Por Kleber Aranda Miguez
Prensa, crimen organizado e impunidad
El 26 de marzo de 2018 es una fecha indeleble para el periodismo y la libertad de prensa en Ecuador. Ese día, disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), al mando de Walter Arízala, alias Guacho, asesinaron a Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, integrantes de un equipo periodístico del Diario El Comercio.
El secuestro y ejecución de los trabajadores de la comunicación en la selva colombiana se establece como el primer acto terrorista ejecutado por organizaciones narco-delictivas contra periodistas ecuatorianos; posterior a ello vendrán más ataques.
Secuestro y asesinato
Ortega, Rivas y Segarra realizaban cobertura informativa en el cantón San Lorenzo, provincia de Esmeraldas. En esta zona, días antes, integrantes del Frente Oliver Sinisterra colocaron y detonaron explosivos en el cuartel de Policía de esta ciudad fronteriza. Días después, un convoy militar fue atacado con bombas en Mataje, pueblo muy cercano al lugar del primer atentado.
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El 26 de marzo, el periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra arribaron a la entrada del pueblo de Mataje aproximadamente a las 09:00. Ahí se encontraron con un control militar y los uniformados ecuatorianos registraron y advirtieron del peligro a los comunicadores sociales, pero les permitieron el paso.
Según la versión de fuentes anónimas, una vez que llegaron al poblado fueron abordados por un sujeto, platicaron por unos instantes, posteriormente lo siguieron, se embarcaron en una canoa y pasaron al lado colombiano.
El mismo día, aproximadamente a las 17:00, el jefe de Gestión Logística del Distrito de Vigilancia San Lorenzo, Alejandro Zaldumbide, recibió un mensaje de texto del líder del Frente Oliver Sinisterra, conocido con el alias Guacho, en el que informaba que tenía prisioneros a los periodistas y al conductor.
En el mensaje, Guacho plantea exigencias y amenaza con asesinar a los secuestrados.
A partir de ese día inició una larga y tortuosa negociación entre las autoridades del Gobierno de Ecuador y los secuestradores, casi toda la comunicación se realizó a través de mensajes de WhatsApp. Por ese medio Guacho y su gente enviaron fotografías y videos de los periodistas cautivos y encadenados. Guacho demandaba la liberación de miembros de su agrupación detenidos, la eliminación de un acuerdo bilateral contra el narcotráfico firmado entre Ecuador y Colombia, entre otros petitorios.
El 13 de abril, seis días después del último mensaje de alias Guacho, el entonces presidente de Ecuador, Lenin Moreno, confirmó el asesinato.
Cinco años de impunidad
Cinco años después del secuestro y asesinato de los trabajadores del Diario El Comercio no existen respuestas claras sobre lo ocurrido, se desconoce con exactitud los detalles del lugar exacto donde fueron secuestrados, así como las circunstancias de la liberación fallida.
Gracias a la investigación de diferentes colectivos periodísticos fue posible determinar que el gobierno ecuatoriano y Guacho mantenían comunicaciones desde antes del secuestro, pero las autoridades ecuatorianas constantemente se han negado a entregar la información íntegra de las conversaciones. De estos diálogos se determina que Arízala (Guacho) de manera reiterada amenazaba con ataques a civiles pero esta información no fue compartida con los militares ni con el Ministerio del Interior.
Pero en Colombia ya hay dos personas sentenciadas: el 25 de marzo de 2021, un tribunal de Tumaco condenó a 28 años de cárcel a Jesús Vargas Cuajiboy, alias Reinel por el delito de secuestro extorsivo y el 11 de junio de 2021, Gustavo Angulo Arboleda, alias Cherry, fue condenado a 28 años de prisión.
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El 22 de diciembre de 2018, el gobierno de Colombia informó que Walter Arízala, alias Guacho, fue abatido en una operación militar en Nariño. Con la muerte del líder del Frente Oliver Sinisterra también se diluyeron las esperanzas de encontrar respuestas sobre el secuestro y asesinato de Javier, Paúl y Efraín.
Promesas Incumplidas
Entender cómo manejó el Estado el proceso de negociación con los captores cuando se supo del secuestro es la demanda de familiares y amigos de las víctimas, pero la desclasificación de la información sigue siendo una utopía.
La información completa de todo cuanto ocurrió la tiene el Consejo de Seguridad Pública (Cosepe), organismo que se activa cuando el país se encuentra en medio de una emergencia, información que luego de cinco años continúa reservada.
Las familias de las víctimas del secuestro y asesinato de los periodistas han enfrentado obstáculos para acceder a la información relacionada con el caso. Dos gobiernos han incumplido sus promesas de levantar la reserva de la información, y una demanda para acceder a las actas en la Corte Constitucional está estancada. La Fiscalía General tampoco ha avanzado en la investigación.
Las familias consideran que la información desclasificada podría ayudar a establecer la responsabilidad de las autoridades y buscar justicia. Sin embargo, la información se mantiene clasificada como secreta y no se espera que sea desclasificada en al menos 10 años.
Funcionarios del gobierno señalaron que se mantiene en esta categoría debido a que contiene “estrategias de defensa nacional, protocolos y demás, ante posibles amenazas contra el Estado”.
En caso de reserva, la desclasificación puede ocurrir luego de cinco años, 10 años para la información secreta y 15 años para hacer pública la información secretísima.
Galo Ortega, padre de Javier, señala que la desclasificación de las actas permitiría determinar con exactitud la responsabilidad de las entidades y autoridades durante las negociaciones con los captores. Por su parte, Ricardo Rivas, hermano de Paúl, menciona que mantener la información como secreta afecta directamente en las investigaciones del caso, la Fiscalía no avanza porque no posee la información del Cosepe.
Mario Pazmiño, analista internacional en Seguridad y Defensa, señala que hay dos razones para mantener esta información oculta de la ciudadanía: que el gobierno de Lenin Moreno haya tomado decisiones incorrectas o para proteger a funcionarios de alto nivel cuyas conversaciones podrían resultar contraproducentes para su gobierno.
En 2021, ante el bloqueo para acceder a la información, los familiares acudieron a la Corte Constitucional para presentar una demanda conforme lo establece la Ley de Seguridad Pública, los ciudadanos podrán demandar ante la Corte Constitucional la desclasificación de la información “en el evento de que existan graves presunciones de violaciones a los derechos humanos o cometimiento de actos ilegales”. Esta entidad tampoco ha logrado avances importantes.
El legado de Guacho
Periodistas obligados a abandonar el país por amenazas de muerte, atentados con explosivos a las instalaciones de medios de comunicación, ataques con dispositivos electrónicos bomba a periodistas, son algunos de los problemas que diariamente viven los comunicadores sociales en Ecuador.
A partir de 2018, las cifras de ataques a periodistas han ido en incremento constante, el entorno en el que se desarrolla la actividad periodística es cada vez más hostil.
En 2018, según información brindada por la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios), se registraron 144 casos de agresiones contra la libertad de expresión, prensa y acceso a la información. El Estado, a través de sus distintos poderes, se mantuvo como el agresor principal, cometiendo un 36.92% de las agresiones totales. También se contabiliza un porcentaje relevante de vulneraciones por parte de actores desconocidos, el 32.6%, servidores públicos 35.5%, y el crimen organizado con el 4.17%.
En 2019, fueron reportadas 212 agresiones a la prensa, un preocupante incremento de 47% en las violaciones a la libertad de expresión. Los desconocidos fueron agresores en el 14.83% de los casos, la delincuencia común con el 0.48%.
En 2020, se suscitaron 144 ataques a la prensa. Desde el anonimato se produjeron al menos tres ataques que involucran el uso de explosivos. El 31 de mayo se produjo un atentado en las instalaciones de Teleamazonas, en Guayaquil, cuando un taco de dinamita con una mecha de unos 30 centímetros explotó en la puerta del edificio del canal de televisión.
El 8 de febrero, el gerente de VA Televisión, Víctor Aguirre, fue víctima de un atentado con explosivo en su hogar en el cantón Naranjal, provincia del Guayas.
“Aproximadamente a las cuatro de la mañana, desconocidos lanzaron al garaje de mi casa una bomba casera que afortunadamente no explotó, yo he recibido varias amenazas, ya lo había alertado”, dijo.
Entre enero y diciembre de 2021 se dieron un total de 281 agresiones contra periodistas, ciudadanos y medios de comunicación. En comparación al año anterior, se registra un preocupante 34% de incremento.
El periodista Calixto Zambrano, de Eco Fm Manabí, sufrió un atentado en el cantón El Carmen, provincia de Manabí, dos encapuchados le dispararon dos veces, impactando su muslo derecho.
“Días antes del ataque informé sobre denuncias de corrupción en la remodelación de un hospital local, desconozco el motivo del atentado, ahora no estoy seguro de volver a mi profesión”, señaló Calixto.
El 2022 fue un año letal para el periodismo ecuatoriano con 356 agresiones, la cifra más alta desde 2018. El asesinato de los periodistas Mike Cabrera, Gerardo Delgado y César Vivanco, cuyas muertes fueron violentas, se produjeron en circunstancias aún no esclarecidas.
En el caso del asesinato de Gerardo Delgado dos personas fueron detenidas y procesadas como autores materiales; sobre los autores intelectuales las autoridades únicamente determinaron que la orden para cometer el crimen salió desde la cárcel El Turi, en Cuenca.
A estos asesinatos con aplicación de violencia letal, participación de sicarios e incluso con técnicas de tortura, se suman los atentados y amenazas de muerte que han sufrido medios de comunicación y periodistas.
Los atentados contra las instalaciones del canal de televisión RTS en Guayaquil; radio Sono Onda, de Portoviejo; o contra Jaime Cedillo, Sammy Nájera y Jairo Delgado; la extorsión a un medio digital y la distribución de panfletos para alertar de agresiones contra civiles por la circulación de diario Extra en las ciudades de Esmeraldas, Guayaquil, Machala y Cuenca, levantaron aún más las alertas.
Luego del atentado contra su vivienda y vehículo, Jaime Cedillo, mencionó: “cuando se hace periodismo de investigación y se denuncia, pasan estas cosas, no es la primera vez (…) si piensan que me van a amedrentar, se equivocan; seguiré denunciando sin temor a las pillerías de delincuentes”.
Durante el primer trimestre del 2023 se registraron 79 agresiones contra la libertad de expresión, nueve amenazas, ocho atentados, un asesinato, tres asaltos y dos casos de uso abusivo del poder estatal.
En marzo de este año, periodistas de diversos medios de comunicación recibieron sobres con material explosivo escondido en pendrives. Los paquetes tenían como destinatarios a Mauricio Ayora de TC Televisión, Lenin Artieda de Ecuavisa, Milton Pérez de Teleamazonas, Miguel Rivadeneira de radio EXA y Carlos Vera periodista y entrevistador en varios medios. El sobre que llegó a manos de Artieda explotó sin causar daños graves al comunicador.
Preocupación internacional
Organizaciones internacionales han mostrado su preocupación por la creciente ola de violencia contra los periodistas en Ecuador. Un reporte emitido por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) señala que la libertad de expresión en Ecuador se encuentra en peligro.
También exhorta a la comunidad internacional a apoyar públicamente el trabajo de los periodistas ecuatorianos. Asimismo, pide a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión que haga una visita de investigación a Ecuador.
Un informe de la Fundación Periodistas sin Cadenas afirma que el país está enfrentando uno de los peores períodos en la historia de la libertad de prensa. La organización señala que ante el aumento acelerado de la violencia, los periodistas se ven obligados a autocensurarse, apuntan también, que la investigación en el país es cada vez menor.
Impunidad y falta de garantías
El periodismo se ha convertido en una actividad de alto riesgo en Ecuador, el Estado es incapaz de brindar seguridad y en los tribunales los procesos legales duermen el sueño de los justos.
El Consejo de Comunicación, ente regulador de la comunicación en Ecuador, creó el Sistema de Protección a Trabajadores de la Comunicación (Siptrac), un formulario en línea para el registro de quejas o alertas de agresiones. Pero, esta iniciativa está en ciernes por falta de presupuesto, según informó la misma institución.
Otra iniciativa es la articulación interinstitucional entre Defensoría Pública, Defensoría del Pueblo, Consejo de Comunicación y Fiscalía General del Estado. Pero, ya en la realidad, si se registra una agresión o ataque a periodistas, el Consejo de Comunicación únicamente puede solicitar a la Fiscalía que investigue.
En caso de determinar que efectivamente un periodista se encuentra en riesgo, la Fiscalía ofrece al agredido ingresar al Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y Otros Participantes en el Proceso Penal (Spavt), al menos 11 comunicadores sociales ya se habrían acogido.
Los operadores de justicia
Los casos de los periodistas asesinados, agredidos o extorsionados, no es diferente a la de toda la ciudadanía en el país, tras la denuncia, cuando la hacen, los casos reposan por años en los juzgados en espera de una sentencia. En los dos últimos años, de 13,000 denuncias que registra la Fiscalía, apenas 66 se resolvieron con una condena.
En la mayoría de los casos, la justicia ni siquiera llega a determinar quienes son los autores de las amenazas, peor aún a sancionarlos. Un periodista fallecido pasará a engrosar las largas listas de ciudadanos que perdieron la vida, y probablemente quedará en la impunidad, las cifras de casos resueltos son extremadamente bajas, en 2022, de 4,450 casos, apenas 308 fueron resueltos.
En la mayoría de casos los familiares prefieren abandonar los procesos legales por el desgaste emocional y por temor a retaliaciones de grupos delictivos. Por su parte, el Estado y sus instituciones no encuentran el camino para brindar protección y garantizar el ejercicio profesional de los periodistas en Ecuador, tampoco pueden asegurar la aplicación correcta de la justicia en los casos de violencia.
