La persecución que mantiene el régimen autoritario del presidente nicaragüense Daniel Ortega contra los miembros de la iglesia católica no se detiene; al contrario, se agrava. Tan solo en 2023 se realizaron 275 agresiones contra líderes religiosos y 740 desde 2018, año de importantes protestas sociales que fueron violentamente reprimidas por el gobierno de Ortega, como te contamos en esta nota.
El destierro y el encarcelamiento son dos de las maneras que tiene el gobierno de Nicaragua para aplacar a quienes apoyan los movimientos de resistencia contra la dictadura de Daniel Ortega desde que regresó al poder en 2007 y que tiene cooptadas a las instituciones públicas, las fuerzas armadas y el sector empresarial.
Tan solo en diciembre de 2023, un obispo, seis monseñores, siete párrocos y dos seminaristas fueron detenidos en Nicaragua y en octubre del mismo año otros 12 sacerdotes fueron excarcelados para ser desterrados a Roma.
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Otra de las medidas que utiliza el gobierno nicaragüense en manos de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo -quien es vicepresidenta desde 2016– es despojar de su nacionalidad a sus opositores y suspender sus derechos ciudadanos de por vida por presunta traición a la patria.
Este es el caso del obispo Rolando Álvarez, quien cumple una sentencia de 26 años de cárcel por traición a la patria, luego de que se negara a subirse a un avión con destino a Estados Unidos junto a otros 200 presos políticos condenados al exilio en febrero de 2023.
De hecho, las aprehensiones de diciembre de 2023 -que en realidad son secuestros por grupos paramilitares- se dieron a causa de que los sacerdotes detenidos se pronunciaron en el servicio religioso a favor de la liberación de Álvarez, pues el régimen de Ortega y Murillo tiene prohibido que se mencione su nombre y rezar por él en las misas.
El 2 de enero de 2024 el gobierno de Estados Unidos condenó el encarcelamiento injustificado del obispo quien lleva 500 días en prisión, acusando que durante este tiempo “las autoridades nicaragüenses mantuvieron aislado al obispo Álvarez” y “bloquearon la evaluación independiente de las condiciones de su encarcelamiento”, según dice un comunicado del departamento de Estado estadounidense.
Esto fue a raíz de que el 28 de noviembre de 2023 el gobierno de Nicaragua publicó 34 fotografías y un video de Álvarez, ante la presión de organismos nacionales e internacionales que pedían una prueba de vida del párroco, material que fue señalado de haber sido montado y que solo “aumentan las preocupaciones sobre su bienestar”, según la oficina de Estados Unidos.
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Destrucción de aparato ideológico, el objetivo de la persecución
La persecución de miembros de la iglesia católica tiene un trasfondo político importante en el contexto local de Nicaragua donde los líderes sociales -como los religiosos y los educativos- tienen una fuerte influencia en la comunidad, por lo que son percibidos como amenazas al orden establecido por el régimen de Ortega, nos dijo Arlene Ramirez Uresti, doctora en Relaciones Internacionales y académica de la Universidad Iberoamericana.
“La iglesia católica en Nicaragua ha estado señalando las acciones del gobierno de Daniel Ortega y han dado apoyo importante a grupos de resistencia (…) Esto que está ocurriendo desde el año pasado habla de la campaña político-ideológica del presidente para amagar a las instituciones que no solamente están en la oposición sino que están apoyando los movimientos en contra de su gobierno”, detalló la especialista.
Ramírez Uresti nos explicó que en la Teoría General del Estado, los Estados tienen, además de población, territorio y gobierno que son reconocidos por el Derecho internacional, un aparato ideológico a través de la educación y la religión que, aunque no están directamente vinculadas con el Estado, funcionan a través de una sinergia para promover la identidad y unidad nacional.
“Cuando eso se rompe en un gobierno (la sinergia entre el Estado y el aparato ideológico) tenemos acciones como las que están ocurriendo en Nicaragua (…) Ya no va en la misma dirección”, resaltó.
Sembrar miedo para mantener el control
La internacionalista añadió que también las escuelas y las universidades privadas han visto ataques por parte del gobierno nicaragüense ya que son las instituciones que incomodan porque están preservando una visión de la identidad nacional que representa una amenaza para el poder de Ortega.
En agosto de 2023 el gobierno de la dupla Ortega-Murillo llamó “centro de terrorismo” y confiscó todos los bienes de la Universidad Centroamericana de Managua, la más importante universidad privada de Nicaragua que pertenece a la orden de los jesuitas, acusando que había traicionado la confianza del pueblo nicaragüense y transgredido el orden constitucional, jurídico y el ordenamiento que rige a las instituciones de la Educación Superior del país.
“Una parte importante de todo esto es generar temor entre la población y, de alguna forma, poner de sobre aviso a la resistencia con el mensaje de que el gobierno es omnipotente (…) Lo primero que se hace cuando se quiere controlar a la población es limitar el derecho al credo y limitar las acciones de una institución que tiene la capacidad de movilizar a la gente”, concluyó Arlene Ramírez.
