El lunes 19 de diciembre de 2022, el gobierno de Irán ahorcó públicamente a Majidreza Rahnavard, el segundo hombre condenado por participar en las protestas en defensa de los derechos de las mujeres del país islámico tras la muerte de la joven Mahsa Amini, quien murió luego de que fuera detenida por la “policía moral” debido a que incumplió las reglas de vestimenta, como te contamos en esta nota.
La organización defensora de los derechos humanos Amnistía Internacional ha afirmado que las autoridades iraníes están solicitando la pena de muerte para al menos 21 personas en lo que ha calificado de “juicios farsa concebidos para intimidar a quienes participan en el levantamiento popular que ha sacudido Irán”, entre ellas el futbolista de 26 años Amir Nasr-Azadani, condenado por “enemistad contra Dios”.
Organismos internacionales se han pronunciado en contra de esta pena capital, entre ellos Humans Right Watch y la Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales que han pedido a las autoridades iraníes que retiren la condena en contra de Amir Nasr-Azadani.
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Además también desde la Unión Europea y el gobierno de Estados Unidos acusaron que las personas condenadas fueron sometidas a juicios falsos y que las duras sentencias, así como las ejecuciones públicas tienen el objetivo de intimidar a la población iraníe para que desista de sus exigencias.
Presidente iraní promete seguir con represión de manifestantes
El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, prometió seguir adelante con las medidas de seguridad un día después de la ejecución pública de Mohsen Shekari, la primera a causa de las detenciones por las protestas en el país.
Shekari fue condenado por herir con un cuchillo a un guardia de seguridad y bloquear una calle en Teherán, la primera ejecución de este tipo tras miles de detenciones por los disturbios, lo que provocó un coro de condenas occidentales.
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“La identificación, el juicio y el castigo de los autores del martirio (asesinato) de las fuerzas de seguridad se llevarán a cabo con determinación”, declaró Raisi.
Por su parte, Amnistía Internacional se declaró en contra de la velocidad e imprecisión con la que se están realizando los juicios que llevan a las ejecuciones de las y los manifestantes.
“Ante el brutal cumplimiento de las autoridades iraníes de sus amenazas públicas de acelerar las causas de pena de muerte y llevar a cabo las ejecuciones con rapidez, tememos que otras personas manifestantes condenadas a muerte o acusadas de delitos punibles con esa pena corran el peligro inminente de ser ejecutadas, manifestó Diana Eltahawy, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.
La represión de las protestas en Irán ha llevado a la detención de alrededor de 18,200 personas y dejado al menos 488 muertos, de acuerdo con la organización defensora de derechos humanos Human Rights Activists in Iran.
Además, Amnistía Internacional ha identificado al menos a 12 personas condenadas a muerte: Sahand Nourmohammad-Zadeh, Mahan Sedarat Madani, Manouchehr Mehman Navaz, Mohammad Boroughani, Mohammad Ghobadlou, Saman Seydi, Hamid Ghare Hasanlou, Akbar Ghafarri y otras cuatro personas de apellido Alborz y nombre desconocido.
Y también a seis personas que han sido acusadas de delitos que acarrean la pena de muerte o están en proceso de juicio: Abolfazl Mehri Hossein Hajilou, Mohsen Rezazadeh Gharegholou, Saeed Shirazi, Ebrahim Rahimi, Majidreza Rahnavard y Toomaj Salehi.
Las protestas y la represión en Irán están escalando rápidamente y no parece haber pronunciamiento o sanción que persuada a su gobierno para detener las ejecuciones. ¿Hasta dónde llegarán estas violaciones a los derechos humanos de las y los iraníes?
