El amparo se ha convertido en un recurso muy utilizado en los primeros años de este sexenio por empresas que buscan protegerse de las nuevas medidas que el actual gobierno ha tomado en distintos sectores, pero ¿qué es y por qué causa tanto escándalo su uso?
Un amparo es un mecanismo para defender a un individuo o empresa contra las acciones que ejerza el gobierno y que representen un riesgo para sus derechos, patrimonio o libertades.
De acuerdo con Alma Cossette Guadarrama, catedrática e investigadora de la UNAM y de la Universidad La Salle, cualquier persona física o moral puede tramitarlo.
El primer paso, nos dijo la doctora en Derecho, es dirigirse al ministerio público, con el fin de que se abra una carpeta de investigación del caso. Pero, los ministerios públicos no otorgan amparos, solo se dedican a abrir los casos.
Luego la interesada o interesado será dirigido a los tribunales indicados, que es donde se presentan las pruebas.
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Para demostrar que el daño es real, se tienen que presentar pruebas. La afectación tiene que ser real y tangible.
“Tenemos que hablar de justificar el interés que se tiene en atacar ese acto de autoridad o esa ley. Si hablamos de leyes, hablamos de que tenemos que hacer una distinción de leyes autoaplicativas y leyes heteroaplicativas”, nos dijo Arturo Luis Cossío Zazueta, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM.
De acuerdo con el abogado, las leyes autoaplicativas son las que con solo entrar en vigor ya te causan daño o perjuicio. En esos casos, el experto recomienda a la ciudadanía ubicar que uno es destinatario de esa ley y que afecta el interés jurídico propio.
“¿Por qué?, porque afecta mi esfera de derechos adquiridos, entonces, lo que tengo que hacer no es justificarle a la autoridad, sino simplemente entregar una manifestación -de que se están afectando nuestros derechos-”, detalló Cossío.
Las leyes autoaplicativas, o que solo con existir perjudican a alguien, son susceptibles de ser impugnadas.
Las heteroaplicativas, explica Cossío, son las que requieren de un acto de aplicación. El caso más común es el de las multas, en las que esa ley tiene que ser aplicada directamente a la ciudadanía.
“Si se te va a poner una multa, evidentemente puedo justificar la vía del amparo. Independientemente de que puedan justificar o no que estuvo bien imponer esa penalización o no”, detalla el abogado.
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Interés legítimo
Los amparos también pueden ser aplicados por interés legítimo. Cossío Zazueta nos explicó que cuando no afecta un derecho propio, directamente, pero que el acto de autoridad -ley o disposición-, afecta a los intereses generales de una comunidad o un país, que puede afectar indirectamente el bienestar de la ciudadanía, se puede tramitar “por cuestiones que se persiguen de oficio”.
“Yo no soy la víctima directa, pero sí siendo un delito de oficio, afecta a la sociedad”, detalla el abogado.
De acuerdo con Alma Cosette, construir un amparo es complicado, debido a que implica buscar y citar leyes de manera exacta, ya que se quiere demostrar un daño cometido por las autoridades.
Finalmente, Cossette afirmó que todos podemos acceder a un amparo, pero siempre será necesaria la ayuda de un abogado, pues solo un profesional puede encontrar e interpretar todas las leyes que podrían ayudar a que la ciudadanía y las empresas se protejan ante injusticias o arbitrariedades del gobierno.
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