A finales de enero de 2024, el periodista Tim Golden publicó un reportaje en el medio ProPública donde retoma una investigación que realizaron agentes de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés) sobre un supuesto financiamiento en 2006 del Cártel de Sinaloa a la campaña de Andrés Manuel López Obrador.
La publicación expone que, de acuerdo con las declaraciones de testigos, en aquel proceso electoral en el que el actual presidente perdió en las urnas contra el panista Felipe Calderón, un operador habría recibido $2,000,000 de dólares a cambio de que en un futuro gobierno de López Obrador se toleren las operaciones del cártel.
El caso fue desestimado por falta de pruebas y por la intervención del entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, quien pidió que se cerrara la investigación para no afectar relaciones diplomáticas con México, pero la publicación de esta información reabrió el debate sobre el papel que juega la DEA como agente policial y político en otros países.
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Una de las razones principales por las que la actuación de la DEA provoca tanta suspicacia es que el derecho internacional prohíbe las operaciones clandestinas de agencias de inteligencia que se realicen sin consentimiento en el territorio de un país, sin embargo esto no ha detenido a Estados Unidos de implementar operativos de espionaje en otras naciones, a través de su autoproclamada consigna de ser “la policía del mundo”.
Incluso, en 2014, un artículo publicado en The Intercept realizado por Ryan Devereaux, Glenn Greenwald y Laura Poitras parece demostrar que el gobierno de Estados Unidos ha utilizado durante años a la DEA para compartir información con la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense (NSA, por sus siglas en inglés) espiando a ciudadanos en países extranjeros, aún sin relación al tráfico de drogas.
Caso Venezuela
En 2005, se rompió un acuerdo de colaboración para el combate al narcotráfico entre el gobierno del entonces presidente Hugo Chávez (fallecido en 2013) y la DEA, tras una investigación que inició la Fiscalía venezolana a raíz de una denuncia que hicieron dos ciudadanos -quienes supuestamente eran informantes para la DEA- sobre operaciones ilegales de sus agentes en el país.
En aquel momento, el presidente Chávez acusó a la agencia antinarcóticos de Estados Unidos de usar como fachada la guerra contra las drogas para “apoyar al narcotráfico” en Venezuela y de “hacer inteligencia contra el gobierno”.
“La DEA no es absolutamente necesaria para la lucha en contra del tráfico de drogas”, dijo Chávez en 2005 y añadió que la infiltración de inteligencia que detectaron amenazaba la seguridad nacional y la defensa del país.
En 2019 el medio español El Mundo reveló el contenido de informes de la agencia antidrogas de Estados Unidos que sugerían que la ruptura del gobierno de Hugo Chávez con la DEA se debió a que el gobierno venezolano estaba construyendo un plan para “inundar” a Estados Unidos de cocaína a través de las FARC (las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) como una táctica para desestabilizar al país.
La revelación de estos documentos se dio luego de la detención de Hugo Carvajal, alias El Pollo, ex jefe de la Inteligencia Militar venezolana detenido en España en 2019, quien fue acusado de narcoterrorismo, armas y narcotráfico. Estuvo preso en el Centro Correccional de Brooklyn luego de ser extraditado a Estados Unidos.
Además, en febrero de 2024 la agencia de noticias The Associated Press (AP) obtuvo un informe secreto en el que se detalla una operación encubierta desde 2013 de la DEA llamada Operation Money Badger (operación Tejón del Dinero) que infiltró a operativos en Venezuela para grabar a escondidas y “armar causas por narcotráfico” contra el gobierno de Nicolás Maduro, a pesar de que estas acciones podrían considerarse una violación del derecho internacional.
El informe fue redactado durante la campaña de “máxima presión” que inició el gobierno del ex presidente Donald Trump para quitar del poder al presidente venezolano Nicolás Maduro después de reelegirse en 2018, bajo la premisa de evitar que Venezuela se convirtiera en un “narcoestado”.
México, una y otra vez
Durante el mandato del ex presidente Felipe Calderón, la DEA permitió la venta controlada de armas a traficantes de drogas mexicanos para rastrear su flujo en una operación que se llamó “Rápido y furioso” (2006-2011). Algunas de estas armas -alrededor de 2,500- se perdieron de vista y se utilizaron en crímenes, incluido en el asesinato del agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Brian Terry, en diciembre de 2010.
La investigación que el diario El Universal publicó en 2014 también reveló que los agentes de la DEA, sin autorización del gobierno mexicano, se reunieron con miembros del crimen organizado, como Vicente Zambada Niebla, hijo del fundador del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, para obtener información de grupos criminales rivales, en una estrategia de “divide y vencerás” que resultó en un incremento de la violencia por parte del crimen organizado en México.
Esto evidenció cómo altos mandos de la agencia antidrogas de Estados Unidos como David Gaddis, entonces director regional de la DEA con sede en la Ciudad de México, permitió con acuerdos por escrito que los narcotraficantes con quienes se aliaron pudieran seguir trabajando sin obstáculos en el país, con la promesa de no ser perseguidos por la autoridad estadounidense.
En junio de 2012, tras el escándalo y las tensiones entre México y Estados Unidos que se desataron por el conocimiento de esta operación encubierta de la DEA en nuestro país, el ex presidente Barack Obama utilizó el llamado “privilegio ejecutivo” para no entregar a la comisión de la Cámara de Representantes de su país los documentos que avalaron este operativo que incluso permitió el ingreso a México de componentes para la fabricación de granadas de detonación.
Ligada a este caso está la captura de Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, presentado como el rostro de la guerra contra las drogas iniciada por Calderón durante su mandato. García Luna fue detenido en 2019, y declarado culpable por narcotráfico por beneficiarse con millones de dólares del Cártel de Sinaloa por lo que podría purgar una condena de 20 años a cadena perpetua en Estados Unidos.
Pero también tenemos el caso de la detención en 2020 del general Salvador Cienfuegos Zepeda, quien fue el secretario de la Defensa Nacional (Sedena) durante el gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto, investigado por la DEA desde 2015 por presuntos tratos corruptos con un grupo de narcotraficantes de Nayarit y acusado en secreto por un tribunal de Brooklyn, Estados Unidos, por conspirar para traficar a Estados Unidos drogas ilegales: cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana.
Sin embargo, dos semanas después de haber sido detenido en un aeropuerto de Los Angeles, California, y tras una férrea presión del gobierno mexicano encabezada por Andrés Manuel López Obrador, el procurador general de Estados Unidos, William P. Barr, informó a Marcelo Ebrard, entonces secretario de Relaciones Exteriores, que retiraría los cargos y Cienfuegos fue enviado de regreso a México.
López Obrador acusó que la DEA había “fabricado” los cargos contra Cienfuegos y en consecuencia se impusieron nuevas restricciones a la capacidad de los agentes estadounidenses para operar en México. El gobierno mexicano exoneró de los cargos al ex titular de la Sedena, tras una evidente negociación con la autoridades estadounidenses, y el presidente mexicano lo condecoró con la presea “Bicentenario del Heroico Colegio Militar” en octubre de 2023.
Bolivia
El gobierno del ex presidente boliviano Evo Morales también acusó a la DEA de utilizar la guerra contra el narcotráfico como excusa para infiltrarse en asuntos de soberanía nacional, interferir en asuntos políticos internos y de alentar una subversión en regiones controladas por la oposición derechista.
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En 2008, el embajador estadounidense Philip Goldberg fue expulsado del país señalado de conspirar contra el gobierno de Morales y tras su salida, se rompió la colaboración con la DEA y la expulsó del país.
“Todo por la dignidad de los bolivianos, el año pasado decidimos ‘fuera DEA’ y no me arrepiento”, dijo el ex mandatario en 2009. Más de una década después, el gobierno boliviano sigue negando el regreso de la agencia antinarcóticos de Estados Unidos a su territorio.
Honduras, 2012
La DEA participó en 2012 en la Operación Anvil, un programa piloto de 90 días que buscaba combatir el narcotráfico en Honduras junto al equipo FAST (Foreign-Deployed Advisory Support Team), un grupo táctico entrenado militarmente para combatir a traficantes vinculados con talibanes en Afganistán y de oficiales del comité de respuesta táctica de la Policía Nacional de Honduras que pretendían irrumpir el transporte aéreo de droga.
En mayo de 2012, fuerzas hondureñas respaldadas por los Estados Unidos participaron en un tiroteo que generó críticas sobre el papel de la DEA y las fuerzas estadounidenses en operaciones conjuntas en la región.
Un hombre, dos mujeres y un adolescente de 14 años murieron en el incidente, y tres más resultaron heridos luego de que agentes que participaban en el operativo abrieron fuego desde helicópteros contra un ferry de pasajeros que chocó contra una balsa donde se transportaba cocaína decomisada en el río Patuca en la región de Ahuas.
Portavoces de la DEA y del Departamento de Estado sostuvieron que el uso de la fuerza letal fue justificada, pero no se ha encontrado evidencia de que las víctimas o los pasajeros del ferry estuvieran armados ya que ni los helicópteros, la balsa o los agentes recibieron una sola bala.
La misma DEA había dicho de la existencia de un video que respaldaría su versión -que sostiene que fueron atacados por los civiles en el ferry de pasajeros-, pero la difusión del video en 2017, lejos de apoyar la explicación de un fuego cruzado, puso en evidencia la falsedad de las declaraciones de los participantes que llevó a serias críticas en el Congreso de Estados Unidos y hasta el desmantelamiento del equipo especial FAST.
Estos son solo algunos ejemplos de actuaciones cuestionables que la agencia antinarcóticos ha tenido en países extranjeros, donde muchas veces responde más a intereses políticos que a su misión de combatir el tráfico ilegal de sustancias que, si bien es cierto que es una tarea apremiante para muchas regiones, también es una buena excusa para que Estados Unidos pueda instalar grupos de inteligencia en puntos clave.
