Por Blanca Juárez
“Ya no quise volver”. Los abusos que vivió Anselmo Oropeza como jornalero migrante en Estados Unidos le dejaron un gran recelo. La última vez que viajó con la visa de trabajo temporal H-2A, hace tres años, se enfermó gravemente y en la granja no le permitieron descansar ni un día.
Hace una semana, el gobierno estadounidense anunció reformas a su programa de empleo temporal en el campo para evitar injusticias y violaciones a los derechos laborales. Son cambios que por décadas han demandado migrantes y organizaciones.
Desde Baltimore, Rachel Micah-Jones, directora del Centro de los Derechos del Migrante (CDM), celebró la noticia. “Estamos muy felices. Son cambios básicos, pero la falta de esas normativas y regulaciones demuestra qué tanto habían sido desdeñados el trabajo, la seguridad y la dignidad de estas personas trabajadoras”.
El programa de empleo temporal agrícola con visas H-2A fue creado por el gobierno de Estados Unidos en 1986. Su antecedente es el programa de braceros. A través de este programa, personas de México y otros 86 países tienen la oportunidad de laborar de manera documentada en aquel país, mientras que las empresas que sufren de falta de personal pueden mantener sus niveles de producción.
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Año con año este programa ha crecido, pese a que algunas de sus reglas han permitido violaciones a los derechos humanos de las y los migrantes. En 2023, el Departamento de Seguridad Nacional de aquel país otorgó 310,676 visas H-2A. Mientras que en 2019 autorizó 204,801. Eso significa un incremento del 52%.
De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), siete de cada 10 jornaleros migrantes agrícolas en Estados Unidos son de origen mexicano.
Pero los esfuerzos de las personas jornaleras, organizaciones que las apoyan, el capítulo laboral del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y un caso alarmante de más de 100 personas sometidas a esclavitud moderna en Georgia, catalizaron la implementación de reformas significativas en este programa.
Las reformas al programa de jornaleros migrantes
Una de las reformas al programa obliga a los empleadores a brindar garantías “de que no intimidarán, amenazarán ni discriminarán” a las y los jornaleros migrantes agrícolas que se organicen para proteger sus derechos laborales.
Lo anterior incluye las actividades de ayuda o protección mutua relacionadas “con salarios o condiciones de trabajo”, según el Departamento del Trabajo estadounidense (DOL, por sus siglas en inglés).
Esta medida es importante porque, a decir de Anselmo Oropeza y del CDM, cuando los trabajadores y las trabajadoras demandan un derecho o se quejan por alguna violación a sus garantías, los empleadores les amenazan con despedirles. O les despiden.
Para obtener la visa H-2A, las personas migrantes deben contar, desde México, con una oferta de trabajo en Estados Unidos. Y un requisito para conservar la visa y permanecer en aquel país es mantener dicho empleo. No pueden cambiarse a otra compañía. Y si les despiden, tendrán que volver a México.
Por ello, las desvinculaciones tendrán que ser justificadas y razonables, señala el documento del DOL. Esto evitará despidos arbitrarios e injustos, apunta.
Las nuevas disposiciones también le exigen al empleador entregar una copia de todos los acuerdos con cualquier agente o reclutador.
En México muchos intermediarios cobran altas sumas de dinero por conseguir una oferta laboral. Para cubrir el costo, muchas jornaleras y jornaleros agrícolas recurren a préstamos y llegan a Estados Unidos con una deuda.
Eso les coloca en una mayor vulnerabilidad ante cualquier abuso, pues el miedo a perder el empleo y ser deportados les impide protestar o denunciar las injusticias que enfrentan.
Otra modificación permite que las personas trabajadoras inviten a organizaciones sociales a inspeccionar las viviendas proporcionadas por el empleador. Así, contarán con vigilancia externa para asegurar que sus condiciones de vida y trabajo sean dignas.
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Anselmo no volverá
En 2021, tras cuatro años continuos de viajar a Estados Unidos con la visa H-2A, Anselmo Oropeza decidió no regresar. Incluso libró la pandemia de COVID-19, cuando el gobierno estadounidense declaró como trabajadores esenciales a las jornaleras y los jornaleros agrícolas.
La primera vez que solicitó la visa, en 2017, pagó 8,000 pesos a un reclutador. Es decir, pagó por trabajar. En ese entonces, Anselmo Oropeza tenía 33 años y acababa de perder un hijo.
“Eso fue lo que me cobró, dijo que le podía dar la mitad antes de irme y la mitad al regresar. De todos modos, yo no tenía esos 4,000 pesos, tuve que pedir prestado”. Por lo que eran dos las personas con quien adquirió una deuda. “En ese entonces estábamos muy mal en mi familia”, derivado de una larga enfermedad de su hijo y de los gastos funerarios.
Nunca le gustó la manera en la que les hablaban y los trataban en la granja. Originario del estado de Guerrero, siempre trabajó en un campo en La Florida. Aguantó incluso el hacinamiento en la vivienda que les proporcionaban.
Pero en 2021 “me enfermé del estómago. Creo que una bacteria me hizo daño. Me agarró una diarrea de aquellas y fiebre que no se aguanta. Sí me checó el doctor de la granja y hasta me dio medicamento, pero de descanso ni hablar. Imagínese cómo pegaba el solazo y yo ardiendo de la calentura y retorcido del dolor. Qué voy a volver por unos cuántos dólares, mejor me quedo en mi tierra”.
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Una lucha colectiva
Pese a los cambios, “el programa sigue completamente controlado por los empleadores. Pero es un paso adelante. Estas reformas dan mayor protección” a las jornaleras y los jornaleros migrantes, dice Rachel Micah-Jones, directora del Centro de Derechos del Migrante (CDM).
“Así que estamos contentes de estos cambios, aunque siempre nos gustaría ver más. Pero vamos a seguir luchando por mejoras”. El CDM, de la mano de Rachel Micah-Jones, lleva por lo menos 18 años acompañando a jornaleras y jornaleros migrantes y exigiendo reformas al gobierno de Estados Unidos.
En 2021, cuando Anselmo Oropeza trabajaba en pésimas condiciones de salud en La Florida, el CDM y otras organizaciones sociales acompañaron la lucha de dos trabajadoras migrantes mexicanas.
El 23 marzo, Adareli Ponce Hernández y Maritza Pérez Ovando, solicitaron al gobierno mexicano iniciar una queja laboral contra el de Estados Unidos mediante el T-MEC. Las trabajadoras migrantes documentaron discriminación por género en el programa H-2A. Además de abuso sexual sistemático en el programa de visas H-2B, para trabajo temporal no agrícola.
En ese mismo año, pero en noviembre, después de una investigación transnacional que incluyó a México, el Departamento de Justicia de Estados Unidos inició una acusación contra 24 personas por “operación de tráfico de personas y tráfico de mano de obra”.
La red de traficantes “importó ilegalmente trabajadores mexicanos y centroamericanos a condiciones brutales en granjas de Georgia del Sur”. Fueron más de 100 víctimas.
Derivado de todo lo anterior, el gobierno estadounidense realizó una primera reforma al programa de visas H-2A en diciembre de 2023.
“El Congreso de Estados Unidos necesita destinar más fondos para que el Departamento de Trabajo aumente las inspecciones en sitios laborales. Esperamos que en el siguiente presupuesto sí lo hagan. La realidad es que no hay suficientes inspectores para responder a este problema”, dice frustrada.
Pero en seguida, la activista recuerda el logro que acaban de conseguir y lo toma como batería. “Me emociona mucho que las protecciones aprobadas apoyan la organización colectiva y la defensa de las personas trabajadoras. Hacen falta recursos económicos para hacer cumplir las reglas, pero definitivamente estamos avanzando”.
