
En febrero de 2023 Nayib Bukele inauguró uno de sus proyectos más polémicos: una mega cárcel con capacidad para 40,000 personas a quienes, en medio de un régimen de excepción, les quitó las libertades individuales.
Ese mismo mes fueron trasladadas las primeras 2,000 personas privadas de la libertad (PPLs) a lo que llamaron “Centro de Confinamiento del Terrorismo”, a donde llegan principalmente pandilleros de agrupaciones criminales como los Mara Salvatrucha, que mantuvieron a El Salvador bajo el terror durante muchos años.
El mega penal fue construido en una zona rural cerca de Tecoluca, un municipio del departamento de San Vicente, a unos 74 kilómetros de la capital, San Salvador. Es custodiado por más de 600 elementos de las Fuerzas Armadas, 250 de la Policía Nacional Civil y está completamente aislado del exterior.
A pesar de que al inicio la población celebró la disminución de la inseguridad, organismos han señalado severas violaciones a los derechos humanos de las personas recluidas, quienes reciben poco alimento, visten con lo mínimo de ropa con la intención de que no puedan esconder pertenencias.
También se han denunciado muertes bajo custodia, hacinamiento extremo, torturas, detenciones arbitrarias -incluso de menores de edad-, e incomunicación total con abogados o familiares.
¿Medidas justificadas o tiranía pura?
Para Daira Arana, maestra en Asuntos Internacionales y directora general de Global Thought Mx, una organización mexicana de análisis sobre asuntos internacionales, el caso Nayib Bukele hay que tomarlo con mucha seriedad porque actualmente se están replicando medidas similares en los centros penitenciarios de Honduras que quedaron bajo control militar en junio de 2023, luego de un fuerte motín en una cárcel de mujeres que dejó 46 reclusas fallecidas.
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“Posiblemente esto vaya a tener una repercusión importante no solo en en la región centroamericana, sino en América Latina y el mundo. Tomando eso como escenario, diría que los Estados, particularmente quienes representan a los Estados, parece que no entienden sus obligaciones democráticas y en materia de derechos humanos”, acusó Arana.
La especialista nos explicó que los derechos humanos son justamente una herramienta para poner límites a quien tiene mucho poder -como las y los gobernantes- respecto a las personas que no tienen poder, como las personas comunes.
“Las medidas que está tomando Bukele no se justifican incluso ante las situaciones de inseguridad que se tiene en el país. El Salvador tiene una historia donde hay procesos de negociación con las pandillas que han tenido mejores resultados que una política punitiva en exceso como la que se tiene actualmente”, resaltó la entrevistada.
Daira Arana nos dijo que desde lo que conocemos por la información que se difunde desde medios de comunicación salvadoreños y el gobierno, no se explica cuáles son los mecanismos para reinsertar a las y los PPLs a la sociedad luego de cumplir su condena. “Parecería que se planea que se queden ahí para siempre”, acusó la especialista.
“Más que decir que es un tirano, Nayib Bukele es una figura populista de derecha que está teniendo cada vez más influencia ante la incapacidad de los Estados de tener estrategias que respondan a los problemas de seguridad de manera eficiente y además que las respuestas no sean generando violencia desde las instituciones del Estado, ni violando las garantías individuales de las personas”, concluyó la experta.
