Cuando pensamos en trata de personas lo primero que nos viene a la mente es el tráfico de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, pero hay otras modalidades de este delito menos visibilizados y, por tanto, menos atendidos. Uno de ellos es el que tiene fines de explotación laboral que en ocasiones llega a caer en la esclavitud.
Muchas víctimas de trata con fines de explotación laboral son personas del campo, en condiciones de pobreza o migrantes irregulares. Los llamados jornaleros y jornaleras son engañados por “enganchadores”, es decir, personas que se encargan de reclutarlos ofreciendo condiciones de trabajo como sueldo, transporte y vivienda dignos que no se llegan a cumplir.
Las personas trabajadoras terminan siendo transportadas en vehículos en mal estado, obligadas a pagar el transporte aunque esto le corresponde a las empresas que los contratan; viven hacinados con sus familias y las de otras personas en lugares insalubres, trabajando por un sueldo miserable hasta 12 horas diarias.
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En muchas ocasiones no tienen ni siquiera la indumentaria necesaria para trabajar, como gorras para protegerse del sol, guantes para trabajar con químicos peligrosos como fertilizantes y se han encontrado un gran número de menores de edad realizando actividades riesgosas para ellos.
Se les endeuda y amenaza para que sigan trabajando bajo esas condiciones sin protestar. Quienes tratan de huir pueden ser víctimas de golpizas y al no tener ni contratos ni registros de ninguna manera quedan completamente abandonados a su suerte. Y nadie hace nada.
¿Qué es la trata de personas?
En el año 2000, 121 países firmaron en Palermo, Italia, la nueva Convención de Naciones Unidas Contra la Delincuencia Transnacional Organizada. En aquella ocasión 80 naciones firmaron también el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente de Mujeres y Niños, conocido como el Protocolo de Palermo.
El Protocolo de Palermo describe la trata de personas en función de tres elementos: la actividad o las acciones que llevan a cabo las o los tratantes; los medios o mecanismos que utilizan para para someter a la víctima; y el propósito o finalidad que es la explotación, o sea que lo hacen para obtener un beneficio económico o material.
“Por ‘trata de personas’ se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación”, especifica el protocolo.
En México además tenemos la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, publicada en el Diario Oficial de la Federación en 2012, que incluso está por encima del Protocolo de Palermo, nos dijo Teresa Ulloa Ziáurriz, directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC por sus siglas en inglés).
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“En el caso de los jornaleros agrícolas, es un tipo de explotación donde yo he visto que se conjugan varios tipos de explotación, la servidumbre y la exclavitud, pero también la explotación sexual de mujeres, adolescentes y niñas. Y no se está haciendo nada”, nos dijo Ulloa y añadió que existen delitos cometidos por miembros del narcotráfico cuando raptan personas para obligarlas a cultivar droga.
Discriminación y omisión, los obstáculos
A pesar de que existe instancias como la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas, donde se pueden realizar las denuncias; la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos (UEITMPO) que forma parte de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada encargada de perseguir los delitos que rodean la trata de personas, y otros, sus mecanismos no son eficientes, acusó la especialista.
Para empezar, es muy complejo que una persona en situación de trata pueda realizar una denuncia: tendría que escapar primero de sus tratantes para buscar ayuda y poder llegar a las autoridades adecuadas. Si lo llegara a lograr, se topará con la sobrecarga de las instancias encargadas que están rebasadas en personal, presupuesto y falta de interés.
Ulloa Ziáurriz nos explicó que además los rescates han disminuido significativamente, de las 70 personas rescatadas acompañadas por la CATWLAC han pasado a ser menos de 10.
“Podemos ir a revisar desde Fox, Calderón, Peña Nieto (y esta administración) es un tema que ha estado ausente en la agenda”, porque existe una enorme omisión por parte del Estado, falta de presupuesto y prioridad que se suma a un alto grado de discriminación contra las y los jornaleros que impiden trabajar para erradicar estos delitos consierados como delincuencia organizada.
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La negligencia del Estado y la falta de herramientas hacen que combatir la trata de personas, con todos los fines que existen, sea cada vez más complejo para organizaciones como la que dirige Teresa Ulloa.
“Nos ha preocupado lo poquito que hemos podido hacer porque ya habíamos construido una red amplia. Incluso el hogar que teníamos para las víctimas para irlas reincorporando a sus actividades y la reconstrucción de su proyecto de vida lo tuvimos que cerrar, porque sin apoyos ¿cómo?”, lamentó la entrevistada.
Finalmente, Teresa Ulloa resaltó que la trata de personas es un delito que deja graves secuelas físicas, emocionales y mentales en las personas, de las que es muy duro recuperarse y que nunca lo han puesto en el lugar prioritario que le corresponde, como nuestra propia Ley lo exige.
Que no se prevenga, investigue ni sancione hace que crezca el problema. Por otro lado, evidencia el enorme desprecio que tienen nuestros gobiernos por las personas más vulnerables, pobres y por la gente del campo.
