Con 466 votos a favor, uno en contra y 27 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó las modificaciones a la ley electoral para reducir de 50 a 25% sobre sus prerrogativas, el monto máximo que el Instituto Nacional Electoral (INE) podrá cobrar a los partidos políticos derivado de sanciones, multas o descuentos por infracciones electorales.
Las y los diputados aprobaron en lo general y en lo particular el dictamen que reforma y adiciona los artículos 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y el 23 de la Ley General de Partidos Políticos, en materia de disminución de montos por infracciones.
El responsable de la propuesta aprobada el 11 de octubre de 2022 es el morenista Sergio Gutiérrez Luna, quien expuso en la tribuna que “la intención es modificar el tope de reducción de las ministraciones mensuales que se hace a los partidos políticos para que, en lugar de que el tope sea de 50%, pase a 25%, con la excepción de las cuestiones de género; no es una reforma retroactiva, sino a futuro”.
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Lo bueno y malo de las multas
De acuerdo con Marco Leopoldo Arellano, experto en temas electorales y académico de la UNAM, las multas cumplen con una doble función, la primera es fiscalizar el gasto de los partidos políticos y sus candidatos.
Y segundo, se busca que todos cumplan las reglas y haya piso parejo entre los partidos pequeños y los más grandes.
“Si bien el sistema de fiscalización del INE para multar y sancionar a los partidos ha ayudado a que éstos se sientan más obligados a transparentar y no exceder sus recursos, no ha garantizado que los partidos dejen de cometer faltas a la ley”, nos dijo anteriormente Leopoldo Arellano en esta nota.
De acuerdo con El Economista, de enero a octubre de 2022, el INE ha deducido cerca de $397,680,511 pesos a los siete partidos políticos con presencia nacional, principalmente al PT ($123,406,761 pesos); PRD ($120,541,658 pesos) y Morena ($103,476,047 pesos).
Durante la sesión en la Cámara de Diputados, las y los legisladores coincidieron en que si un partido político no cuenta con los recursos suficientes para el sostenimiento de sus actividades ordinarias “su estructura y organizacional” está en riesgo.
El documento aprobado añade que las autoridades electorales tendrán un plazo de 30 días para adecuar la normatividad correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el decreto, sin que sea condición para la aplicación y cumplimiento inmediato de las disposiciones establecidas en el documento.
Añade que las sanciones por infracciones tienen una función de reparación del daño como incentivo para detener la repetición de prácticas que dañan la competencia equitativa y mantener una conducta de cumplimiento institucional; pero deben existir límites claros a los montos que pueden ser deducidos al financiamiento público, a fin de no afectar las actividades de los partidos y, como resultado, generar repercusiones negativas en la competencia electoral.
Los partidos políticos, se lee en el documento, son entidades de interés público, por lo que las sanciones no deben ser desproporcionadas; evidentemente, a mayor daño causado por incumplimiento de sus funciones, la sanción se incrementa.
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Se debe procurar que una multa desactive, desincentive o remedie conductas de incumplimiento, de acuerdo con la gravedad de los hechos y su afectación; no obstante, se debe proteger que no se generen condiciones financieras desfavorables o adversas a la competencia electoral entre los partidos políticos.
El dictamen aprobado por las y los diputados será enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
