La Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE) informó que a partir del 20 de abril de 2024 se requerirá visa a los ciudadanos peruanos que intenten ingresar a México con fines de turismo o negocios. En respuesta, el gobierno de Perú publicó un Decreto Supremo para actuar con reciprocidad y pedirle visa a las y los mexicanos que quieran ingresar a su país.
Algunos días después, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú comunicó la decisión de echar para atrás esta medida, luego de haber escuchado al sector del turismo peruano y para “honrar nuestro compromiso con los principios de la Alianza del Pacífico, los cuales proclaman la libre movilidad de personas entre sus Estados miembros”, según indica el documento.
Los motivos detrás del visado de México a las y los ciudadanos peruanos responden a “un incremento sustancial de nacionales peruanos que ingresan al territorio nacional al amparo de la decisión antes señalada (eliminación de visa) con la finalidad de realizar actividades distintas a las permitidas por la condición de estancia de visitante”, según señaló la cancillería mexicana.
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Lo anterior significa que el libre tránsito y la entrada sin visa de las personas de Perú a México está permitido solamente para quien venga de visita o turismo sin participar en actividades remuneradas, es decir que no pueden trabajar en el país.
Pero la SRE informó que un número importante de personas de Perú que entran a México presentan inconsistencias en su documentación e información y que hay un incremento en perfiles no se ajustan al de turista, por lo que consideró que existe una alta probabilidad de que la eliminación de la visa pueda estar siendo utilizada de manera indebida.
Tensiones diplomáticas
Este suceso es un reflejo de la compleja relación que existe entre los gobiernos de Dina Boluarte y de Andrés Manuel López Obrador que se remonta al 2022, cuando el ex presidente peruano Pedro Castillo intentó disolver el Congreso y declarar un Estado de excepción, como te contamos en esta nota.
Aunque la Fiscalía de Perú solicitó 34 años de cárcel para Castillo por los delitos de rebelión, abuso de autoridad, grave perturbación a la tranquilidad pública y está sometido a dos medidas de prisión preventiva desde que fue detenido el 7 de diciembre de 2022, el presidente López Obrador nunca le negó su simpatía ni apoyo.
De hecho, el gobierno de México concedió asilo político a la familia de Pedro Castillo tras su detención, por lo que el gobierno del Perú declaró persona non grata al embajador de México, Pablo Monroy Conesa, y le dio 72 horas para que abandonara el país, una medida que se toma solo en casos extremos.
En un comunicado en conjunto los gobiernos de México, Argentina, Bolivia y Colombia dijeron que el ex presidente Castillo había sufrido “hostigamiento” político desde su llegada al poder en julio de 2021 y pidieron su restitución. En 2023 tanto el presidente colombiano Gustavo Petro, como el mandatario mexicano fueron declarados personas non gratas en Perú por su apoyo a Castillo.
Un problema de ideologías
“La política exterior de México está en el momento más oscuro de nuestra historia. Es una política exterior de reciprocidad selectiva, que obedece a los intereses del presidente de la República”, nos dijo Arlene Ramírez Uresti, doctora en Relaciones Internacionales y académica de la Universidad Iberoamericana.
La especialista nos explicó que la influencia del presidente en el manejo de las relaciones con otros países es en sí misma un sinsentido, porque la política exterior tiene como objetivo representar el interés nacional en el exterior para potenciar el desarrollo interno de un país.
“La visión que se ha tenido de que la política interna es la mejor política exterior es solamente una retórica para justificar el intervencionismo, la injerencia, esa política exterior a modo que, de alguna forma, servía a un propósito, y eso no hay que perderlo de vista”, acusó Ramírez Uresti.
“Desde el inicio del periodo presidencial, Andrés Manuel López Obrador dijo abiertamente que él buscaba conformar un bloque latinoamericano de izquierda, cambiar el equilibrio de poder y las fuerzas políticas en América Latina para reivindicar a la izquierda”, agregó.
La académica resaltó que durante este sexenio México ha ignorado los principios de la Doctrina Estrada que se elevaron a rango constitucional de manera oficial el 11 de mayo de 1988 y que sostiene el principio de que ningún Estado o gobierno requiere del reconocimiento de otras naciones para proclamar su soberanía
Esta Doctrina -publicada oficialmente el 27 de septiembre de 1930 y creada por el ex ministro de Relaciones Exteriores, Genaro Estrada Félix– resulta de gran relevancia para la historia nacional y mundial porque confirma también los derechos a la no intervención y a la autodeterminación de los pueblos.
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Arlene Ramírez detalló que las decisiones en materia de política exterior que beneficien más a los objetivos ideológicos de un presidente que a los intereses de una nación no traerá beneficios comerciales o de cooperación, y genera que se pierdan vínculos importantes.
“Con Perú se lastimó mucho la relación a partir del tema del ex presidente Pedro Castillo cuando México le dio asilo político a su familia y que nuevamente pasa por la soberanía del país, descalificando, igual que en Ecuador, la forma en la que los actuales gobiernos llegan y los contextos prácticamente acusatorios en los que el presidente tiene una narrativa completamente diferente”, recapituló la internacionalista.
También acusó que éste mismo juicio no se aplica en otros casos cuando el presidente López Obrador decide omitir las acciones de países gobernados por personas con las que coincide, así sean señalados internacionalmente de dictadores y autoritarios como Nicolás Maduro en Venezuela, Daniel Ortega en Nicaragua, o Miguel Díaz-Canel en Cuba. “El criterio aplicado tendría que ser el mismo y no es así”, finalizó la especialista.
¿Podremos reconstruir nuestra política exterior en el siguiente sexenio, o no veremos cambios?
